Un juicio de alto voltaje en Rosario: acusan al exjefe de los fiscales por cobro de sobornos

ROSARIO.-Patricio Serjal, el exfiscal Regional acusado de formar una asociación ilícita para encubrir el juego clandestino en la provincia, comenzó a ser juzgado en Rosario, en un proceso que tiene una fuerte incidencia política, ya que en esta causa está imputado como jefe de una asociación ilícita el actual senador peronista Armando Traferri, quien hasta hace una semana participó de la reforma de la Constitución.

Este no es un juicio más, debido a los intereses que están en juego por el peso político de los imputados -además de Serjal está otro funcionario en el banquillo, que se llama Nelson Ugolini-, sino también porque tiene incidencia sobre otros actores y causas, entre ellos el fiscal Matías Edery.

Edery va a ser cuestionado, tanto por su rol en la investigación que derivó en que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti se presentara como arrepentido y en la relación que el funcionario tenía con Mariana Ortigala, una extestigo que terminó presa por extorsión.

El martes declaró que el actual ministro de la Corte Suprema Jorge Baclini, por el rol que tuvo como fiscal general en el momento en el que se desarrolló la investigación sobre juego clandestino. Serjal está acusado de cobrar sobornos de 5000 dólares de parte de Leonardo Peiti, quien declaró como arrepentido y aceptó un juicio abreviado, como también lo hizo el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que era colaborador de Serjal.

En su declaración, Baclini realizó una cronología sobre cómo se enteró de que Serjal estaba siendo investigado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Edery. En ese relato, el actual ministro de la Corte contó que después de que Peiti admitiera que pagaba sobornos a dos fiscales para evitar que le abrieran una investigación, Serjal presentó su renuncia.

El exjefe de fiscales destacó también que la declaración de Peiti duró varias horas y fue reveladora para la Fiscalía. “Dijo que pagaba cuatro o cinco mil dólares mensuales, mencionó a Gustavo (Ponce Asahad) y a Patricio (Serjal). Cuando terminó, lo llamé a Serjal y le conté. Me ofreció su renuncia, eso fue un viernes al mediodía. Al otro día, la firmó”, indicó.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y cinco contra Ugolini. En la primera jornada del juicio, los abogados Ignacio Carbone y Renzo Biga plantearon que Serjal fue condenado antes de que comenzara el juicio. “La condena fue mediática”, afirmaron. El exfiscal estuvo preso casi un año y medio, en plena pandemia, en el Order, y logró salir de la prisión después de que se detectara un fuerte deterioro en su salud, debido a una fuerte depresión.

Serjal siempre rechazó la posibilidad de sellar un juicio abreviado y admitir su culpabilidad, porque se consideró inocente, según explicaron desde su entorno. Por eso, decidió que el caso llegue a juicio y que su defensa exponga las pruebas que, de acuerdo a su visión, determinan que el exfuncionario no tuvo nada que ver con el cobro de los sobornos.

El exfiscal Ponce Asad, que era un hombre cercano a Serjal dentro del MPA, admitió en una declaración como arrepentido el cobro de coimas de parte del senador Traferri, que le garantizaban, en teoría, que Peiti no iba a tener complicaciones judiciales, en momentos en que tenía aspiraciones a quedarse con el manejo del juego online legal. Si se abría una investigación en su contra, no tendría chances de llegar a tener la concesión del juego, algo que nunca ocurrió.

El fiscal José María Caterina, que interviene en este juicio como acusador, junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, señaló que en el debate, que se extenderá por unas tres semanas, van a intentar demostrar “cómo se fue brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino que también tenía nervaduras políticas por parte de civiles, empresarios y demás personas que lamentablemente no todos han podido llegar a este juicio ahora”.

Este juicio será clave para un capítulo que se abrirá en un futuro cercano, que tiene como protagonista a Traferri. Si la fiscalía logra una condena contra Serjal y el tribunal admite que se trató de una trama de corrupción, que incluyó a fiscales en ejercicio, como Serjal y Ponce Asahad, el senador estará en una situación complicada cuando la causa llegue a juicio. Pero si sucede lo contrario, que la defensa de Serjal logra convencer a los jueces de que hubo maniobras irregulares para obtener pruebas y testimonios, como el de Peiti, el legislador de San Lorenzo respirará aliviado.

Traferri fue imputado como jefe de una asociación ilícita en octubre del año pasado. Las acusaciones fueron desplegadas por los mismos fiscales que acusarán a Serjal en este juicio.

La defensa del exfiscal Regional planteó que no contó con pruebas claves, que se negaron a suministrarle en el MPA, como la pericia del teléfono Xiaomi que pertenecía a Mariana Ortigala, y que tampoco lograron acceder a la información que tiene el Smartphone de Edery, que está siendo investigado por fiscales de la ciudad de Santa Fe, por la relación inapropiada que tenía con esta mujer, que actualmente está detenida por llevar adelante extorsiones en nombre de la banda de Los Monos.

“Lo preocupante para esta defensa es que a la fecha no hemos podido obtener la evidencia en cuestión”, plantearon Carbone y Biga en una serie de escritos que presentaron antes del juicio.

“El pedido de esta defensa no radica simplemente en haber sido Edery, el fiscal en la causa contra Serjal, sino que, particularmente en el marco de la investigación llevada a cabo contra nuestro asistido es donde se habrían llevado a cabo todas – o gran parte – de las conductas ilícitas imputadas al fiscal Edery. El derrotero de esta defensa en procura de acceder a la evidencia se ha vuelto un “laberinto” procesal que nos lleva a una “encerrona jurídica”, privando a un justiciable el legítimo derecho de defenderse, bajo el argumento evasivo que este otro fiscal en mejores condiciones para recibir nuestro planteo”, afirmaron los abogados de Serjal.

Desde un principio Traferri argumentó que la causa, en la que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti declaró que pagó 250.000 dólares para apoyar al peronismo en la campaña electoral, fue armada por Marcelo Saín, quien fue ministro de Seguridad y estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones del MPA. Dijo además que Schiappapietra y Edery eran una especie de brazo judicial de Saín. Afirmó, además, que cuando estos dos funcionarios fueran corridos de la causa, él se iba a presentar, algo que ocurrió en octubre de 2024. En esa audiencia, el fiscal Caterina lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita.

Peiti confirmó en diálogo con este periodista hace unos meses que pagó esa suma y que su objetivo era que el gobierno de Omar Perotti le diera una modalidad de juego electrónico legal, algo que nunca ocurrió.

Peiti, a la par, habría pagado sobornos a los exfiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Este último admitió su culpabilidad y firmó un juicio abreviado. Serjal niega que él cobrara esa suma de dinero.

Ponce Asahad admitió que Peiti aportaba unos 5000 dólares por mes para que si aparecía una causa en su contra le avisaran. Necesitaba estar “limpio” para quedarse con el juego online oficial. Además, le entregó a Los Monos salas de juego clandestino en concepto de las extorsiones que recibía de la banda criminal. Los Cantero le exigían 500.000 dólares y un canon de 30.000 dólares por mes.

Por Germán de los Santos

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