Un Estado al servicio de la impunidad

La Corte Suprema de Justicia podría avalar de hecho en los próximos días la destitución de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que juzgaron o juzgarán los delitos de corrupción durante la anterior era kirchnerista. Al mismo tiempo, el jefe de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, anunció que esa agencia gubernamental se retirará como querellante de las causas que investigan la corrupción de gobiernos pasados, sobre todo del kirchnerismo. Si la Corte Suprema se inclinara por favorecer indirectamente los intereses del Gobierno, será el Estado argentino en la cabeza de sus tres poderes (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) el que habrá decidido abandonar la revisión -y la consiguiente sanción- de los hechos de corrupción que saquearon el dinero público.

Un fallo en contra de los tres jueces abriría también un período de inestabilidad para cientos de jueces que se encuentran en la misma situación que Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Es lo que Hugo Chávez hizo en Venezuela, maniobra que terminó con la conformación de una Corte Suprema adicta al régimen.

Los cinco jueces del máximo tribunal se preparaban para dictar ayer una sentencia sobre los jueces destituidos. No lo hicieron. Probablemente tomarán esa decisión mañana, aunque últimamente la única jurisprudencia previsible de la Corte es la postergación de sus decisiones. La tardanza es un síntoma de que el máximo tribunal se estaría preparando para justificar una decisión mayoritaria en contra de los tres jueces. Si estuvieran de acuerdo en defender sus posiciones, ya lo hubieran hecho. La suposición tiene su correlato con la versión de fuentes seguras de varias oficinas del tribunal, que confirmaron que existe una mayoría dispuesta a decidir de acuerdo con los intereses del oficialismo. No existe, como se repite ahora, la posibilidad de una solución intermedia. Confirmar en sus cargos a los jueces hasta que esos cargos sean concursados, que sería la fórmula que encontraron, significaría en los hechos la convalidación de sus destituciones. Bruglia, Bertuzzi y Castelli no pasarían nunca por un concurso en el Consejo de la Magistratura ni por un acuerdo del Senado, donde las tropas cristinistas acaban de rechazarle un acuerdo. ¿Los seguidores de Cristina Kirchner en el Senado, que son la mayoría de los senadores, le darían el acuerdo a jueces que procesaron y dictaron la prisión preventiva de su jefa por hechos de corrupción? ¿Aprobarían esos acuerdos ahora cuando ya los rechazaron antes? Imposible. La solución intermedia significaría en la práctica la destitución definitiva de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, escrita, desde ya, con párrafos más elegantes que los atropellos públicos del cristinismo explícito. Más elegantes no significa que serán menos letales.

No obstante, también debe consignarse que ninguna oficina de la Corte Suprema admitía como segura esa posición del tribunal; solo la creían la más probable de acuerdo con lo poco que escucharon de los jueces supremos. Estos han cerrado a cal y canto sus deliberaciones y los borradores de sus escritos, tal vez porque en algunos casos podrían ser cambiados. También algunos jueces (¿Elena Highton de Nolasco? ¿Horacio Rosatti?) se mostraban más renuentes que otros a plegarse a la inexactamente llamada solución intermedia. Funcionarios de carrera de la Corte vienen alertando que la destitución de Bruglia, Bertuzzi y Castelli significará que cientos de jueces serán removidos de sus cargos porque están en la misma situación que aquellos. Traslados de jueces hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Mauricio Macri. De hecho, Alberto Fernández debió derogar un decreto de Cristina para destituir a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, aunque el Gobierno se ocupó de tender sobre esa derogación un manto de silencio y culpar solo a Macri de los traslados. De todos modos, la destitución de cientos de jueces le permitirá al Gobierno designar también a cientos de jueces nuevos, que pasarán antes por el filtro político e ideológico del cristinismo. No es una suposición; es lo que sucedió con la designación de jueces y fiscales durante la gestión de Cristina Kirchner que terminó en 2015. Nada más parecido a la purga de jueces (y a la designación de nuevos) que hizo Chávez y que destrozó el sistema judicial venezolano.

El Poder Ejecutivo se encargó a su vez de destrozar la Oficina Anticorrupción (OA) cuando Crous, ex fiscal de Justicia Legítima, decidió retirar a esa agencia como querellante en las causas que investigan o juzgan la corrupción. La resolución de Crous es, en primer lugar, ilegal. Y lo es porque la ley que creó esa oficina dice textualmente que entre sus funciones está la de "constituirse en parte querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado". Es decir, en los procesos que investigan la corrupción. Crous contradice o evade la ley. Crous se apresuró mucho antes a retirar a su oficina de la querella en las causas Los Sauces y Hotesur, que interpelan directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, y que investigan el supuesto lavado de dinero por parte de esa poderosa familia política. La OA fue creada por el gobierno de Fernando de la Rúa en los momentos inaugurales de su gestión como respuesta a las muchas denuncias de corrupción que hubo durante el menemismo. Casi ninguna causa judicial había llegado nunca a una conclusión. Luego, es cierto, Carlos Menem terminaría con prisión preventiva durante unos meses por la causa de contrabando de armas. Esa causa fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que muchos años después investigaría la causa de los cuadernos de las coimas que escribió con esmero el chofer Oscar Centeno.

Crous adujo que no tiene personal y que se dedicará a "prevenir" la corrupción más que a descubrirla. ¿La oficina que lucha contra la corrupción no tiene personal mientras Nodio contratará a 1.500 personas para seguir (¿y perseguir?) la información que se publica y se emite? Las prioridades no necesitan ser explicadas por el Gobierno; surgen claramente de sus propias decisiones. La existencia de la OA tiene sentido en tanto sirva para combatir, descubrir, perseguir y prevenir la corrupción en la administración pública nacional. Como es evidente que no será así de aquí en más, lo más razonable para las destruidas arcas del Estado sería que directamente la disuelvan. ¿Para qué sirve una estructura que desertó de sus funciones esenciales? ¿Puede un Estado enormemente deficitario seguir financiando dependencias que no sirven para nada?

Llama la atención las prioridades del Gobierno en todos los sentidos. Distraído en crear una situación en la que prevalece la impunidad, no se advierte preocupación en cambio en la catastrófica situación de la economía, que la provoca en gran medida la crisis política. Según un estudio del economista Roberto Cachanosky, la brecha actual entre el dólar oficial y el dólar paralelo solo es comparable con las que el país vivió después de la guerra perdida en las Malvinas, con la hiperinflación de los gobiernos de Raúl Afonsín y Menem, y con el terminal colapso nacional de 2001/2002. El estudio de Cachanosky sostiene que en las tres oportunidades anteriores el principal problema era político más que económico. Ahora sucede lo mismo.

Varios economistas sostienen al mismo tiempo que el país se encamina a una inflación anual de tres dígitos (superior al 100 por ciento) y que la escasez de dólares podría terminar en la escasez de productos básicos de consumo. La matriz industrial argentina depende en gran parte de insumos importados. Es así. Si no les gusta a los que proponen vivir con lo nuestro, deberán cambiarla. En el mientras tanto, es probable que una parte de la industria nacional se quede sin esos insumos y que el país deba enfrentar un período en el que faltarán productos esenciales. No será precisamente una contribución para resolver el intenso proceso de destrucción de empleo, que lo admitió el propio Indec.

En medio de semejante contexto, se conocieron pronósticos contradictorios sobre la provisión de electricidad durante el verano. Mientras el Gobierno advierte de que podría haber más cortes que en años anteriores, las empresas eléctricas confían en que la caída de la demanda de los grandes consumidores (industria y comercio), por las restricciones de la pandemia y la recesión, equilibraría el aumento de la demanda en particulares. Esto es: habría suficiente suministro de electricidad, pero no por las buenas razones, sino por las malas. Inflación alta, desempleo creciente, probable escasez de algunos productos, dólar ya sin valor y desalentadores pronósticos sobre la elemental electricidad. Remover jueces y desertar de la persecución de la corrupción no cabe en ninguna prioridad sensata. La Corte Suprema podría, además, hacer su aporte a semejante confusión política e intelectual.

Por Joaquín Morales Solá

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