Tierra de Fuego: un subsidio al gas envasado y la intervención del puerto ponen en jaque la alianza de Melella y Vuoto
Para mantener la asistencia, el gobernador afectó el porcentaje de fondos coparticipables que envía a los municipios; las quejas del intendente de Ushuaia y su silencio ante la avanzada mileísta
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USHUAIA -. En medio de la intervención del puerto de Ushuaia y las dificultades económicas en la provincia, se reactiva el conflicto entre dos aliados de Fuerza Patria en Tierra del Fuego. La decisión del gobierno de Gustavo Melella de retener un mayor porcentaje de los fondos que suelen coparticiparse a los municipios y el silencio del intendente de la ciudad capital, Walter Vuoto, respecto de la intervención del puerto, tensionan el vínculo entre ambos mandatarios.
En Tierra del Fuego, miles de familias carecen de conexión a la red de gas y dependen del gas envasado (también conocido como GLP). Debido a su elevado costo, el gobierno provincial ofrece un subsidio sobre este servicio a través del Fondo de Prestaciones Prioritarias (FPP), que se financia con parte de Ingresos Brutos, el mismo impuesto que se coparticipa en un 46% a sus tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Hasta este mes, la alícuota representaba el 7% del tributo en cuestión.
La semana pasada, a través de la resolución 40/2026, el ministro de Economía fueguino dispuso un aumento de dicho porcentaje que -según señalan en la municipalidad de Ushuaia- escaló al 8,75% y derivó en un recorte de los fondos que reciben las ciudades tanto para el pago de salarios como para inversión pública.
“Calculá que una familia en Ushuaia te puede usar hasta 30 garrafas por mes. Eso está subsidiado, financiado con Ingresos Brutos. La alícuota subió del 7% al 8,75% y ese 1,75% más implica cerca de $1500 millones que se le va a recortar a los municipios”, explicó a LA NACION el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte.
Hasta ahora, solo su municipio cuestionó públicamente los cambios impulsados por la administración provincial: a diferencia de Vuoto, ni Martín Pérez (Río Grande) ni Daniel Harrington (Tolhuin) salieron a cruzar al gobernador.
“Hoy la provincia decidió, por decreto, hacer un recorte de los recursos que recibe Ushuaia. Esta medida impacta de manera directa en la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales y políticas públicas destinadas a los vecinos y vecinas de la ciudad", aseguró el intendente de la capital provincial en su cuenta de X.
Y agregó: “Resulta particularmente llamativa la forma en que se adoptó esta decisión: sin instancias de consulta, sin diálogo previo y sin conversaciones con las autoridades municipales que gestionan cotidianamente la ciudad”.
En el gobierno de Tierra del Fuego desmienten que la medida haya sido inconsulta y apuntan contra la gestión de Ushuaia. “En el año 2022, se aprobó una ley que cada vez que hay un aumento del GLP que es el gas envasado, se puede aumentar el índice de fondos que vienen a la provincia previo a la distribución de la coparticipación”, dijo Melella a LA NACION.
El mandatario provincial destacó que Ushuaia es el municipio más favorecido por el subsidio -3591 vecinos contra 1832 de Río Grande y 471 en Tolhuin- y que el aumento cuestionado no se utiliza para gastos generales de la provincia, sino que regresa como contraprestación para sus residentes.
“El monto que significa de quita en Ushuaia es de $32 millones por mes, para el municipio de Río Grande son $48 millones por mes, que tiene menos vecinos y no dijeron nada, y Tolhuin $4 millones y tampoco dijo nada. El municipio de Ushuaia debe estar con alguna complicación”, continuó el gobernador.
En la municipalidad de Ushuaia aseguran que la obra pública es una prioridad en el distrito y que el recorte que -según Iriarte, “deben ser como diez cuadras de asfalto”- podría afectar, entre otras cuestiones, la inversión en salud, educación y pavimentación de calles. Todo ello en un contexto en el que vecinos de la capital fueguina se quejan por el mal estado de las veredas y calzadas.
La semana pasada, maquinaria municipal trabajaba en el centro comercial para repavimentar algunas de las calles que recorren de manera asidua los turistas. Es una obra que -según los comerciantes y residente de la zona- se repite todos los años, mientras los senderos de zonas más alejadas continúan sin mejoras y desgastan el tren delantero y los neumáticos de sus vehículos.
La disputa entre Melella y Vuoto por los fondos abrió un nuevo foco de conflicto para los aliados de Fuerza Patria. En 2025, Melella, de origen radical y referente de FORJA en la provincia austral, y el intendente kirchnerista habían llegado a un acuerdo para trabajar en unidad para fortalecer el armado peronista en la provincia frente al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas elecciones nacionales, el sello violeta cosechó un 39,66%, frente al 30,63 de Fuerza Patria.
El silencio por el puerto
Ahora, ese acuerdo empieza a mostrar signos de debilidad. A la batalla por el envío de fondos coparticipables se suma el silencio de la intendencia de Ushuaia tras la intervención del puerto provincial que opera sobre sus costas. Las instalaciones portuarias fueron intervenidas el 20 de enero por fallas en materia de infraestructura e irregularidades en el uso de los fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
La decisión del gobierno nacional generó un inmediato rechazo de la gestión de Melella, que denunció una violación a autonomía provincial. “Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico”, sostuvo el gobierno fueguino.
En los municipios de Río Grande y Tolhuin se hicieron eco de las críticas a la intervención libertaria. “Intervinieron el puerto de Ushuaia, sin claridad en los justificativos y atentando contra la autonomía provincial”, expresó Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana de Río Grande en una publicación que compartió luego el intendente Pérez. Harrington, en tanto, advirtió: “No creo que la intervención sea el camino. Creo que la soberanía y en administraciones estables que den previsibilidad, cuiden las instituciones y los recursos públicos”.
Vuoto, en cambio, no se refirió el tema en sus redes sociales. “La actividad turística depende 100% de ahí, ya sean los catamaranes o los cruceros, con lo cual o puede no operar el puerto. Pero también entendemos que había cosas que solucionar. Lo de la auditoría lo conocemos hace tiempo”, aseguró su secretario de gobierno durante la visita de LA NACION a la municipalidad.
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