Qué dijo el Gobierno sobre la filtración de los audios de Karina Milei
El Poder Ejecutivo impulsó una denuncia por espionaje y consiguió una medida judicial para frenar la propagación de las grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia
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LA NACION
El Poder Ejecutivo desplegó este lunes una doble ofensiva judicial en respuesta a la filtración de los audios de Karina Milei, en el marco del caso Spagnuolo. La estrategia incluye una denuncia penal por “espionaje ilegal” y una medida cautelar para detener la difusión de las grabaciones. El Ministerio de Seguridad solicitó allanamientos a un canal de streaming y a los domicilios de dos periodistas.
¿Qué dijo el Gobierno sobre la filtración de audios de Karina Milei?
El Gobierno calificó el hecho como un “espionaje ilegal” y una “operación de inteligencia” para desestabilizar el proceso electoral, y solicitó el cese de la difusión de las grabaciones.
La postura se formalizó a través de dos vías judiciales distintas. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal y la propia secretaria general de la Presidencia, a través de sus abogados, obtuvo una medida cautelar en el fuero civil y comercial.
El vocero Manuel Adorni comunicó la acción penal en su cuenta de la red social X. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, afirmó.
Adorni agregó que se grabaron conversaciones privadas de la funcionaria y otros miembros del gobierno. Sostuvo que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, sentenció el vocero.
La denuncia del Ministerio de Seguridad
La presentación penal de 20 páginas, firmada por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que dirige Patricia Bullrich, describe una supuesta operación de inteligencia no institucional.
El texto sostiene que la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
El objetivo de la operación, según la denuncia, es “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
La cartera dirigida por Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. También pidió la misma medida para Pablo Toviggino, principal accionista del canal, y el abogado Franco Bindi. El gobierno acusa a Bindi de ser el responsable de la difusión y lo vincula al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino.
La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, subrogado por el juez Julián Ercolini. La presentación sugiere que las grabaciones pudieron realizarse en la Casa Rosada, lo que considera “una amenaza inédita a la seguridad institucional”.
El documento menciona que la campaña responde a “influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
La medida cautelar para frenar la propagación
De forma paralela a la acción penal, un juez federal en lo civil y comercial ordenó el cese de la difusión de los audios. El magistrado Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la propia Karina Milei.
La resolución dispone el “cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación” atribuidos a la funcionaria. El juez ordenó comunicar la decisión de manera urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La presentación judicial de la secretaria general de la Presidencia, realizada el viernes 29 de agosto, aclara que no reconoce la veracidad de los audios. Señala que, en caso de ser reales, fueron “recabados ilegal e ilícitamente y sin su consentimiento”. El escrito advierte sobre la existencia de otras grabaciones que perjudicarían su honor y reputación.
El juez Maraniello consideró que la medida “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público”. Afirmó que la decisión busca resguardar bienes jurídicos como la intimidad, el honor y la seguridad institucional. El magistrado aclaró que la resolución “no importa convalidar la figura de la censura previa”, ya que es una restricción provisoria y excepcional.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.
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