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Por qué el kirchnerismo se opone a la conformación de la comisión de Trabajo
El bloque que conduce José Mayans cuestionó la integración del cuerpo clave para analizar la reforma laboral; denunció subrepresentación y anticipó una judicialización del proceso
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LA NACION
El kirchnerismo se opuso este miércoles a la conformación de la Comisión de Trabajo del Senado con el argumento de que su integración es irregular, pero con un objetivo político de fondo: rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Así lo dejó expuesto el interbloque Popular, que impugnó la composición del cuerpo clave para el debate del proyecto y advirtió que llevará la decisión a la Justicia.
La resistencia se formalizó durante la reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo, que quedó bajo la presidencia de Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta.
Allí, el senador José Mayans, titular del interbloque kirchnerista, cuestionó la legalidad del procedimiento y denunció un “atropello institucional” avalado por el oficialismo y el resto de los bloques.
La Comisión de Trabajo es cabecera del tratamiento de la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo al Senado, una iniciativa que propone modificaciones al régimen laboral vigente y que el oficialismo busca comenzar a debatir en comisión para acelerar su trámite parlamentario.
El proyecto ya fue remitido a la Cámara alta y, además de la Comisión de Trabajo, también deberá ser analizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dado su impacto económico y fiscal.
Desde el kirchnerismo consideran que, bajo la actual conformación de las comisiones, el oficialismo tendría condiciones para avanzar sin consenso sobre una reforma que —sostienen— afecta derechos laborales.
“Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”, advirtió Mayans durante la reunión.
Cuestionamientos reglamentarios
En el plano formal, desde la oposición argumentan que la conformación de la Comisión de Trabajo es ilegal porque fue definida por los jefes de bloque sin el aval del pleno del Senado, como exige el artículo 14 del reglamento.
Mayans sostuvo que la integración de las comisiones debe ser tratada por el cuerpo o, al menos, contar con facultades delegadas expresamente, algo que —según afirmó— no ocurrió.
En ese sentido, también cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, al señalar que no contaba con atribuciones delegadas para avanzar con el esquema aprobado.
El principal motivo del enojo kirchnerista reside también en la distribución de los lugares en las comisiones.
La bancada ahora denominada Popular fue limitada a cinco representantes tanto en las comisiones de 17 como en las de 19 miembros, pese a contar con 28 senadores, lo que equivale a cerca del 39% del total de la Cámara alta.
Según Mayans, esa proporción les permitiría ocupar siete lugares en cada comisión, por lo que consideró que el bloque quedó subrepresentado. Además, cuestionó la vigencia de la resolución aprobada en diciembre de 2023, al sostener que quedó sin efecto tras el recambio de un tercio del Senado el 10 de diciembre pasado.
“Vienen con un atropello basado en una resolución de bloques que no existen, de senadores que no existen”, sentenció.
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