Proyecto por proyecto, el impacto fiscal de las leyes que la oposición impulsará en Diputados
El aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad insumen el mayor costo, aunque la oposición insiste en que el equilibrio fiscal no se verá alterado
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LA NACIONLaura Serra
El impacto fiscal que tendrán las iniciativas que se debatirán este miércoles en la Cámara de Diputados y el riesgo de que alteren el equilibrio fiscal serán los argumentos que oficialistas y aliados agitarán durante la sesión en un último y agónico esfuerzo por frenar la ofensiva opositora.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si la oposición consigue insistir en la ley que vetó el presidente Javier Milei que dispone, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra se eleva a 0,78 punto del PBI.
Además, agrega la OPC, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Si bien este esquema no tiene efecto económico, tiene efecto financiero cuyo costo, según la OPC, será de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI.
En el texto de la ley, la oposición consignó distintas fuentes de financiamiento para costear estas medidas aunque, de acuerdo a las estimaciones de la OPC, no resultan suficientes y solo alcanzan el 0,39% del PBI. No obstante, los opositores insistirán en que el costo fiscal se verá parcialmente compensado con el poder de compra que recuperarán los jubilados y pensionados con la nueva ley: según la OPC, quienes perciban el haber mínimo mejorarán su poder de compra en un 16% mientras que el resto de la escala se beneficiará en un 11%.
Discapacidad
La ley que propone declarar la emergencia por discapacidad hasta 2026 –prorrogable por un año más– también fue vetada por el presidente Milei con el argumento de su elevado impacto fiscal. Según la OPC, el costo total de las medidas se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).
Este número es variable porque la norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que eleva el costo de la medida. “Se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI)”, indica la OPC.
Además, la norma establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI). Empero, se dispone además una actualización mensual de los aranceles, cuyo impacto fiscal es difícil de estimar, advierte la OPC.
ATN y combustibles
Además de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo, en la sesión se debatirán dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y que ya tienen media sanción del Senado. Se trata del proyecto para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que establece un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambos implicarían transferencias automáticas, de libre disponibilidad y con impacto directo en las cuentas provinciales.
En efecto, si la oposición consigue convertir la iniciativa en ley, los ATN pasarían a distribuirse casi íntegramente de manera automática, con una ganancia neta frente al reparto discrecional actual. Por el impuesto a los combustibles, las provincias pasarían de recibir el 25,5% al 57% de la recaudación. La Fundación Mediterránea estimó en un informe que si ambas reformas hubieran regido en 2024, el gasto provincial podría haber aumentado hasta un 1,5%, y el costo para la Nación habría representado el 60% de su superávit financiero.
Otra ley que la oposición intentará rescatar del veto presidencial es la que procura fondos de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca y la localidad de Coronel Rosales, afectadas por un fuerte temporal en marzo pasado. La norma habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de esa ciudad bonaerense y subsidios para los afectados por un total de $200.000 millones.
En junio pasado, el presidente Milei vetó totalmente la ley con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento para costear el fondo de emergencia. En su última sesión el Senado rechazó el veto e insistió en la ley, por lo que si la Cámara de Diputados sigue este mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre dejar sin efecto un veto presidencial en lo que va de la gestión libertaria.
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