Un exejecutivo de Odebrecht reclamó por segunda vez que se cierre la causa de los sobornos y la Justicia lo rechazó
Se trata de Marcio Faria Da Silva, uno de los directivos que se arrepintió; la jueza Capuchetti se opuso y la investigación de los gasoductos seguirá avanzando
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LA NACIONNicolás Pizzi
Por segunda vez en apenas unos meses, Marcio Faria Da Silva, un exejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht, pidió ante la Justicia que se cierre la causa que investiga si se pagaron sobornos a exfuncionarios para avanzar con la ampliación de dos gasoductos. El expediente lleva más de 17 años y pasó por varios jueces. Entre los principales imputados aparece el exministro kirchnerista Julio De Vido, que se plegó a esta nueva maniobra.
La defensa de Da Silva pidió la prescripción por el paso del tiempo. El planteo no es nuevo. Hace unos meses, los abogados de exdirectivo de Odebrecht ya habían reclamado que el posible cohecho, que tiene una pena máxima de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). Incluso llegaron a decir que la causa estaría prescripta si se toman las fechas de las transferencias que informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014.
Da Silva viene haciendo planteos en los tribunales argentinos hace varios años y llegó hasta la Corte Suprema. En Brasil se acogió al régimen de delación premiada a cambio de una reducción de su condena. Ahí detalló que la empresa pagó coimas a “agentes públicos” argentinos en los proyectos de ampliación de la red troncal de los gasoductos de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y de Transportadora de Gas del Norte (TGN).
En abril, la jueza Capuchetti, que tiene la causa hace unos meses, rechazó el pedido de prescripción porque uno de los imputados, Cristian Folgar, seguía siendo funcionario como empleado de la Cámara de Diputados, lo que interrumpe la prescripción. En el caso de De Vido, cobró su sueldo hasta diciembre de 2019. Y dos exfuncionarios de CAMMESA, que también están imputados, se desvincularon en 2020 y 2017: Luis Beuret y Julio Bragulat.
En ese momento, la jueza tuvo en cuenta que un tramo de la investigación ya fue elevada a juicio en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles. También valoró que gran parte de la prueba “fue requerida a otros países”, lo que demoró la investigación. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.
El nuevo planteo de prescripción se basa en un informe enviado en agosto por la Cámara de Diputados sobre la situación de Folgar donde se aclara que trabaja como “personal administrativo y técnico” en el despacho de la diputada Margarita Stolbizer. Para la defensa de Da Silva, el cargo de Folgar “carecería de aptitud suficiente para suspender el plazo de prescripción”.
Las defensas de los otros imputados se plegaron a esa maniobra. Incluso el fiscal opinó a favor de cerrar la causa. Pero la Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso argumentando que es el mismo planteo que ya fue rechazado por la jueza y por la Cámara Federal. “El plazo de la prescripción estuvo suspendido desde la ocurrencia de los hechos en octubre de 2014 hasta octubre de 2017, con el desafuero de Julio De Vido y luego, se volvió a suspender a partir de agosto de 2022 con el cargo de Folgar”, destacaron los abogados del organismo anti lavado.
La jueza Capuchetti insistió con su criterio. En el fallo, al que tuvo acceso LA NACION, sostuvo que “no hay dudas sobre el desempeño de determinados imputados en el ejercicio de la función pública”. Y agregó que la normativa que se aplica en esos casos “no distingue entre jerarquías o funciones dentro de la estructura estatal”.
Un caso que lleva más de 17 años
La causa comenzó en 2007 a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y pasó por varios juzgados. El año pasado, el juez Daniel Rafecas sobreseyó a todos los acusados: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado con presuntas coimas en la adjudicación de dos planta potabilizadoras de AYSA. Pero a fin del año pasado, la Cámara revocó ese fallo y le sacó la causa a Rafecas.
Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. Según se investigó, se habrían llevado a cabo a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. En total https://www.lanacion.com.ar/politica/odebrecht-confeso-coimas-de-us25-millones-por-los-gasoductos-nid2131630/
Además de De Vido, están imputados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, Bautista Marchesch, Cristian Folgar, los representantes de CAMMESA (Beuret y Bragulat), y los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.
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