Volvió a la Corte el expediente de Machado: el tribunal está en condiciones de resolver si lo extradita a EE.UU.
La causa fue devuelta por el juez federal de Neuquén, que tal como le había ordenado la Corte, le preguntó a la Justicia de Texas si era cierto que un fallo de allá hacía caer la acusación contra Machado; EE.UU. volvió a reclamar que le envíen a su acusado
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El expediente de la extradición de Federico “Fred” Machado promovido por los Estados Unidos volvió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe resolver si confirma que, tal como sostuvieron la justicia federal neuquina y el procurador Eduardo Casal, el envío de Machado a ese país es “procedente”.
El expediente fue devuelto ayer a la Corte por el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.
Machado está acusado de delitos ligados a narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Ayer se confirmó que desde una cuenta ligada a él se le transfirieron 200.000 dólares a José Luis Espert, el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza para las próximas elecciones. Espert admitió el cobro y dijo que fue por un trabajo que hizo para una minera guatemalteca que, según los medios de ese país, pertenece a Machado. Pese a la conmoción que generó la noticia, Javier Milei ratificó la candidatura de Espert.
Machado está preso desde el 16 de abril de 2021, cuando lo detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la ciudad de Neuquén a pedido de Estados Unidos. Un día después, el juez Villanueva dispuso su arresto preventivo. Desde entonces, está preso a la espera de que se defina si lo extraditan. Cumple arresto domiciliario en Viedma.
El 12 de abril de 2022, Villanueva, titular del juzgado federal 2 de Neuquén, declaró “procedente la extradición” de Machado, que recurrió ese fallo. El 4 de abril de 2023, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de la extradición y el caso quedó en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema, que dos años y cuatro meses después -el 21 de agosto pasado- volvió a remitir el caso al juez de Neuquén.
Se lo envió porque la defensa de Machado había presentado un escrito, el 29 de noviembre del año pasado, en el que había alegado que una sentencia en favor de la hija de Debra Mercer-Erwin (la socia de Machado, que está condenada) en los Estados Unidos podría hacer caer las acusaciones de “conspirancy” contra él. El abogado de Machado es Francisco Oneto, el abogado personal del presidente Javier Milei.
La Corte le indicó al juez de Neuquén que, vía la Cancillería, le pidiera a la justicia estadounidense que le informara sobre el fallo que supuestamente, según Oneto, ponía en jaque los argumentos para la extradición.
Fuentes judiciales informaron a LA NACION que Villanueva cumplió con lo encomendado y ayer recibió la respuesta de Estados Unidos, que insistió con el pedido de extradición y dijo que nada había cambiado para Machado. Ayer mismo, con esta respuesta, el juez de Neuquén volvió a enviar el expediente a la Corte, que ahora está otra vez en condiciones de resolver, ratificaron fuentes del máximo tribunal.
Con este recurso, Oneto ya consiguió demorar casi un año el trámite de la extradición de Machado. El abogado ya había presentado en este expediente cantidad de planteos de nulidad contra el avance del proceso, que fueron todos rechazados.
La decisión de Milei
En toda extradición la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, a quien la ley le concede la “decisión final”. En este expediente se da una situación particular dado que el hombre que pide Estados Unidos comparte abogado con el Presidente.
En caso de que la Justicia declare improcedente el pedido, esa es una decisión definitiva y la Cancillería se limita a comunicarla al país que pidió la extradición. En cambio, si la Justicia resuelve favorablemente la solicitud, la Justicia (en este caso, la Corte) debe remitirle a la Cancillería el expediente judicial completo, para que el Poder Ejecutivo resuelva de manera definitiva la concesión o no de la extradición, dentro de los diez días hábiles siguientes.
Para rechazar el pedido, el Poder Ejecutivo podría alegar, según la ley, “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.
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