Santa Cruz: la policía de Caleta Olivia levantó el acuartelamiento
"Se decidió levantar la medida de fuerza en un acto de buena voluntad, a los efectos de destrabar el conflicto", indicaron en un comunicado; en Río Gallegos sigue la medida
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"El personal de esta policía provincial se dirige a la comunidad de nuestra querida Caleta Olivia (...) [porque] se decidió levantar la medida de fuerza adoptada, en un acto de buena voluntad, a los efectos de destrabar el conflicto. Nuestra intención es abrir un canal de diálogo".
Después de una semana de acuartelamiento en reclamo de mejoras salariales, la policía de Santa Cruz con base en Caleta Olivia comunicó que levantó la medida de fuerza con un "parte de prensa" difundido anoche.
Los cerca de 200 efectivos aclararon que el reclamo era "netamente salarial" y que tienen la garantía del gobernador Daniel Peralta de alivianar posibles sanciones disciplinarias.
En tanto, la policía de la ciudad de Río Gallegos mantenía, al menos, hasta el mediodía la medida de fuerza.
Según pudo comprobar LA NACION, hasta la medianoche pasada los policías de Río Gallegos se encontraban en la puerta de la Jefatura de dicha fuerza en lo que se convirtió en la primera manifestación pública en la calle desde que hace una semana empezó el conflicto. Allí los recibió la plana mayor. Buscan tener garantías de que no recibirán sanciones (está en marcha el proceso federal por sedición y el administrativo de reglamento policial interno).
Los efectivos se retiraron anoche a consultar con las bases y tienen previsto regresar este mediodía a la jefatura.
Qué pasó. El acuartelamiento de un grupo de efectivos de la policía santacruceña se había sentido con intensidad en Caleta Olivia y en algunos sectores de Río Gallegos. La medida no se había extendido al resto de las localidades, pero durante días tampoco se había descomprimido.
El viernes último, el gobierno de Peralta denunció ante la justicia federal a decenas de policías por el delito de sedición, en tanto que las fuerzas nacionales de la Gendarmería y la Prefectura comenzaron a patrullar la localidad del norte santacruceño.
"La Justicia deberá investigar y determinar si se cometió el delito. Lo que buscamos es garantizar la seguridad de los habitantes", había explicado a LA NACION el fiscal del estado de Santa Cruz, Iván Saldivia.
Mientras avanzaban los sumarios contra los policías acuartelados, el gobernador de Santa Cruz había dicho que el conflicto era "injusto, sin solución" y que sólo buscaba "desestabilizar".
Con la colaboración de Mariela Arias, corresponsal en Santa Cruz
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