Tensión en Diputados: Massa convocó a una nueva reunión pero predomina la desconfianza en Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio presentó un amparo en la justicia en lo contencioso administrativo para que se declare nulo el nuevo protocolo de sesiones remotas que aprobó el kirchnerismo en Diputados
Juntos por el Cambio presentó un amparo en la justicia en lo contencioso administrativo para que se declare nulo el nuevo protocolo de sesiones remotas que aprobó el kirchnerismo en Diputados
Laura Serra
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8 de septiembre de 2020  • 08:25

En el bloque de diputados de Juntos por el Cambio predomina la desconfianza. Si bien asistirá esta tarde a la nueva reunión de jefes de bloque convocada por el presidente de la Cámara baja Sergio Massa con el fin de destrabar el conflicto institucional desatado en el cuerpo, ayer presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare "la nulidad absoluta e insanable" de la prórroga del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto que el oficialismo aprobó el martes pasado, como así también de la sesión que se celebró ese mismo día.

El escrito, que fue presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, lleva las firmas de los jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y de los diputados Pablo Tonelli (Pro), Gustavo Menna (UCR) y Mariana Stilman (Coalición Cívica). Los legisladores contaron con el patrocinio letrado de los abogados constitucionalistas Antonio María Hernández y Juan Sola, quienes se abocaron durante el fin de semana a pulir la letra fina del amparo.

Desde la sesión bochornosa del martes pasado, en la que el Frente de Todos prorrogó el protocolo de funcionamiento remoto sin apoyo del principal bloque opositor, se cortó toda la comunicación entre las dos principales bancadas. Los opositores se enteraron por los medios periodísticos de la convocatoria de Massa a retomar el diálogo y, cuando recibieron la comunicación, para su sorpresa advirtieron que en esta oportunidad el oficialismo ya no pretende prorrogar por 30 días el protocolo de funcionamiento remoto, sino por 60 días

"Eso no pasa", sentenciaron en la cúpula opositora, a sabiendas de que la agenda de los próximos dos meses incluye leyes trascendentes para el Gobierno, entre ellas la reforma judicial -con media sanción del Senado tras una polémica sesión-, el presupuesto 2021, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el impuesto a las grandes riquezas. El planteo de Juntos por el Cambio se mantiene incólume: está de acuerdo en debatir todos los temas pero reclamó que dos de las iniciativas en agenda (las referidas a la Justicia como a las jubilaciones) se discutan de manera presencial.

Sergio Massa informó ayer que convocaba a la oposición a una reunión, hoy a las 19, para destrabar el funcionamiento de la Cámara de Diputados
Sergio Massa informó ayer que convocaba a la oposición a una reunión, hoy a las 19, para destrabar el funcionamiento de la Cámara de Diputados

"Nosotros somos trabajadores esenciales, pero no especiales. ¿No podemos hacer el mismo esfuerzo que hacen los millones de argentinos todos los días que van a trabajar de manera presencial? -enfatizó Silvia Lospennato, la portavoz de la posición de Juntos por el Cambio durante la reunión de jefes de bloque del martes pasado en la que fracasaron las negociaciones-. Hay que tener un equilibrio, pero no vamos a dar un cheque en blanco para que se haga cualquier cosa con un sistema que no resiste los debates que la democracia merece para algunos temas".

Para la oposición, uno de los temas más sensible por venir es el de la reforma jubilatoria. "¿Alguien piensa que se puede discutir este tema con exposiciones de tres minutos? -insistió Lospennato-. Hay temas que requieren de nosotros un debate amplio y participativo, y, sobre todo, cara a cara. No quiero que nadie vote escondido desde su casa una reforma jubilatoria que saque recursos que corresponden a los jubilados".

Entre estas posiciones antagónicas -sesiones remotas o presenciales- aparece una posición intermedia, la del interbloque Federal: que se realicen sesiones presenciales cada vez que un interbloque lo pida; para ello, el presidente de la Cámara debe garantizar un lugar que reúna las condiciones sanitarias correspondientes. El oficialismo pareció tomar el guante: de hecho, en la convocatoria a la reunión de mañana, el comunicado de Massa adelanta que el plan "es avanzar en la posibilidad de sesiones presenciales de funcionamiento mixto en temas que lo ameriten y a solicitud de un interbloque".

Esta postura se debatió durante la infructuosa reunión de Labor Parlamentaria el martes pasado. ¿Por qué no prosperó entonces? Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista, sostuvo que aceptaría las sesiones presenciales siempre que se diera libertad de acción a los legisladores que deseen conectarse de manera remota. Desde Juntos por el Cambio insistieron en que la regla debe ser el debate presencial, mientras que la conexión remota debe ser la excepción, aunque concedieron que aquellos diputados incluidos en grupos de riesgo por la pandemia participen de manera virtual.

Para acercar todavía más las posiciones, Juntos por el Cambio incluso se propuso que todo aquel diputado que por una razón fundada no quiera sesionar de manera presencial quede eximido de hacerlo, siempre que presente la nota correspondiente a la presidencia de la Cámara. Máximo Kirchner rechazó la propuesta: consideró que así se estigmatizaría a los diputados que no concurrieran al recinto..

Las negociaciones naufragaron. De inmediato el oficialismo inició la sesión remota que estaba prevista con el apoyo de todos los bloques legislativos, salvo Juntos por el Cambio y Consenso Federal. Se aprobaron dos leyes. Fue entonces cuando los diputados de Juntos por el Cambio, sentados en sus bancas, anunciaron que acudirían a la Justicia: a su juicio, la sesión era inválida porque el protocolo había sido prorrogado sin el consenso de todas las bancadas.

La presentación judicial se presentó ayer. En ella, los legisladores denunciaron que el oficialismo de la Cámara de Diputados, al prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto del cuerpo sin su consentimiento, vulneró sus derechos como diputados nacionales "en uno de los episodios de mayor gravedad institucional que registra nuestra historia y que ha herido la democracia argentina".

"El Reglamento de la Cámara de Diputados solo contempla la deliberación presencial en el recinto ubicado en el Congreso de la Nación Argentina. Sin embargo, los 90 diputados de Juntos por el Cambio que nos hicimos presentes en el recinto para sesionar fuimos tenidos como ausentes por el Presidente de la Cámara, llevándose adelante la sesión en forma absolutamente irregular y en violación de las disposiciones del Reglamento que nos rige. Es que se aplicó el Protocolo que había sido inconstitucionalmente prorrogado y se consideró presentes a quienes se encontraban conectados a través de un sistema remoto que ya no estaba vigente", denunciaron los legisladores en su escrito.

Entre las distintas pruebas, se adjuntó el inicio de la sesión a las 19.30 sin leer el acta de prórroga del protocolo. "Constatamos que hay cuatro diputados que rubricaron con la firma digital, que lleva la hora, uno a las 20.56 (Ricardo Wellbach), Luis Di Giacomo (21.09), Alma Sapag (21.55) y Carlos Gutiérrez (22.09) a las 21.01, una demostración de que abrió la sesión sin cumplir ningún tipo de reglamento", advirtieron.

Los diputados sostienen que este conflicto puede ser dirimido por la Justicia atento a la jurisprudencia vigente que, sostienen, "admite la revisión judicial del trámite de sanción de las leyes y, en particular, en lo que hace al cumplimiento del Reglamento dictado por la Cámara de Diputados de la Nación a tal efecto".

"En varias ocasiones la Corte Suprema hizo excepción al principio según el cual las cuestiones atinentes al proceso legislativo o a funciones privativas del Congreso constituyen una materia en principio ajena a la facultad jurisdiccional de los tribunales de justicia. En particular, la Corte Suprema ha considerado plenamente justiciables una gama de casos que, al igual que el sub lite, no pretenden reemplazar la competencia de la rama legislativa, ni mucho menos las atribuciones de fondo que la Constitución le asigna, sino que se limitan a asegurar el cumplimiento de los Reglamentos que las cámaras legislativas se han dado a sí mismas en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución Nacional", indica el escrito.

"En este caso, la situación planteada afecta la libre expresión de la voluntad de los legisladores y legisladoras integrantes del Poder Legislativo, por el avasallamiento a través de las vías de hecho de su labor parlamentaria, efectuada por la Presidencia de la Cámara, en desviación de facultades que la Constitución le asigna", reza el escrito.

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