Caso Dalmasso. Presentan la acusación contra tres fiscales y comienza un proceso inédito por sus características
En Córdoba nunca tres funcionarios judiciales fueron enjuiciados por la misma causa; el 28 de mayo deberá dictarse la sentencia
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Este miércoles el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, hará la presentación oficial de la acusación contra tres de los fiscales que actuaron en el caso del femicidio de Nora Dalmasso. Con la llegada del expediente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial provincial se pone en marcha un cronograma que debe finalizar el 28 de mayo con la sentencia. Si no se cumple, se cae el proceso.
El jury de enjuiciamiento es contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes actuaron entre el 26 de noviembre de 2006, cuando la mujer fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra Marcelo Macarrón, el viudo, por ser el supuesto ideólogo del crimen.
En diálogo con LA NACION, Delgado −quien en marzo deja su puesto− afirmó: “Es una situación compleja, difícil, con un resultado lamentable, no querido por todas las personas que trabajamos en la Justicia. Fue un fracaso el resultado de la investigación para la familia y para la gente que confía de la Justicia. Ahora se determinará si hubo responsabilidades, en qué grado, si hubo mal desempeño, si hubo negligencia. Nosotros consideramos que sí, por eso acusamos”.
Para Córdoba es un hecho sin precedentes que tres fiscales sean sometidos conjuntamente a juicio político por una misma causa. La familia Macarrón los denunció, a través de sus abogados, por “negligencia grave" y los acusó de no verificar rastros genéticos que vinculaban al parquetista Roberto Bárzola con la escena del crimen, pruebas que surgieron años después.
La familia también espera la resolución de la apelación que presentaron por el sobreseimiento de Barzola, quien trabajaba en la casa de Río Cuarto cuando se produjo el femicidio. En octubre pasado la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de segunda nominación de Río Cuarto decretó el sobreseimiento total por prescripción.
En lo que hace al jury, el 4 de diciembre pasado, el Jurado de Enjuiciamiento que integran los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Walter Gispert (Frente Cívico) y Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical), y Aída Tarditti en representación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), resolvió por unanimidad admitir formalmente la denuncia.
Con la presentación de Delgado comenzarán a correr los 60 días hábiles previstos por la ley para la lectura de la sentencia. En los primeros diez hábiles los acusados pueden hacer sus descargos y presentación de pruebas; dentro de los tres siguientes el Jury fija la primera audiencia de debate, a partir de la cual les toma declaración a ellos si lo considera pertinente y a los testigos.
Las actuaciones
Di Santo fue el primer fiscal y dejó el caso en 2015. Cuando lo hizo reivindicó su actuación al frente de la investigación. “Puesta en sospecha mi imparcialidad con la interposición de una denuncia […], en miras a garantizar su total transparencia, me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado al homicidio de Nora Raquel Dalmasso”, planteó, después de que el Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto pusiera en duda su actuación.
En su actuación tuvo a tres imputados al mismo tiempo: Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón; todos estaban acusados de asesinar a Nora Dalmasso, aunque por diferentes motivos. Sobre el primero pesó una “sospecha leve” por haber sido amante de la víctima. En el juicio al viudo dijo que esa versión fue armada para “inculparlo”.
Zárate, quien estaba haciendo un trabajo de pintura en la casa de Dalmasso, fue detenido y la comunidad de Río Cuarto se movilizó para defenderlo. La marcha quedó en la memoria popular como “el Perejilazo”. Ahora está preso por haber matado a un hombre a golpes.
Cuando Zárate fue liberado, Di Santo enfocó sus sospechas en el hijo de la víctima. Facundo Macarrón quedó en la mira porque el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer y en el cinto de la bata era de un Macarrón. Fue imputado en junio del 2007, pero no quedó preso porque el mismo fiscal entendió que no había pruebas suficientes. En 2012 fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz.
A Di Santo le siguió el fiscal Miralles, quien en marzo de 2016 imputó al viudo, Marcelo Macarrón, por el homicidio sobre la base de las pruebas de ADN; creía que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, había mantenido relaciones con su mujer y la había matado. Y que después, volvió a Uruguay a jugar al golf y ganó el torneo.
En 2017 Miralles renunció después de que la defensa de Macarrón pidiera su apartamiento. “La presencia genética del imputado es muy grande en la escena del crimen, lo que lo coloca como el principal sospechoso”, dijo, horas antes de dejar el caso.
En setiembre de 2019, fue Pizarro el que elevó la causa a juicio. Un año antes había agravado la acusación contra el viudo. Sostuvo que había sido el instigador del crimen y que había contratado a alguien para que matara a su esposa. Así, Marcelo Macarrón llegó al proceso por jurados populares imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria.
En julio de 2022 un jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón. La Justicia reconoció a la mujer como “víctima de violencia de género”, pero el crimen quedó impune. El dictamen no podía ser otro después de que, en el proceso, el fiscal de Cámara Julio Rivero dijo que no había elementos para acusar al viudo.
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