Abren en la villa 31 tres casas en las que se vendían drogas para darles un uso social

A las 11.30, los cocineros del restaurante Leyla preparaban los platos del almuerzo mientras escuchaban a todo volumen música caribeña. La comitiva de policías de la Federal y de funcionarios judiciales y porteños caminaba por los angostos pasillos, pero los vecinos de la villa 31 continuaban con sus rutinas. Sólo un niño dejó de jugar y preguntó qué pasaba. No le respondieron. Un uniformado pidió prestados un martillo y una maza y comenzó a dar golpes en el portón verde de una casa hasta que pudo abrirlo.

Entraron y revisaron el lugar, conocido como "el corralón de Tarzán", que hasta el mes pasado era un puesto de almacenamiento y venta de marihuana y donde, por decisión judicial, en los próximos meses deberá funcionar un centro de desarrollo laboral del gobierno porteño.

"El corralón", también conocido como "Disco Tarzán", está en la manzana 109 de la villa de Retiro, en el Playón Este. Era, según fuentes judiciales, un punto neurálgico manejado por la banda de Los Sampedranos, integrada por narcos paraguayos oriundos de la ciudad de San Pedro, acusada de haber protagonizado una sangrienta guerra con otras organizaciones criminales por el control del negocio de las drogas.

El lugar fue uno de los varios inmuebles allanados el 7 de abril pasado por la Policía Federal en una investigación del fiscal federal Jorge Di Lello y el juez federal Ariel Lijo. Desde ese día hay en la villa 31 más de 350 uniformados, las 24 horas.

Ayer, además del "corralón de Tarzán" fueron abiertas otras dos propiedades que habían sido clausuradas durante los allanamientos del mes pasado: "Lo del tuerto Fabio" y la "Casa del Pueblo", que fueron entregadas a las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo) de la Procuración General de la Nación y a la Secretaría de Integración Social y Urbana del gobierno porteño, respectivamente. Fue una decisión del juez Lijo, a instancias de un pedido del fiscal Di Lello.

"Solicito que una vez finalizadas las labores requeridas [allanamientos y otras diligencias judiciales] se analice la posibilidad de llevar a cabo cautelarmente la entrega de las edificaciones que así lo permitan a las instituciones gubernamentales cuyo compromiso de trabajo en conjunto se ha recabado con el objeto de lograr la permanencia del Estado y permitir su expansión y desarrollo en el barrio para poder frenar el avance de otras organizaciones criminales que se disputan el territorio por su estratégica ubicación", había fundamentado el fiscal Di Lello en su pedido, al que tuvo acceso LA NACION.

Los responsables del programa Atajo, que depende de la Dirección General de Acceso a la Justicia, instalarán una "biblioteca popular de derechos" para los vecinos. Funcionará de lunes a viernes, de 9 a 16.

"El objetivo es construir espacios comunitarios y vincular a los vecinos. La intención es dictar talleres de derechos, proyectar películas y trabajar mucho con los adolescentes", explicó a LA NACION el fiscal Julián Axat, director general de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación.

Mientras Axat conversaba con colaboradores del equipo del fiscal Di Lello y personal de la Policía Federal, un vecino y un comerciante se acercaron a la comitiva para hacerles un pedido especial: quitar una reja que los narcos habían instalado y que impedía el paso de un pasillo a otro dentro del asentamiento. Quieren recuperar, ellos, la libertad de circulación en su barrio.

"Los narcos usaban los pasillos para beneficio propio y como control del territorio", dijo un funcionario del equipo de Di Lello que participó ayer de la entrega de los inmuebles.

Alberto, el vecino y comerciante que se animó a pedirles a los funcionarios que sacaran la reja colocada en la manzana 105 por los narcos, dijo a LA NACION que desde los allanamientos del mes pasado están mucho mejor. "Ahora podemos trabajar tranquilos y sin miedo", relató, mientras le pedía prestada a un conocido una amoladora para que la policía pudiera cortar la reja.

Promover el estudio

Según fuentes de la Secretaría de Integración Social y Urbana porteña, en la "Disco Tarzán" y en la "Casa del Pueblo" funcionarán un Centro de Desarrollo Laboral (Cedel) y un Centro Educativo para Adultos, respectivamente.

"Según los censos disponibles, el 76% de las personas que viven en la villa 31 no terminó el secundario. Nuestra intención es acercarles oportunidades para que puedan estudiar. La educación y el trabajo son la contracara de las drogas", dijeron fuentes de la Secretaría de Integración Social y Urbana.

El lugar conocido como "Casa del Pueblo", situado en la casa 37 de la manzana 105, no era un puesto de venta de los "Los Sampedranos": se trata de un sitio, según fuentes judiciales, que regenteaba la banda rival de los paraguayos de San Pedro. Ese grupo era presuntamente liderado desde la cárcel por el peruano César Morán, alias "el loco César", condenado en 2012 por un homicidio dentro de la villa que se ahora el Estado intenta pacificar.