Transfieren a la Corte las intervenciones

Con el objetivo de asegurar "los principios de transparencia y confidencialidad", el presidente Mauricio Macri transfirió ayer por decreto las escuchas telefónicas del Ministerio Público Fiscal, que encabeza la funcionaria kirchnerista Alejandra Gils Carbó, a la Corte Suprema de Justicia.

Al considerar que esas intervenciones requieren un "control judicial" por fuera de la Procuración, el Gobierno dio otro golpe a Gils Carbó, que resiste en el cargo pese a las sugerencias públicas y privadas de la Casa Rosada para que deje ese lugar, del que sólo puede ser removida mediante juicio político.

"Resulta más prudente, teniendo en miras el debido proceso legal, que la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación", dice el decreto 256/2015, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y su gabinete.

En relación con la Procuración, el decreto asegura que aunque "tiene el deber de proceder de acuerdo con criterios objetivos de actuación, resulta ser una parte principal en el proceso que persigue un interés determinado".

Además, en un segundo decreto publicado ayer, el referido al Código Procesal Penal y que lleva el número 257/15, se derogan todas las normas dictadas por leyes del Congreso relativas a la implementación del nuevo Código Penal. Entre ellas, el artículo que fija el 1° de marzo como fecha para que empezara a regir el sistema acusatorio. Ahora, la facultad de decidir cuándo y cómo se aplicará efectivamente quedaría a cargo de la comisión bicameral de monitoreo del nuevo código.

Facultades recortadas

Entre lo que también deroga el decreto están todos los capítulos que se introdujeron en las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa referidos a su implementación. Esos capítulos preveían nuevas facultades para la procuradora; según el ministro de Justicia, Germán Garavano, eran "exorbitantes". Además, el decreto de Macri elimina los 1700 cargos cuya creación estaba prevista en un anexo de la reforma procesal.

"Tal implementación [del Código] en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia", dicen los considerandos del proyecto para explicar la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.