Una división en el FPV complicó la aprobación del presupuesto bonaerense

LA PLATA.- El gobierno de María Eugenia Vidal llevaba adelante anoche una dura negociación con los bloques opositores para lograr la aprobación del proyecto de presupuesto para 2016, que prevé gastos por $ 354.000 millones, y que incluiría una autorización para contraer deuda por $ 60.000 millones.

El debate se había empantanado durante la jornada, a raíz de una división en el bloque del Frente para la Victoria (FPV), donde un sector se negaba a autorizar un endeudamiento superior a los $ 30.000 millones. Las gestiones del titular de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini (Frente Renovador) habrían contribuido a destrabar la situación.

La intención del gobierno de Vidal era que el proyecto de presupuesto, que anoche a las 23.30 todavía se negociaba en la Cámara de Diputados, sea girado al Senado y aprobado en la misma madrugada.

Durante la jornada se habían endurecido las posiciones en el FPV, donde nadie quería facilitar el quórum para aprobar el presupuesto, cuyo proyecto original permitía un endeudamiento por $ 90.000 millones.

Con el correr de las horas las discusiones cobraron fuerza en el seno del bloque kirchnerista, ya que nadie se ponía de acuerdo en el número final de la autorización para endeudarse.

En algunos portales de noticias se mencionaba, incluso, una posible fractura en el bloque del FPV compuesto por 36 diputados. De éstos, unos 12 conformaban un subgrupo liderado por el diputado Walter José Abarca. El otro subbloque, de 24 legisladores, habría estado comandado por José Ottavis. Sin embargo, el diputado Fernando "Chino" Navarro negó que exista una división en el seno del bloque kirchnerista.

"No hay ninguna fractura. Hay dos posiciones: unos pretenden que el endeudamiento que tome la provincia sea de unos $ 30.000 millones y otros son un poco más flexibles. Por eso, ahora entramos en un cuarto intermedio en el bloque. La situación es compleja", dijo "Chino" Navarro a LA NACION.

Para ser aprobado, el endeudamiento necesitaba contar con el voto de los dos tercios de la Cámara de Diputados. Hasta anoche, Vidal había logrado reunir 52 diputados entre sus propios legisladores, los del Frente Renovador (FR) y los del Frente Amplio Progresista. Las negociaciones contrarreloj continuaban para lograr la presencia del FPV en el recinto.

Al cierre de esta edición, los principales bloques discutían sentarse a debatir en la comisión de Labor Parlamentaria. Sarghini acordó con los justicialistas Abarca y Ottavis revisar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y fijar en $ 60.000 millones el monto permitido para que el gobierno bonaerense pueda endeudarse en 2016.

Leyes con urgencia

La sesión había sido convocada a las 14 y. además del tratamiento del presupuesto, tenía la finalidad de aprobar un paquete de proyectos entre los que se incluyen la ley impositiva y otras para declarar las emergencias en infraestructura, en seguridad y en el Servicio Penitenciario de la provincia.

Estos últimos tres proyectos dotarán a la gobernadora, durante un año, de facultades extraordinarias para hacer compras directas sin licitación (por ejemplo, de patrulleros, armas, indumentaria policial, accesorios para seguridad), así como para promover designaciones y transferencias con el fin de regularizar la situación de cada área.

En el área del Servicio Penitenciario, alcanzado por la escandalosa fuga de tres de los cuatro condenados por el triple crimen de General Rodríguez, varios organismos de derechos humanos se opusieron públicamente al dictado de la emergencia carcelaria.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) declaró que este tipo de medidas no han resuelto los problemas que hace años afectan al sector. Y la Comisión Provincial por la Memoria exigió que, más que este tipo de emergencia, "se diseñen políticas serias y adecuadas que trabajen para terminar con las graves violaciones de los derechos".

Entre los bloques también habría un principio de acuerdo para aprobar el proyecto impulsado por el líder del FR, Sergio Massa, que frena las elecciones indefinidas de los intendentes y limita a dos períodos consecutivos el acceso a los gobiernos municipales.