Qué dice el fallo por el que procesaron al jefe de seguridad de Nordelta

La Justicia federal procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por su presunta intervención en la fuga del empresario Jonathan Kovalivker durante un operativo policial. La decisión judicial se fundamenta en pruebas que sugieren una maniobra deliberada para obstruir a los investigadores en el marco de una causa por supuestas coimas en el área de Discapacidad.

¿Por qué procesaron al jefe de seguridad de Nordelta?

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento. El magistrado sostiene en su fallo que el acusado interfirió de manera activa en la ejecución de una orden judicial con el objetivo de frustrar su propósito.

El operativo policial tuvo lugar la noche del 21 de agosto pasado, cuando se buscaba al empresario Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, en su domicilio del barrio La Isla.

Según la resolución, se corroboró la existencia de “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera”. Casanello afirmó que De Vicentis procuró activamente frustrar el cumplimiento de la orden. El juez describió la implementación de “un procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa”.

El fallo detalla que en Nordelta toda solicitud de este tipo debía pasar previamente por el área de Legales del complejo. El juez calificó esta práctica como una suerte de “exhorto interjurisdiccional” que generaba demoras determinantes para el éxito de las medidas judiciales.

El registro que complica a De Vicentis

La prueba central para el juez Casanello son las conversaciones encontradas en el teléfono celular de De Vicentis. El magistrado consideró que estos chats son una “prueba inobjetable” del accionar del jefe de seguridad. En un mensaje enviado el 22 de agosto a un grupo de supervisores, De Vicentis les reitera las directivas sobre cómo actuar ante la presencia policial.

“Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”, escribió De Vicentis a sus subalternos. En el mismo texto, advirtió que si la fiscalía o la policía omiten contactarlos para coordinar diligencias, es un problema de ellos. “Si creen estar en Fuerte Apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”, agregó.

Insistió en que cualquier procedimiento requiere la “inmediata intervención a Legales para que baje un abogado de ese departamento y corrobore si corresponde o no”. Además, remarcó: “Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar”. Especificó que la orden judicial debe indicar “taxativamente dirección y número catastral”, no generalidades como la presentada en esa ocasión.

¿Cuál es la versión de Ariel De Vicentis?

Durante su declaración indagatoria, Ariel De Vicentis no negó su intervención, pero afirmó que no buscó entorpecer la actuación policial. Explicó que se enteró del operativo por un chat interno y que su preocupación era porque los agentes se habían llevado al supervisor de una garita a otra, quien era el “único responsable de la seguridad del complejo en ese momento”.

Antes del operativo, la fiscalía a cargo de Franco Picardi ya temía una posible fuga. “Hubo malas experiencias con Nordelta”, admitió un funcionario judicial. En los tribunales recuerdan el caso del financista Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, quien también fue advertido de un allanamiento en Nordelta y casi logra escapar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paz Rodríguez Niell.

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