Una movilización reclamó depurar la Justicia y la destitución del juez Rodríguez

Al reclamo de justicia se sumó la aprobación de la extinción de dominio
Al reclamo de justicia se sumó la aprobación de la extinción de dominio
Los manifestantes marcharon al Consejo de la Magistratura para exigir auditorías sobre los tribunales sospechados
Mariano Obarrio
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1 de marzo de 2019  

Un conjunto de agrupaciones judiciales, civiles y económicas lideradas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires , que dirige Guillermo Lipera, emitió anoche ante unas 5000 personas, frente al Consejo de la Magistratura, un reclamo enérgico y unánime para que ese órgano acelere las auditorías en todos los juzgados federales y lleve a juicio político a los principales jueces sospechados de mal desempeño o posible corrupción.

"Esta es una voz impaciente y asqueada de la ciudadanía contra el delito impune", comenzó el filósofo Santiago Kovadloff, el primero de los oradores de la noche y el más contundente en sus afirmaciones.

En esa línea, a voz en cuello, exhortó a luchar contra "los delincuentes que se amparan en sus cargos judiciales para enmascarar lo que son: ladrones y corruptos". Las miles de personas que asistieron acompañaron cada frase con una ovación.

Le siguieron a Kovadloff la presidenta de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest; el constitucionalista Daniel Sabsay; el abogado Ricardo Monner Sans, y el propio Lipera. Todos los discursos fueron encendidos y apelaron al sentimiento de bronca y hartazgo de la gente por la corrupción y la impunidad.

"Los jueces corruptos tienen que quedar fuera de la Justicia y hay que recuperar lo robado", exclamó Lipera. "Nosotros vamos a ayudar al Consejo de la Magistratura", ironizó.

Cohen Agrest señaló que existe "una conexión entre el juez corrupto que absuelve por dinero y los jueces abolicionistas que absuelven por ideología", porque "ambos defraudan el concepto de justicia".

Sabsay se lamentó de que "a los argentinos nos identifiquen como a una banda de corruptos" y dijo que el concepto de "organismo técnico e independiente del Consejo fue una poesía, nos metieron el perro". Cuando nombró a la expresidenta Cristina Kirchner se produjo la silbatina más atronadora.

En tanto, Monner Sans señaló: "Empezamos a marchar por fuera de los tribunales para que los tribunales sean la representación de la Nación Argentina".

El palco se montó sobre la calle Viamonte. Toda la cuadra, entre el Teatro Colón y el Consejo de la Magistratura, en Libertad 731, se llenó de gente que reclamaba justicia a la voz de "nunca más" y al canto de "delincuentes, delincuentes".

Predominaban los carteles con los rostros de Cristina Kirchner y del juez federal Luis Rodríguez , acusado de cobrar una coima de ocho millones de dólares por Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz , exsecretario privado de Kirchner y acusado de lavar 70 millones de dólares en diversos movimientos financieros e inmobiliarios en Estados Unidos.

Precisamente, la acusación sobre Rodríguez, más los pedidos de juicio político que pesan sobre él en el Consejo, fue el disparador de la marcha de anoche que terminó con la entonación del Himno Nacional.

La convocatoria del Colegio de Abogados tuvo las adhesiones de 27 agrupaciones, entre ellas Será Justicia, Aacrea (agro), ACDE (empresarios cristianos), ABA (bancos), Amcham (cámara americana), Coninagro (campo), IDEA (empresas), SRA (Sociedad Rural) y las fundaciones Carlos Pellegrini, Federalismo y Libertad y Libertad y Progreso.

Predominaron los dirigentes políticos de la Coalición Cívica, como Marcela Campagnoli, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin, Mariana Zuvic, el radical Luis Brandoni, y el exfuncionario porteño larretista Darío Lopérfido. También asistieron la periodista Fanny Mandelbaum, la escritora Silvia Plager; el presidente de la Rural, Daniel Pellegrina; el empresario Juan Carlos Blumberg, y varios empresarios.

Uno de los organizadores confió a LA NACION que la marcha buscó concientizar sobre la necesidad de reanudar las auditorías del Consejo de la Magistratura a todos los juzgados federales, porque la primera que se hizo arrojó resultados significativos: los trámites de instrucción son lentos, de tres años y medio promedio antes de pasar a juicio. Decenas de causas tienen más de diez años y otras tantas, veinte.

"El caso de Rodríguez fue un disparador, porque nosotros dijimos que si se seguía el juicio político con la auditoría que se le había hecho ya lo hubieran echado por las irregularidades que se encontraron en las causas que manejaba", dijo a LA NACION un representante de una de las ONG del derecho. "Ahora pedimos que sigan y ante cada anomalía vayan al juzgado, que no se queden a mitad de camino", señaló. También reclamó que se abra un portal de internet y se digitalicen todas las auditorías. Las agrupaciones reclaman que de los 45 juzgados nacionales ordinarios se conviertan 30 en federales y se vuelvan a sortear los expedientes, para oxigenar las causas.

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