Sueldos de $24 millones, salones tomados y jueces amontonados: la surreal disputa de poder en la Corte Suprema de Santa Cruz
Cuatro jueces kirchneristas rechazan la ampliación del tribunal, que los dejó en minoría, y restringen el ingreso al Palacio de Justicia a los nuevos vocales
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.- El intento del ala judicial kirchnerista por bloquear la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) dispuesto por ley tiene matices que van de lo institucional a hechos que rozan lo grotesco, como la decisión de impedir el ingreso al Palacio Judicial de los cuatro vocales designados a propuesta del gobernador Claudio Vidal.
En los últimos cuatro meses el edificio fue testigo de escenas de destrato, mala educación y hasta abuso de poder, de acuerdo a lo que pudo reconstruir LA NACION a partir del testimonio de los protagonistas.
El pasado 15 de diciembre, en el libro de novedades de la guardia se puede leer de puño y letra del oficial de turno la notificación: “Por disposición de la excelentísima presidente del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia, la Dra Fernández prohibió el ingreso al establecimiento a los doctores Sergio Acevedo, Dr. José Antonio González Nora, Dr. Juan Lucio de la Vega, Dr. Gabriel Contreras Agüero si no es en compañía del Dr. Mariani o si este último mencionado se encuentra en su despacho”.
Los mencionados jueces Reneé Fernández y Daniel Mariani son la cara visible de la escalada del conflicto entre el kirchnerismo y el gobernador Claudio Vidal. Pese a que el Tribunal tiene desde agosto las nueve plazas completas, nunca funcionó como cuerpo.
Reneé Fernández encabeza el grupo de cuatro vocales de la Corte provincial ligados al kirchnerismo y, para ese sector, preside el máximo tribunal. Daniel Mariani encabeza, por su parte, el grupo de cinco magistrados, el mayoritario, junto a los cuatro nuevos vocales votados por la Legislatura en agosto. Pese a tener la legitimidad de la mayoría, no es reconocido como presidente de la Corte por el sector kirchnerista.
En definitiva, lo que el Poder Judicial de Santa Cruz atraviesa por estas horas es el resultado de esa resistencia de un sector de la Justicia que se niega a una ampliación del tribunal, desde que en agosto pasado la Legislatura de Santa Cruz aprobó por mayoría la reforma de la ley que amplía el cuerpo de cinco a nueve vocales.
“Ni un vaso de agua me dieron”, dijo con ironía el presidente del TSJ, Mariani, en octubre pasado, en un momento en que la garganta se le secó durante la jura de los nuevos vocales Lucio De la Vega y Gabriel Contreras. La crisis del cuerpo ya estaba desatada: lo acompañaban solo los vocales Sergio Acevedo y José González Nora quienes había jurado en el cargo el mes anterior.
Los cuatro vocales cercanos al kirchnerismo no solo que no asistieron a los actos de jura, sino que los declararon nulos y en una resolución votada solo por ellos decidieron apartar de la presidencia a Mariani y eligieron en su lugar a Fernández, quien supo ser la secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner y apoderada del Partido Justicialista.
La decisión fue rebatida por Mariani, y en una sesión con los nuevos vocales fue votado nuevamente en la presidencia hasta finales de 2026.
Pese a ello, en estos meses fue Reneé Fernández quien dispuso la organización dentro del Palacio Judicial. Diferentes fuentes consultadas confirmaron que a los cuatro nuevos vocales nunca les asignaron despacho, ni personal y hasta les negaron el ingreso a las reuniones de Acuerdo que se realizan todos los miércoles en el cuarto piso del edificio judicial. Es más, nunca les pagaron los sueldos como vocales.
A finales de diciembre, la Legislatura debió aprobar un proyecto para que el Ministerio de Economía habilite el pago del 50% de los haberes a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia designados en agosto, hasta tanto la situación judicial de la ley de ampliación quede firme.
Según pudo reconstruir LA NACION partir de testigos, luego de que estuvo nombrada la totalidad de jueces, Mariani fue convocado a asistir a una reunión de Acuerdos, donde dejó constancia en actas que solo lo haría si permitían el ingreso de los cuatro vocales recién designados. Ante la negativa, se retiró.
Desde entonces, Reneé Fernández se instaló en la Sala de Acuerdos utilizándola como oficina de presidencia, en tanto que los nuevos vocales solo pudieron reunirse en la oficina de Mariani, donde estos meses se amontonaron los cinco.
El laberinto judicial
Durante todos estos meses sobrevoló la resolución del amparo contra la ley de ampliación del TSJ presentado por el gremio judicial afín al kirchnerismo, que derivó en una cautelar dictada por el juez de primera instancia Marcelo Bersanelli −exabogado de la expresidenta Cristina Kirchner− para suspender la reforma judicial.
En ese contexto, el gobernador Vidal denunció entonces un "golpe judicial" en Santa Cruz y apuntó a Cristina y Máximo Kirchner.
La cautelar siguió su curso. Sin embargo, ninguno de los cuatro nuevos vocales fue notificado. Por tal razón, se presentaron espontáneamente a la causa y fueron rechazados con la sola firma de la vocal Reneé Fernández. Ante este punto, los vocales se presentaron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien declaró la nulidad de lo actuado por la vocal Fernández, devolvieron el expediente y le ordenaron que resuelva “sin dilaciones”. Eso tampoco pasó.
En lugar de responder la orden de la Corte Suprema nacional, casi en simultáneo el TSJ, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley 3949 que elevó de cinco a nueve miembros al máximo tribunal. Lo hicieron con las firmas de Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta, Reneé Fernández y la subrogante Romina Saúl, con el argumento, entre otros puntos, de que la reforma fue acelerada, invadió la independencia judicial y no contempló partidas presupuestarias para hacer frente a los nuevos nombramientos.
La decisión incluyó la nulidad de los actos derivados de la ley impugnada, incluidos los relativos a la designación y jura de los nuevos vocales, impulsados por el actual gobierno provincial, quienes ya están en funciones desde septiembre. Ese mismo día, el fallo fue apelado por la Fiscalía de Estado. Según confirman fuentes con acceso a la causa, la parte del TSJ presidida por Fernández aún no respondió lo solicitado a la Corte Suprema nacional hace casi un mes y entró en feria tras la declaración de inconstitucionalidad.
Unos días después, pese a estar en feria, este grupo de cuatro jueces kirchneristas dispusieron un aumento de sus sueldos que alcanzará el 42% acumulativo hasta octubre que, en algunos casos, llevará los sueldos a 24 millones de pesos. El aumento generó el fuerte repudio del gobierno provincial y sumó así un capítulo al enfrentamiento entre los poderes del estado.
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