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Presupuesto 2026: el Gobierno impuso su dictamen con la derogación del financiamiento a la discapacidad y las universidades
El oficialismo dejó el proyecto en condiciones de ser aprobado mañana en Diputados, con el acompañamiento de Pro, la UCR y el MID, y el respaldo de los gobernadores de Catamarca, Salta, Misiones, Tucumán y San Juan; avanzó la prohibición del déficit
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El Gobierno logró imponer su dictamen del presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado mañana en el recinto de la Cámara de Diputados, en una sesión ya convocada por el oficialismo. La Libertad Avanza consiguió el respaldo necesario con el acompañamiento −en disidencia− del interbloque Pro-UCR y de gobernadores aliados.
Al recinto llevará otros dos dictámenes también prioritarios para el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que propone incentivar el uso de los dólares atesorados sin declarar -conocido como ley de “inocencia fiscal”- y el que castiga con penas de prisión a los gobiernos que aprueben y ejecuten presupuestos con déficit fiscal. Este último recibió duras críticas opositoras por inconstitucional.
La sesión, que se prevé maratónica, arrancará con la discusión del presupuesto 2026. La Comisión de Presupuesto despachó tres dictámenes: uno de mayoría, impulsado por el oficialismo, y dos de minoría, presentados por Provincias Unidas y por Unión por la Patria.
El texto oficial, que reunió 28 firmas y seis disidencias, incorporó a último momento un cambio sustancial: sumó el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario. Se trata de leyes cuyo cumplimiento la oposición −incluidos aliados del Gobierno− venía reclamando.
Ambas normas, junto con la emergencia pediátrica conocida como Ley Garrahan, habían sido “suspendidas” por el Poder Ejecutivo al momento de su promulgación. Esto es, no las aplicó. Esa decisión generó un amplio rechazo parlamentario y fue calificada como inconstitucional por distintos bloques que habían votado e insistido esas leyes con mayorías agravadas.
La discusión de este mediodía estuvo conducida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch −a cargo de la Comisión de Presupuesto− mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, realizó una defensa sintética del proyecto. Sostuvo que el presupuesto enviado por Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal y permite dar previsibilidad sobre qué se va a gastar, cómo y con qué recursos. Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque libertario, fue una de las encargadas de reunir las últimas firmas.
El dictamen oficial obtuvo el respaldo de Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal −donde están representados los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones)−; el bloque Elijo Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Producción y Trabajo, del sanjuanino Marcelo Orrego, y el espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo.
Salvo Pro y algunos sectores de la UCR, la mayoría de los bloques habían votado, insistido y reclamado el cumplimiento de las leyes que se busca derogar. Esa tensión quedó explicitada en la disidencia parcial con la que acompañaron al dictamen oficial y podría volver a emerger en la votación en particular en el recinto.
Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó con dureza la incorporación del artículo que elimina esas normas y cruzó a los diputados que ayudaron al oficialismo. Advirtió sobre una falta de respeto institucional y de apego al republicanismo, y pidió que quienes acompañen el presupuesto en general sostengan en particular el financiamiento de la discapacidad y las universidades.
“Hay plata para que la compraventa de inmuebles no tribute más impuestos pero no hay para la discapacidad”, sintetizó Nicolás Massot, cerebro del dictamen de Provincias Unidas.
La Casa Rosada les entregó un incentivo concreto a las provincias para respaldar el proyecto oficial: aceleró el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los giros alcanzaron los $43.000 millones y beneficiaron a Tucumán, Misiones y Chaco. Ayer, además, envió la reforma de la Ley de Glaciares, un viejo anhelo de mandatarios cordilleranos para destrabar inversiones millonarias en sus territorios.
La disidencia de Pro, en tanto, incluyó un reclamo específico por la deuda que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño exige el pago de $274.000 millones y que el Presupuesto 2026 incorpore una cláusula que garantice la transferencia semanal del 1,55% de la masa coparticipable, tal como se acordó tras un fallo favorable de la Corte Suprema.
El dictamen de minoría de Unión por la Patria fue presentado por su jefe de bloque, Germán Martínez, quien detalló una propuesta alternativa centrada en garantizar el financiamiento universitario, la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y los fondos para la emergencia pediátrica. El proyecto opositor también contempla la continuidad del régimen de zonas frías, la automaticidad de las asignaciones familiares, la recomposición de ingresos jubilatorios afectados por el cambio de fórmula y la actualización del bono previsional.
Además, propone recuperar el Fondo de Incentivo Docente y el fondo compensador salarial, garantizar paritarias docentes y no docentes, fortalecer el sistema de becas y priorizar carreras estratégicas. Incluye partidas para obras paralizadas, proyectos de infraestructura como el canal Magdalena y el puente Chaco-Corrientes, la restitución de fondos a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, una mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles líquidos, una distribución más previsible de los ATN, incentivos a las energías renovables y financiamiento para el ENARD.
Julia Strada, de UP, hizo un repaso de todos los recortes del Gobierno con respecto al último presupuesto, el de 2023, y terminó con una chicana. “Hay algo que aumentaron: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) creció un 19%. Un aplauso para la SIDE que se llevó el único aumento del presupuesto”.
Otros puntos del proyecto
El proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo prevé un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026. O sea, más bajo que el valor actual, pese al esquema existente y el que anunció el Gobierno para 2026, que aumentará la devaluación de la divisa norteamericana.
Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones. En materia fiscal, el Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero −una vez pagados los intereses de la deuda− del 0,2% del PBI.
Estas proyecciones difieren de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que para 2026 prevé un crecimiento del 4% y una inflación anual del 16,4% para la Argentina.
El dictamen incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026. El objetivo es compensar picos de demanda que no puedan ser cubiertos por la producción local, especialmente para garantizar el abastecimiento del sistema de generación eléctrica.
El texto mantiene, además, la derogación de las metas de financiamiento mínimo para las áreas de educación, ciencia y defensa.
También introduce cambios en el artículo referido a la compensación a las distribuidoras: donde antes se establecía que la autoridad de aplicación “determinará las diferencias de ingresos”, ahora se indica que “podrá determinar” esas diferencias, lo que flexibiliza la obligación del Estado.
Por último, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención de tributos para la energía renovable.
Regla Fiscal e Inocencia fiscal
El Gobierno también dictaminó sobre el proyecto que impone una regla fiscal y prohíbe el déficit. Se alzó con el despacho de mayoría, con 28 firmas y cuatro disidencias.
La propuesta incluye la obligatoriedad de un presupuesto equilibrado o superavitario. Además, el proyecto incorpora modificaciones al Código Penal para sancionar a funcionarios públicos que autoricen gastos sin recursos o que promuevan la emisión monetaria irregular.
Los libertarios también se alzaron con el dictamen del proyecto que establece como principio la inocencia fiscal de los contribuyentes a partir de un cambio de paradigma: se los considera inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. De este modo, se invierte la lógica histórica basada en la presunción de evasión.
En función de ello, el proyecto dispone tres ejes: propone un fuerte aumento de los umbrales para que las personas sean investigadas por el fisco por los delitos de evasión fiscal simple y agravada; se acorta de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias (para limitar el tiempo en que el Estado puede revisar períodos fiscales anteriores) y se establece un régimen simplificado de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias.
Este último punto es clave para incentivar el uso de los “ahorros en el colchón”. Actualmente, el impuesto a las Ganancias requiere que los contribuyentes justifiquen la variación de su patrimonio año a año. Si el consumo declarado más la variación de bienes supera las rentas declaradas, ARCA presume ganancias no declaradas.
Con este nuevo esquema, el contribuyente ya no tendría que demostrar mes a mes las variaciones de su consumo. Si sus bienes al cierre del año son compatibles con sus ingresos declarados, el detalle del consumo deja de ser un factor de fiscalización. Esto incentivaría el uso del dinero no declarado.
