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Agostina, el crimen que nos expone: la dimensión real del asesinato de una niña
El homicidio de la adolescente, como tantos otros, interpela y expone fallas en todos los niveles de la vida en sociedad
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Hay algo que necesitamos decir sin rodeos: Agostina no era una “menor”. Era una niña. Una adolescente. Una vida que recién empezaba a desplegarse.
El derecho, muchas veces, se apoya en categorías necesarias para ordenar los hechos: “víctima”, “homicidio”, “menor de edad”. Pero hay situaciones en las que ese lenguaje técnico queda corto, casi impotente. Porque no logra transmitir la dimensión real de lo ocurrido. Ese lenguaje no alcanza para nombrar lo que significa que una niña de 14 años sea asesinada.
Agostina no era un concepto jurídico: era una historia en construcción, una biografía abierta, una posibilidad. Y cuando esa posibilidad es interrumpida de manera violenta, no estamos solo ante la pérdida de una vida: estamos frente a algo más profundo, más incómodo, más estructural.
El cuerpo de una niña asesinada no es únicamente la consecuencia de un delito. Es también un mensaje. Un mensaje que no se grita, pero que se impone; habla de desigualdad, de poder, de sometimiento. Habla de alguien que decidió avanzar hasta el límite extremo de la dominación, anulando no solo una existencia, sino también todo lo que esa existencia podía llegar a ser.
En estos casos el cuerpo deja de ser solo cuerpo para convertirse en territorio. Un territorio invadido, apropiado, controlado. Y ese acto (que el derecho tipifica en ocasiones como homicidio agravado) adquiere, en el plano social y simbólico, otra dimensión: funciona como una forma brutal de disciplinamiento. No es solo contra ella. Es contra lo que ella representa.
Porque una niña encarna algo más que su propia individualidad. Representa confianza. Representa la expectativa de cuidado. Representa la idea de que hay un mundo adulto que protege, que contiene, que no daña. Cuando esa expectativa se quiebra, lo que se rompe no es solo una vida; es el pacto básico sobre el que se sostiene cualquier sociedad.
Por eso, reducir estos hechos a su encuadre penal es insuficiente. Claro que es imprescindible analizar las agravantes, determinar si hubo violencia de género, si estamos ante un femicidio o alguna de sus variantes. Pero hay preguntas que no caben en un expediente o en un legajo judicial. Preguntas que nos interpelan como sociedad.
¿Cómo es posible que sigamos llegando a estos escenarios? ¿En qué momento dejamos de advertir las señales? ¿Por qué seguimos tolerando entornos donde una niña puede ser captada, vulnerada y finalmente asesinada?
El caso de Agostina (como tantos otros) nos obliga a mirar lo que muchas veces preferimos evitar ver: relaciones profundamente desiguales, contextos inseguros y, sobre todo, fallas graves en los sistemas de protección. Fallas que no son abstractas, sino concretas. Fallas de adultos. Fallas del Estado. Fallas colectivas.
Y junto con esa interpelación aparece un riesgo que no podemos ignorar; el de la naturalización. El de convertir el horror en una noticia más, en un dato que circula, impacta por un momento y luego se diluye. Ese es, quizás, uno de los peligros más grandes.
Porque cada vez que banalizamos un hecho así, algo se degrada en nosotros. Cada vez que lo dejamos pasar sin una reflexión profunda, sin un compromiso real, estamos aceptando (aunque no lo digamos) que estas tragedias pueden seguir ocurriendo.
Cuando una niña es asesinada, no es solo ella quien pierde la vida. Es la sociedad la que se resquebraja. Es la humanidad la que retrocede.
Nombrarla como lo que era (una niña) no es un detalle semántico. Es una forma de resistencia. Es negarse a que el lenguaje diluya la gravedad de lo sucedido. Es insistir en que detrás de cada causa judicial hay un rostro, una historia, una vida que merecía ser vivida. Pero también es una advertencia.
Porque si seguimos tratando estos hechos como episodios aislados, como excepciones desafortunadas, vamos a seguir reaccionando tarde. Y cuando se trata de niñas y adolescentes, llegar tarde no es una opción. Es siempre una tragedia anunciada.
- El doctor Rodrigo Morabito es juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca; profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca; miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal; miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus); miembro de Ajunaf; miembro de la Red de Jueces de Unicef; miembro del Comité Panamericano de Jueces y Juezas de la República Argentina por la doctrina franciscana (Copaju); miembro de la Red de jueces y juezas penales de la República Argentina
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