Todo queda en familia en la justicia patagónica

Hugo Alconada Mon
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30 de mayo de 2015  

Todo queda en familia, o casi, cuando se trata del poder político, judicial y empresario de Santa Cruz. A pedido de dos fiscales, la jueza Valeria López Lestón se apresta a sobreseer al empresario Lázaro Báez en el expediente por presuntos sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz.

¿El otro imputado? El ya fallecido ex presidente Néstor Kirchner, su primo segundo. El inminente sobreseimiento se dictará sin siquiera una sola medida de prueba acumulada al expediente, por lo que se tratará de una no investigación. Pero aun así lo convalidará la jueza, hija de Josefa Kirchner. No es, claro, el único caso.

Una sobrina del ex presidente, Romina Mercado, hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, es a su vez quien debiera investigar a sus parientes por la compra de tierras fiscales en El Calafate a sólo $ 7,50 el metro cuadrado. Pero también a sí misma, dado que ella es otra de las beneficiarias de esos terrenos.

Por su parte, uno de los fiscales de la no investigación contra Báez también participó en el expediente local sobre los "fondos de Santa Cruz" junto al entonces juez -luego ascendido- Santiago Lozada, quien se dejaba ver mientras cafeteaba con el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Pero incluso el Tribunal Superior de Justicia santacruceño refleja los vínculos que unen a los jueces con el poder local, aunque ya no resulte tan explícito, como cuando lo presidió Carlos Zannini hasta que renunció para irse con los Kirchner a la Casa Rosada.

La actual presidenta, Clara Salazar, es tía del ex ministro de Defensa Arturo Puricelli; la vocal Alicia Mercau integró antes el tribunal que dio apenas 3 años en suspenso a Daniel Varizat por atropellar a 40 personas; la también vocal Paula Ludueña, de meteórica carrera judicial, es la hija del ex senador Felipe Ludueña, y el también vocal Daniel Mariani, conocido militante del PJ y dueño de un local de neumáticos, es padre del número dos de la Regional AFIP en Río Gallegos.

La número uno de esa dependencia de la AFIP es Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner y militante reconocida del Frente para la Victoria -o, en rigor, de La Cámpora-, que se sube al escenario en actos políticos junto a, por ejemplo, Alicia Kirchner.

Desde la AFIP, vale aclarar, García debería controlar e investigar a todas las empresas y contribuyentes asociados al poder con domicilio fiscal en su jurisdicción. Entre otros, a su propio cuñado, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ministro Julio De Vido, a Báez y a Rudy Ulloa.

Durante años, otro funcionario clave dentro de la AFIP para los problemas de Báez fue el titular de la Región Sur Metropolitana, Andrés Vázquez.

Algunas empresas del patagónico llegaron a cambiar su domicilio fiscal para quedar bajo la órbita y supervisión directa de Vázquez, vinculado a la ex SIDE.

Pero si en Río Gallegos no investigaron a Báez, en Bahía Blanca intentaron encubrirlo, según reconstruyó LA NACION.

Hubo reuniones dentro de la Regional de la AFIP con el jefe de la delegación, Juan Pablo Fridenberg; el funcionario que debía fiscalizarlo, Norberto Filipini, y el apoderado de Austral Construcciones, Claudio Bustos.

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