Fiscales: los dueños del éxito o el fracaso de los casos de corrupción
Son los que tienen la llave para que las causas lleguen a juicio; quedaron divididos por el paso del kirchnerismo
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LA NACION
Los fiscales federales, como dueños de la acción penal, son protagonistas de la aceleración de los casos de corrupción que se investigan en los tribunales de Comodoro Py.
Tienen la llave para abrir e impulsar las investigaciones judiciales, pero también el poder para enterrar los casos cuando entienden que no hay razones para impulsar una denuncia o para acusar.
Con una reforma judicial pendiente para dotar de más poder al Ministerio Público Fiscal, los fiscales terminaron en la última década mirados también a la luz de la dicotomía entre kirchnerismo y antikirchnerismo.
Mientras el procurador fue Esteban Righi, casi no había cuestionamientos públicos. Pero todo cambió cuando Amado Boudou con la explosión del caso Ciccone, obligó a renunciar a Righi. En su lugar asumió Alejandra Gils Carbó.
Las críticas se hicieron oír y pasaron de las declaraciones a la acción, con denuncias penales contra la jefa de los fiscales. Comodoro Py fue un territorio hostil para la procuradora, hasta que logró bajar, de a poco, el tono de algunas críticas y cubrir vacantes mediante concursos -ahora bajo escrutinio judicial- con funcionarios de su confianza y afines a su pensamiento.
El Ministerio Publico Fiscal sigue esperando, de todos modos, una ley que plantee una reforma profunda, que acompañe a un nuevo Código Procesal Penal, en el que ellos tengan plenas facultades sobre las investigaciones y el juez se trasforme en un árbitro. La aplicación del proyecto del kirchnerismo, en ese sentido, quedó suspendida.
Hoy conviven en Comodoro Py fiscales que provienen de diferentes épocas y están cincelados por moldes muy distintos.
Están los que ocupan ese cargo desde el menemismo, con más o menos coherencia. Y están los llegados con el kirchnerismo de la primera época y los recién arribados en los últimos años, con la impronta de la nueva procuradora. Forman un grupo heterogéneo y tienen la última palabra para que los casos lleguen a juicio o mueran antes de ver la luz.
Los investigadores
Quiénes tienen en sus manos las 12 fiscalías federales
Jorge Di Lello
Fiscalía n° 1
Jorge Di Lello es fiscal por partida doble: fiscal penal y fiscal electoral; y en materia electoral, fiscal de primera instancia y el único fiscal de Cámara. Es de los fiscales federales de primera instancia más antiguos de Comodoro Py.
No oculta su militancia peronista, aún en las épocas de la guerrilla, cuando estuvo preso por participar de la lucha armada en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP).
En los años 90, por su relación con Gregorio “Goyo” Corach, hermano del entonces ministro Carlos Corach, llegó a la fiscalía federal. Primero fue fiscal adjunto y el nombramiento de Norberto Oyarbide como juez le permitió ser el titular de la fiscalía federal N° 1, la única que también es electoral.
Su cargo lo obliga a una frecuente relación con la jueza electoral María Servini de Cubría, con quien mantiene un tono conciliador, como con la mayoría de los jueces y colegas del fuero. Hace gala de un don dialoguista y negociador.
Así, en las peores épocas del kirchnerismo, tenía diálogo fluido con la fiscal Cristina Caamaño, de máxima confianza de Alejandra Gils Carbó; al mismo tiempo que recibía a Graciela Ocaña, denunciante frecuente del kirchnerismo. Su hijo, Matías Di Lello, fue secretario del juez Claudio Bonadio y en 2012 juró como fiscal federal de San Nicolás.
En mayo de 2012 Di Lello imputó al vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. También es hoy el fiscal de la causa Ciccone, en la que en 2014 Boudou fue procesado. Insistió allí con indagar a Ricardo Echegaray.
Fue el fiscal de un caso resonante, cuando acusó a Gustavo Beliz por haber mostrado por TV la imagen del ex espía Antonio Stiuso. El tribunal absolvió a Beliz y Di Lello apeló.
Carlos Rívolo
Fiscalía n° 2
Es un “nyc” de los tribunales, “nacido y criado” entre expedientes. Sin siquiera empezar a estudiar abogacía ingresó en la Justicia en 1982, a los dos años de dejar el colegio secundario. Su trabajo lo llevó a situaciones poco habituales para su cargo, como protagonizar una película.
Rívolo está a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 desde octubre de 1995 y es considerado uno de los más serios y respetados. Fue el primer fiscal del caso Ciccone y pidió allanar la casa del vicepresidente Amado Boudou cuando aún estaba en su cargo. Después investigó a funcionarios de Formosa por cobros indebidos relacionados con The Old Fund, pero aún no pidió indagarlos.
Como empleado de Ricardo Wechsler, que era juez federal, ascendió a prosecretario y luego como empleado del hoy camarista Jorge Ballestero, llegó a secretario de primera instancia. Fanático de River Plate, su pasión de chico fue el rugby.
En 1995, cuando Rodolfo Barra era ministro de Justicia, llegó al cargo que ocupa hoy. Entre las causas más resonantes que ha manejado se destacan las investigaciones sobre la tragedia de LAPA; en la película que cuenta la historia hay un actor que hace de él. A raíz de esa causa fue amenazado de muerte.
Durante el menemismo promovió la investigación contra el sirio Monzer Al Kazzar, un traficante de armas que usaba pasaporte argentino concedido irregularmente. Una de sus causas más conocidas fue el caso de enriquecimiento ilícito contra Ricardo Jaime, que él impulsó. Tuvo una relación compleja con la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien le abrió un sumario. Actualmente investiga a Cristina Kirchner por lavado de dinero en el caso Los Sauces. Claramente no fue un preferido del kirchnerismo.
Eduardo Taiano
Fiscalía n° 3
Callado y cultor del perfil bajo, Eduardo Taiano llegó a la fiscalía federal N° 3 en abril de 1993. Antes, fue secretario de Luisa Riva Aramayo en la Fiscalía ante la Cámara Federal. Allí compartió grupo de trabajo con el juez Ariel Lijo, el abogado Gabriel Cavallo y el ex fiscal y diputado Manuel Garrido, entre otros.
En 2004, el entonces procurador Esteban Righi lo designó integrante de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, por solicitud de Félix Crous, quien era fiscal a cargo de la Unidad. Taiano fue el fiscal de la megacausa por los crímenes cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. Tras el fallecimiento del fiscal federal Luis Comparatore, en 2013, Taiano fue designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó para cubrir la fiscalía federal N° 5, que había quedado vacante. En diciembre de 2014 fue reemplazado.
Entre otras causas sensibles en las que ha intervenido, se destaca las denuncias a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito durante los períodos 1995-2004, y 2004-2007, y la causa por la compra de Papel Prensa.
En las primeras no apeló los sobreseimientos en favor de los Kirchner, en medio de un aparente extraño secuestro que sufrió uno de sus hijos. Eso fortaleció la percepción de que se trata de un fiscal que prefiere no desafiar el poder. Sin embargo, en la causa Papel Prensa, a pesar de las intensas presiones del kirchnerismo, se resistió a pedir la indagatoria de los directivos de Clarín y LA NACION. Esta semana presentó un escrito pidiéndole al juez Claudio Bonadio que revise la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, desestimada por el juez Daniel Rafecas.
Carlos Stornelli
Fiscalía N° 4
Es uno de los pocos fiscales que puede ufanarse de haber indagado a un presidente de la Nación. De hecho, fue quien impulsó y motorizó la causa en la que terminó preso Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Había sido Menem quien lo había nombrado fiscal federal.
Fanático de Boca Juniors, dejó los tribunales temporariamente en 2007, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli lo llamó para ocupar el Ministerio de Seguridad bonaerense. Desde allí manejó la policía de la provincia con críticas de su antecesor, Carlos Arslanian, quien le reprochó haber dejado que siguiera funcionando la autogestión policial. Allí fortaleció su imagen de hombre duro.
En 2010 Stornelli volvió a su fiscalía, al ser reemplazado en el ministerio bonaerense por Ricardo Casal.Regresó a los tribunales de Comodoro Py y desde allí se abocó al caso Hotesur, donde impulsó una investigación de lavado de dinero contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Además, retomó otra de sus viejas causas, Skanska, en la que pidió indagar a Julio De Vido.
Stornelli nació en 1960 y en abril de 1993 fue nombrado fiscal de menores. Tres meses más tarde, el Senado aprobó el pliego para su designación en la Fiscalía Federal N° 4, que actualmente ocupa.
Su activa participación política en Boca Juniors lo acercó a Mauricio Macri, por ese entonces presidente del club, quien creó en 2007 una Comisión de Seguridad en la institución. Esa comisión tuvo a Stornelli como uno de sus integrantes, junto con el juez Ariel Lijo, los fiscales Raúl Pleé y Gerardo Pollicita, y Guillermo Montenegro. Hoy es vocal titular de la comisión directiva del club, que preside Daniel Angelici. Pero se identifica con el peronismo.
Franco Picardi
Fiscalía N° 5
En los tribunales de Comodoro Py 2002 lo conocen como “Franquito”. Formado en los juzgados federales, saltó a la política con el desembarco en el Ministerio de Justicia de La Cámpora, agrupación con la que siempre mantuvo cercanía. Fue funcionario del kirchnerismo hasta el año pasado, cuando Cristina Kirchner firmó su designación como fiscal federal.
Tiene 37 años y se recibió de abogado en 2008. Trabajó en el juzgado federal de Julián Ercolini y también en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, ambas en Comodoro Py. Después fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial en el Ministerio de Justicia, una especie de número tres en el organigrama, por debajo del ministro Julio Alak y del secretario Julián Álvarez. Algunos lo vinculan a Justicia Legítima.
Regresó a los tribunales federales mediante el concurso 102, que está siendo investigado por la Justicia por supuestas irregularidades. Picardi arrancó en el concurso con todo. Estaba primero, con una calificación de 47 sobre 50 puntos posibles. Pero con el correr del concurso descendió al cuarto lugar. De todos modos, le alcanzó para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, elevara su nombre en la terna que envió al Poder Ejecutivo.
Finalmente, la mayoría del kirchnerismo en el Senado le dio acuerdo para cubrir la Fiscalía N° 5, donde tramita el caso por Papel Prensa y donde el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella había pedido, sin éxito, indagar a Bartolomé Mitre, director de LA NACION, y a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por la compra de la empresa. Este año, Picardi pidió la elevación de juicio de Ibar Pérez Corradi en la causa de la mafia de los medicamentos, donde el ex prófugo fue procesado por lavado de dinero.
Federico Delgado
Fiscalía N° 6
Es un fiscal cuya apariencia no encaja en el molde de Comodoro Py. Va a trabajar de zapatillas Topper y remera –casi siempre azul– pedaleando en una bicicleta playera desde su casa de Palermo. Llega a horarios insólitos, a veces de madrugada. En 2009, en un lapso de seis meses, comprometió dos veces al ex presidente Fernando de la Rúa: pidió su procesamiento por el megacanje y su elevación a juicio en la causa por los sobornos en el Senado. En los últimos años, impulsó la investigación de la tragedia de Once.
Delgado es fiscal federal desde 2005, pero su desempeño allí había comenzado varios años antes, cuando se incorporó como adjunto del hoy camarista federal Eduardo Freiler. Son amigos. En esa fiscalía cayó la denuncia por coimas en el Senado. De militancia cercana a la izquierda, tuvo posturas cercanas al kirchnerismo, aunque ahora investiga a varios ex funcionarios.
Antes había sido adjunto del fiscal Miguel Osorio. En 2004, en paralelo, el procurador Esteban Righi lo designó al frente de una Unidad de Derechos Humanos, junto al fiscal Eduardo Taiano.
En 2014 realizó un informe que mostraba falencias en el funcionamiento de las comisarías porteñas, lo que le valió una denuncia penal de Sergio Berni. Al poco tiempo impulsó una investigación contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la administración del presupuesto del Poder Judicial.
Hoy investiga a José López por los US$ 9 millones hallados en el convento y al presidente Mauricio Macri por los Panamá Papers. También, al presidente de Boca, Daniel Angelici, por tráfico de influencias, y a Julio De Vido, por obras en rutas en las que ocurrieron accidentes. Es el fiscal del caso Time Warp, que investiga la trágicas muertes en la fiesta de Costa Salguero.
Ramiro González
Fiscalía N° 7
Es titular de la fiscalía federal N° 7 desde mayo de 2012, a pesar de que nunca concursó para este cargo. Ya era fiscal y su designación fue por traslado, para cubrir la vacante producida por la muerte de Carlos Cearras. Durante el kirchnerismo hizo equilibrio entre los más cercanos a Gils Carbó y los opositores. Así, participó de la organización de la marcha por Nisman, pero finalmente no fue.
Su madrina en la Justicia es la jueza María Servini de Cubría. Fue secretario electoral en su juzgado. Después, fue designado fiscal federal en Dolores, provincia de Buenos Aires. En paralelo con esa fiscalía, el entonces procurador Righi lo nombró al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), cargo que conserva.
En reemplazo de su colega Guillermo Marijuan, que estaba de vacaciones, en 2013 firmó el primer requerimiento en la causa por la que hoy está preso Lázaro Báez. El empresario no aparecía nombrado en ese documento; es decir, no lo habían imputado formalmente. González firmó el requerimiento junto con el fiscal por entonces al frente de la fiscalía especializada en lavado, Carlos Gonella. Después, Marijuan acusó a Gonella y a la procuradora de haber influido para favorecer a Báez. Gonella terminó procesado.
En marzo de 2015, González promovió la investigación contra el ex espía Antonio Stiuso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a partir de una denuncia del legislador porteño Gustavo Vera. No impulsó, en cambio, la investigación contra el camarista federal porteño Eduardo Freiler, también denunciado por enriquecimiento. Con esa decisión hizo que el caso contra el camarista se cerrara.
Fue denunciado por enriquecimiento ilícito por una propiedad en Chascomús.
Juan Pedro Zoni
Fiscalía N° 8
Es miembro de Justicia Legítima, cuya formación lideró la procuradora Alejandra Gils Carbó. Uno de los más identificados con el kirchnerismo. Concursó para ser fiscal de Santiago del Estero, cargo para el que fue nombrado en diciembre de 2014, a pesar de que la fiscalía no estaba en funcionamiento. A los pocos días, por traslado, la jefa de los fiscales lo nombró al frente de la fiscalía N° 8 de Comodoro Py.
Zoni nació en 1977 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y en 2001 se recibió de abogado en la UBA. Una de las causas más resonantes que le tocó fue la que impulsó el año pasado contra la madre y la hermana del fiscal fallecido Alberto Nisman, acusadas de lavado de dinero a través de una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Zoni investigó el patrimonio de Nisman y pidió indagatorias y embargos contra ambas.
La primera vez que trabajó en una fiscalía federal fue en 1998, cuando ingresó en la N° 11, cuyo titular era Guillermo Montenegro, hoy embajador en Uruguay. Después pasó a una fiscalía del fuero penal tributario, donde estuvo hasta 2012. Ese año, Gils Carbó lo nombró fiscal “ad hoc” del área de delitos tributarios y contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que acababa de crear y cuya cabeza era Carlos Gonella.
Entre las causas que hoy tiene a su cargo está la investigación del triple crimen de General Rodríguez y del tráfico de efedrina, causa donde está detenido Ibar Pérez Corradi. Este año, además, pidió los sobreseimientos de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio kirchnerista, y de Alejandro Vanoli, ex titular de la Comisión Nacional de Valores, procesados por hostigar al Grupo Clarín.
Guillermo Marijuan
Fiscalía N° 9
Se hizo famoso para el gran público por los allanamientos en el Sur, que encabezó en busca de los bienes de Lázaro Báez. Tuvo entonces múltiples apariciones en los medios. Desde 2013 tiene esta causa y ahora el juez federal Sebastián Casanello le delegó buena parte de la investigación, incluida la hipótesis de corrupción en la obra pública como delito precedente. También había sido la cara más visible de la marcha por Nisman.
En los últimos años, Marijuan se enfrentó con Gils Carbó, quien lo desplazó de la Unidad de Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que dirigía. Durante el kirchnerimo, mientras se desempeñaba en esa unidad, Marijuan trabó amistad con Sergio Massa, entonces titular del Anses. Como consecuencia del caso Báez, él denunció a Gils Carbó y pidió su indagatoria. Fue el que más decididamente enfrentó a su jefa.
En una de las primeras causas contra el kirchnerismo, Marijuan fue quien impulsó la investigación contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, condenada por la bolsa con dinero. También llevó la investigación contra Ricardo Jaime por haber recibido dádivas de los empresarios a los que debía controlar. En esa causa acordó con Jaime un juicio abreviado. No apeló el sobreseimiento que Claudio Bonadio dispuso en favor de los secretarios privados del matrimonio Kirchner, que estaban acusados de enriquecimiento ilícito. Y, según la Cámara, apeló mal el sobreseimiento de Julio De Vido.
Marijuan nació en 1966 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. En la década del 80 ingresó como meritorio a la justicia federal, pasó por la Cámara Federal y por la fiscalía que ocupó Carlos Beraldi, hoy abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Paloma Ochoa
Fiscalía N° 10
Es miembro de Justicia Legítima y ocupó uno de los últimos cargos que se concursaron para fiscales en Comodoro Py. Hizo carrera en el Ministerio Público Fiscal, al que ingresó en 1997. Antes trabajaba en el Programa sobre Políticas de Género de la Procuración, donde fue fiscal “ad hoc”. Es de los fiscales más jóvenes y de más confianza de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que en general no tiene gran ascendencia en Comodoro Py.
Es la fiscal del caso Sueños Compartidos, en la que esta semana el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la detención de Hebe de Bonafini, y discrepó con él cuando el juez le comunicó que evaluaba la posibilidad de tener a Bonafini una noche presa antes de indagarla. Esta semana, además, Ochoa imputó al camarista de Casación Juan Carlos Gemignani por haber detenido a una funcionaria judicial que no cumplió una orden suya.
También fue la fiscal de un caso sobre Milagro Sala, en el que dictaminó que ella podría tener fueros, pero que debía intervenir la justicia federal de Jujuy y no la porteña. Le tocó ahora la denuncia que presentó el juez federal Sebastián Casanello para que se investigue el supuesto “apriete” que dijo haber sufrido Lázaro Báez.
El concurso en el que fue designada fiscal es el mismo que el de Picardi, un trámite que está bajo investigación judicial. Pasó por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando, donde fue secretaria del equipo que investigó el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Gerardo Pollicita
Fiscalía N° 11
Es un fiscal de larga carrera en la justicia federal. Se inició en los 80 en los tribunales de Morón, donde fue compañero de trabajo de Alberto Nisman y de Santiago Blanco Bermúdez, hoy abogado de Antonio Stiuso. En los 90 desembarcó en la justicia federal porteña.
Fue fiscal adjunto de Carlos Stornelli y de Eduardo Freiler y colaboró con Raúl Pleé, hoy fiscal ante la Casación, en la unidad fiscal que él dirigía. En 2005, Pollicita se presentó al concurso para los fiscales adjuntos que querían ser titulares. Había dos fiscalías en juego; la primera fue para Federico Delgado y la otra, para él. El año pasado impulsó la denuncia que Alberto Nisman había presentado cuatro días antes de morir contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Pidió decenas de medidas de prueba e imputó a la ex presidenta. Pero el juez Daniel Rafecas archivó la causa.
Pollicita también investigó la denuncia de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y recomendó que se la archivara. Es otro de los funcionarios de Comodoro Py de vida activa en Boca Juniors. De ahí su vínculo con Daniel Angelici y el hecho de que le atribuyan cercanía a Pro. Su fiscalía trabaja en un proyecto para pedir la indagatoria de Cristina Kirchner. Pollicita pidió el mes pasado que le embargaran a Florencia Kirchner los US$ 4.664.000 encontrados en su caja de seguridad del Banco Galicia, basado en que habían sido depositados allí para eludir que quedaran congelados, junto con el resto del dinero de la ex presidenta.
Patricio Evers
Fiscalía N° 12
Tiene un muy bajo perfil, a pesar de que es fiscal desde hace más de 20 años. Es de los viejos fiscales de la etapa menemista, que logró hacer equilibrio durante el largo período kirchnerista.
Intervino en el caso Simón, por el que la Corte declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final.
Es oriundo de San Martín, donde inició su carrera judicial, a la par del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En 2009, el entonces procurador Esteban Righi lo nombró fiscal titular. En 2012, impulsó la investigación por enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. Dos años después, le pidió al juez Norberto Oyarbide que desarchivara esa investigación, que el magistrado había cerrado.
Este año imputó al macrista Néstor Grindetti, intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño, en un desprendimiento de los Panamá Papers, por su presunta participación en empresas offshore. Pidió que se libraran exhortos a Panamá y a Suiza para investigar su patrimonio. También promovió que fuera investigado el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, por el supuesto pago de sobreprecios en obras públicas en Santiago del Estero desde 2005.
Este año intervino en el juicio de extradición contra Henry de Jesús López Londoño, más conocido como “Mi Sangre” y acusado de ser uno de los narcotraficantes más peligrosos. Pidió que lo enviaran a Estados Unidos.
LA NACION
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