Reforma laboral: cómo quedó la normativa en la Ley Bases
Se aprobó ampliar los períodos de prueba, incluir la posibilidad de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización y condonación de multas por trabajo no registrado; rechazo para eliminar la obligatoriedad de la “cuota solidaria” sindical
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LA NACION
En el debate artículo por artículo de la Ley Bases, el oficialismo logró avanzar con una reforma laboral que tiene tres ejes: habilitar la posibilidad de un fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones; un blanqueo para promocionar el empleo registrado y la ampliación a un año del período de prueba. Un sector de la UCR intentó incluir una reglamentación para limitar las “cuotas solidarias” a los sindicatos, pero no tuvo el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, Pro y Hacemos Coalición Federal.
Los puntos más importanes del proyecto, que se debate desde hoy en la Cámara de Diputados, son los siguientes:
- Fondo de cese laboral. Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo; es decir, con un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo. En su plataforma de gobierno, Javier Milei propuso una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera”. Milei se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Mauricio Macri también quiso impulsar y que también fue impulsada por Roberto Lavagna durante la pandemia. El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.
- Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.
- Promoción del empleo registrado. Eximición de sanciones a empleadores que no tenía a trabajadores registrados. “Es un premio a las patronales”, lo cuestionó Romina del Plá (Frente de Izquierda).
- Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.
- Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados. Además, se prevé un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado.
- “Trabajador independiente”. Establece que se podrá contratar hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado, que estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratatantes de los servicios u obras”. Desde la CGT rechazan este punto porque consideran que promueve la informalidad laboral. Lo llaman los sindicalistas “el ítem cuadrillas”. Vanesa Siley (Unión por la Patria) dijo que este artículo fue copiado de la legislación brasileño y señaló que “es una clasificación forzosa e incorrecta”. Y añadió: “Este artículo va a generar litigiosidad. Si hay un jefe y cinco empleados, se impone el principio de la realidad por más que lo llamen como quieran”.
Hubo dos momentos calientes en el debate. El primer fue por el intento de un sector del radicalismo de limitar el cobro de la “cuota solidaria”. Se trata de un atajo al que suelen recurrir los sindicatos para financiar de manera alternativa a sus organizaciones y las obras sociales. Es un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, y que es pactada con los empresarios en los convenios colectivos. El diputado Martín Tetaz (UCR), titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, planteó establecer límites y nuevas reglamentaciones, pero fueron rechazadas por los bloques de La Libertad Avanza, Pro y Hacemos Coalición Federal. Reclamó la eliminación de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos que forman parte de varios convenios colectivos de trabajo. Además, solicitó incorporar en el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, la penalización de los bloqueos sindicales a empresas. Tetaz anunció que se insistirá con esas reformas en Comisión.
Durante la discusión en comisión, el diputado Miguel Ángel Pichetto intercedió a pedido de la CGT para excluir este intento del cobro de la cuota. “No hay ningún artículo del capítulo laboral que favorezca a los empleados”, sostuvo Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y jefe del sindicato de los bancarios.
Pero la cima de tensión se alcanzó con la discusión del fondo de cese laboral en reemplazo de las indeminizaciones, que fue votado de manera positiva por 136 legisladores. “Se facilita la desvinculación de los trabajadores”, dijo Palazzo. Coincidió con él, Myriam Bregman (Frente de Izquierda).
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