Plan Qunita: la OA pidió ser querellante

Elevó un escrito a Bonadio y pidió investigar a 14 ex funcionarios
Alan Soria Guadalupe
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19 de abril de 2016  

La Oficina Anticorrupción (OA) pidió ser querellante en la causa en la que se investigan irregularidades en las licitaciones del plan Qunita, por las que ya están procesados el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y el entonces ministro de Salud y hoy gobernador de Tucumán Juan Manzur.

A través de un escrito al que tuvo acceso LA NACION, el ente que dirige Laura Alonso se presentó el 4 de abril en el juzgado del juez federal Claudio Bonadio para denunciar en detalle los sobreprecios y que la acción delictiva en la licitación -adjudicada a seis sociedades- recae sobre el diseño del pliego "a medida" para esas empresas.

Además, indica el texto, "las empresas en su mayoría no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados (...) y presentaban un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación".

Según indicaron desde el organismo a LA NACION, aún no se recibió ninguna notificación judicial sobre si se aceptó la solicitud.

La OA planteó que la partida de 1.097.259.250 pesos que autorizó Aníbal Fernández al adjudicar la licitación era un monto muy superior para los 150.000 kits que integrarían el plan y que, según el "valor de referencia" inicial que propuso la Sigen, los paquetes rondaban los $ 4096,37. Según la OA, luego de ver ese precio referencial, el gobierno kirchnerista le pidió a la Sigen un "valor indicativo de mercado" -que fue de $ 6604,37- para que ese valor estuviera más cerca de los precios "excesivos e injustificados" finalmente aceptados.

La adjudicación se dio por entre $ 7690 y $ 7850 por cada kit, lo que en total sumaba $ 902.750.000, casi $ 200 millones menos que lo autorizado. Y lo que es más, al momento de pago y entrega de esos kits, denunció el organismo, los paquetes no cumplían los requisitos de contratación por haber faltante de productos acordados. Por ello, la OA brindó una lista de 14 funcionarios de la vieja administración para que se los investigue por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, administración fraudulenta, abuso de autoridad y estafa agravada.

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