Toma de tierras: un diputado de Vidal propone quitarles los planes sociales a quienes usurpen terrenos
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.– El debate por la toma de tierras llegó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que las personas que usurpen tierras en este territorio pierdan las asignaciones y los beneficios sociales que reciben del Estado provincial.
El proyecto fue presentado por diputado Alex Campbell, exsecretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, y plantea que "no podrán acceder a los programas de asistencias sociales provinciales las personas u organizaciones sociales que participen o fomenten usurpaciones de terrenos y propiedades". La restricción –propone la iniciativa– será por dos años a partir del momento en que las autoridades tomen conocimiento del delito de usurpación.
Se trata de un proyecto con pocas posibilidades de convertirse en ley. La idea de la oposición es aprobarlo sobre tablas el jueves próximo en la Cámara baja. De lograr eso -con pocas posibilidades por la mayoría del Frente de Todos-, después le será más fácil la aprobación en el Senado, donde hay mayoría opositora.
Las tomas de tierras generaron un fuerte debate, incluso dentro del oficialismo. A contramano de su par nacional, Sabina Frederic, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo esta mañana: "El tema está muy pesado. El que hace una toma va a ir preso".
Campbell dijo: "Resulta preocupante el creciente número de casos de usurpaciones y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas en La Plata, La Matanza, San Fernando, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz".
Según el ministro Sergio Berni, hay cinco intentos de tomas de tierras por día en el territorio bonaerense
El legislador recordó que a los usurpadores les pueden corresponden de hasta tres años de prisión. El delito de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal, reprime con prisión de seis meses a tres años a quien "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él"; también, a quien "con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble".
Sin solución
El gobernador Axel Kicillof admitió que existen "muchas dificultades para avanzar en las soluciones" a las tomas de tierras. "Tiene que haber una respuesta del Estado", admitió.
"Es innegable que hay una necesidad", dijo el gobernador, que consideró que "puede ocurrir" que haya intereses políticos detrás de la toma de tierras, que se multiplican en todo el territorio provincial. Además, apuntó contra la oposición, cuando argumentó que habían quedado "muchas casas sin terminar en la provincia, algunas en los últimos cuatro años".
"Ya tuvimos reuniones con intendentes. No todas las situaciones son iguales. Que hay necesidad es innegable –dijo–. Queremos reconocer ese derecho desde el Estado. Queremos ver cada caso particular. Es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia. No prejuzgo. Hay que darle una solución."
Prometió además anunciar "planes de viviendas" ni bien sea posible y dijo que "la pandemia demora las posibilidades porque ni siquiera se puede autorizar la construcción".
Las tomas, en números
Tal como informó LA NACION, en la provincia ya hubo más de 1800 tomas de terrenos en este año, según una estimación del ministerio de Seguridad. El ministro Berni informó que hay cinco intentos de tomas de tierras por día en la provincia.
Los intendentes responsabilizan a la Justicia por la inacción: no hay desalojo posible sin una orden judicial. Los fiscales y los jueces, a su vez, están atados a un protocolo que demora los desalojos.
Se trata de la resolución 707/19, dictada en abril por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que estableció un "protocolo de actuación judicial frente a las usurpaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad".
El protocolo buscó prevenir o reducir el impacto social que pueden generar los desalojos forzosos y brindar protección a mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas especialmente vulnerables en procesos de desalojos.
Dispone que antes de proceder a ordenar una restitución preventiva de un inmueble deben cumplirse múltiples trámites, más allá de la solicitud efectuada por el fiscal.
"Esta resolución complica mucho la recuperación de la tierra cuando no se los agarra in fraganti a los usurpadores. Si la usurpación está consumada, es muy difícil", se quejan, por lo bajo, algunos alcaldes peronistas.
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