Tras el fallo, el kirchnerismo salió respaldar a Cristina

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad, figuras del kirchnerismo salieron a respaldar a la expresidenta.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió la condena contra Cristina, a la que calificó como el final anunciado de una “perversa persecución política, mediática y judicial”. En su mensaje, enmarcó la sentencia como parte de una ofensiva más amplia contra el peronismo y contra quienes “se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías”.

Sostuvo, además, que durante el gobierno de Mauricio Macri se armó un entramado de espionaje ilegal y manipulación judicial para perjudicar a Cristina, sus familiares y exfuncionarios. Además, advirtió que bajo la administración de Javier Milei ese esquema se profundizó, con un clima de hostigamiento alimentado por discursos de odio.

Kicillof cuestionó duramente el rol del Poder Judicial en la causa, al considerar que actuó con “revanchismo” y sin compromiso con la verdad y la justicia. “Buscan, en realidad, disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos”, expresó.

Finalmente, advirtió que esta condena representa una herida para la democracia: “Nuestra responsabilidad histórica es defenderla”, concluyó.

Una de las primeras en salir a pronunciarse sobre la condena de la expresidenta fue la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz, quien afirmó que el rechazo de la Corte Suprema al recurso de queja presentado por la defensa de Cristina “no sólo consolida una condena injusta”, sino que representa un “ataque directo a la democracia y al pueblo argentino”.

“Hoy es Cristina, mañana puede ser cualquier dirigente que se anime a defender los intereses del pueblo trabajador”, consideró la legisladora de la Cámara baja.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires apuntó: “Hoy, finalmente, Milei, Macri y los poderosos de la Argentina proscribieron a Cristina Kirchner, la sacaron de la cancha y rompieron la Democracia”.

Y cerró: “Estamos viviendo un régimen autoritario que encarcela opositores y busca disciplinar las protestas con represiones salvajes mientras destruyen trabajo y endeudan a generaciones”.

El dirigente social Juan Grabois advirtió: “Se consumó el golpe judicial”, a la vez que se refirió a la democracia “degrada en la dictadura del poder real”. Comparó el ataque contra la expresidenta con el que sufrió Eva Perón, al afirmar que “el golpe se descarga nuevamente sobre el cuerpo de una mujer con el mismo odio que ejercieron sobre Evita”.

Grabois lamentó que el pueblo haya sido “privado de elegir a la mejor presidenta después de Perón” y dijo que el fallo allana “el camino para la destrucción de nuestro país”. Anunció además que participaría de una caravana hacia San José y Humberto 1°, en referencia al lugar donde reside la exmandataria, con el objetivo de “profundizar la resistencia”.

Por su parte, el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, repudió el fallo y aseguró que “la castigan por un delito que no cometió”.

“Acaban de proscribir a Cristina, acaban de sacarle al Pueblo la posibilidad de elegir a quien lo representa”, señaló Sabbatella tras el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta y añadió: “Castigan a Cristina por un delito que no cometió y reducen la democracia a una farsa”.

Desde la sede del PJ Nacional, el dirigente kirchnerista recordó que “hay miles de causas mucho más importantes para el pueblo que la Corte debe tratar. Se apuran en proscribir a Cristina porque le tienen miedo. Temen que vuelva a ganar y enfrentar al poder económico como ya lo hizo”.

En la misma línea, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, publicó un extenso comunicado en nombre del PJ provincial. Bajo el título “Cuando quien juzga y condena no es el Poder Judicial”, el texto denuncia que “el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, tan propiciado por el poder real como anticipado por sus apéndices mediáticos, transforma la decisión de la Corte en una mera formalidad procesal”. Ziliotto cuestionó también el momento en que se emite la resolución, sugiriendo que responde a un “cronograma electoral” y no a los tiempos naturales de la Justicia.

“Esa notable presión mediática ejercida ante el Poder Judicial solo pudo ser efectiva por la genuflexa actitud de varios de sus integrantes”, sostuvo el mandatario pampeano. Además, advirtió sobre la “connivencia” entre jueces, fiscales y sectores del oficialismo, a partir de “reuniones y actividades compartidas”. En un mensaje directo al Poder Judicial, el comunicado señaló: “No pedimos impunidad. Sí, exigimos justicia a través de procesos limpios, transparentes y justos”.

En una línea similar, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también expresó su apoyo a la exmandataria. “Los argentinos y argentinas asistimos con preocupación a un momento que marcará nuestra historia democrática”, publicó en su cuenta de X.

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Kirchner, publicó un extenso comunicado en el que cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra la expresidenta. Calificó la decisión como “una de las más graves y vergonzosas” desde el regreso de la democracia en 1983 y sostuvo que no existen pruebas que justifiquen la sanción penal contra su defendida.

Dalbón sostuvo que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y fue parte de un entramado político destinado a proscribir a la exmandataria. Según el letrado, la sentencia se basó en conjeturas y construcciones ajenas al expediente, sin que se haya demostrado beneficio personal, dolo o participación en los hechos atribuidos. En esa línea, aseguró que no hubo imparcialidad ni independencia por parte del tribunal, y que el fallo viola garantías fundamentales del debido proceso.

El abogado anunció que ya activaron mecanismos de revisión internacional y que acudirán a organismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional. “La lucha continúa. Y será global”, afirmó, al advertir que lo que está en juego es la salud del Estado de Derecho. También afirmó que la sentencia carece de legitimidad constitucional y que no será acatada sin dar pelea en los ámbitos internacionales.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que encabeza Juan Carlos Schmid, se sumó este martes a los respaldos a Cristina.

“Nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK”, expresaron desde la confederación. En ese sentido, apuntaron contra la creciente utilización de la Justicia como herramienta para “condicionar la voluntad popular”.

Desde la CATT denunciaron que en vísperas electorales se intensifican las maniobras judiciales y mediáticas dirigidas a neutralizar a ciertos dirigentes políticos. “Fallos irregulares y operaciones mediáticas que intentan condicionar la voluntad popular”, indicaron desde el Consejo Directivo.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema a través de un comunicado. Consideraron que se trata de “un nuevo y triste episodio de persecución y proscripción”, impulsado por un Poder Judicial que, según señalaron, actúa en favor de un sector político determinado.

Al mismo tiempo, advirtieron que esta decisión representa una amenaza directa a la democracia, al buscar excluir del escenario electoral a “una dirigente tan representativa para el país”. En ese sentido, apuntaron contra la responsabilidad institucional de la Corte, a la que acusaron de actuar con una “irresponsabilidad histórica”.

“Quieren silenciar a una porción enorme de la ciudadanía”, sostuvieron desde Abuelas. A su juicio, no se trata de una resolución judicial más, sino de “una operación orquestada” para limitar la representación política.

Las reacciones se inscriben en un clima de fuerte tensión interna dentro del peronismo, que se reagrupa en torno a Cristina Kirchner luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Aunque la exmandataria no iría presa por su edad -tiene 72 años y podría acceder al beneficio de prisión domiciliaria-, el fallo representa un revés judicial de alto impacto político.

LA NACION

• Cristina Kirchner

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