Rematan la mansión de un exintendente kirchnerista aplicando la ley de extinción de dominio
Se trata de Luis Lobos, exjefe comunal de Guaymallén, que fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y fraude; se subasta una mansión a partir de $127 millones
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- Es un nuevo paso en concreto contra la corrupción. Solo resta esperar a que llegue el día: después de años de apelaciones y dilaciones, finalmente comenzarán a rematarse los bienes de Luis Lobos, un exintendente kirchnerista que fue condenado a ocho años de prisión y cuyo patrimonio ahora será sometido al procedimiento que establece la ley de extinción de dominio. Los fondos que se obtengan se destinarán a la construcción y reparación de escuelas públicas, como prevé la normativa 9151, sancionada en 2019.
A través de una resolución del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, la Justicia dispuso que el 21 de diciembre se realice la subasta pública, con un monto inicial superior a los 127 millones de pesos, de la mansión ubicada en calle Tirasso 4357, en el distrito El Sauce, de la comuna de Guaymallén, la más poblada de Mendoza. La propiedad, de más de 1600 metros cuadrados, pertenecía al excacique justicialista, quien fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta.
De acuerdo con fuentes oficiales, la base de este acto, bajo la modalidad mixta de sobre cerrado con puja entre oferentes, se estableció en $127.750.000 y se realizará en la Oficina de Subastas Judiciales, ubicada en la avenida San Martín 322, de la Ciudad de Mendoza.
“La extinción de dominio es una herramienta jurídica muy importante para combatir efectivamente la corrupción, para que los bienes mal habidos puedan volver a la ciudadanía, conforme la sentencia de un juez que así lo establezca”, indicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino. “Antes de esta ley, los corruptos seguían disfrutando de los bienes mal habidos porque el proceso penal con sus apelaciones podían durar años. Ahora, con la imputación de un delito de los llamados de corrupción, se le inicia un juicio civil en el cual deberá probar el origen lícito de los fondos con los que adquirió esos bienes. Si no puede hacerlo, se los quitan y el producido vuelve a la sociedad”, explicó el funcionario.
Asimismo, D’Agostino indicó que se llegó a esta instancia “luego de un proceso civil con todas las garantías para el demandado Lobos, tras el cual fue declarada la extinción de dominio sobre sus bienes en primera instancia, y después, confirmada por la Cámara Civil y luego por la Corte, organismo que declaró la constitucionalidad de la ley”.
Sin embargo, durante todo el proceso se produjeron demoras, que tuvieron que ver con diversos planteos realizados por la defensa del cacique, pero también con atrasos de la Suprema Corte de Justicia local en permitir que se pudiera avanzar con disposición final del patrimonio. De hecho, las dilaciones permitieron que se produjeran robos en la propiedad del ex intendente.
“Respecto de Lobos la sentencia penal está firme porque desistió del recurso extraordinario. Lamentablemente la Suprema Corte se hizo la distraída, porque tendría que haberlo resuelto en mayo del año pasado. De hecho, en el caso de su ex esposa todavía no resuelve. Es una barbaridad”, contó a LA NACION una alta fuente de la Justicia mendocina que prefirió reservar su identidad, conocedora de todo el proceso de la causa en el fuero correspondiente.
Así las cosas, como la sentencia penal condenatoria contra Lobos quedó firme por el máximo tribunal, y ahora se expidió el tribunal civil, finalmente se podrá avanzar con el proceso de subasta, a raíz de una resolución dispuesta por la magistrada Paz Gallardo, quien además estableció que no se subastarán los bienes muebles (portones, bomba de agua y otros) que existen en la propiedad, por lo que deberán entregarse a la Dirección General de Escuelas (DGE) para distribuir entre establecimientos escolares que los necesiten.
Desde el Ejecutivo provincial, D’Agostino explicó a LA NACION que ya está todo listo para concretar la acción y explicó los motivos. “La Ley de Extinción de Dominio exige solamente que haya imputación de algún delito de corrupción para poder interponer la acción civil pero además en este caso concreto Lobos ha sido condenado a 8 años por un juicio abreviado en donde aceptó su culpabilidad penal y en ese acuerdo desistió de la apelación que había hecho en el juicio de extinción de dominio”, comentó el funcionario local. “El caso que ahora está en la Corte es el de su ex esposa, quien hizo juicio abreviado. Por ello no se puede subastar un departamento que estaba a nombre de ella hasta que se expida la Suprema Corte de Justicia”, concluyó D’Agostino.
“Contar con una ley de esta naturaleza es una decisión política y acá, en Mendoza, el actual gobernador electo, Alfredo Cornejo, fue quien tomó la decisión de avanzar con una lucha efectiva contra la corrupción. Si no hay decisión política, entonces este tipo de acciones solo quedan en declamaciones, frases y eslóganes, y esto que tenemos hoy es producto de gestión y convicción”, señaló el subsecretario de Justicia.
Vale recordar que en la apertura del año judicial, el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que se avanzará en el diseño de un proyecto de ley para instrumentar los juicios por jurados en el fuero civil, con la premisa de ampliar la participación ciudadana para que también pueda intervenir en casos de corrupción. En cuanto a las ofertas para el remate público deberán presentarse en la página de internet del Poder Judicial hasta las 9.30 del 18 de diciembre, con el 10% del monto total. Luego, presentadas las tres mejores propuestas comenzará entre ellas la pelea por quedarse con el bien, con la condición de ir proponiendo incrementos de 100.000 pesos de base.
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