Cayeron un 72% las denuncias por robos violentos en la provincia durante la cuarentena

Crédito: Policía Bonaerense
Belisario Sangiorgio
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15 de abril de 2020  • 12:51

El aislamiento social obligatorio trajo aparejado un marcado descenso en las estadísticas delictivas de la provincia de Buenos Aires. Durante las últimas tres semanas de cuarentena se iniciaron entre 120 y 150 investigaciones diarias por robos violentos, según informaron fuentes de la Procuración General a LA NACION. La caída en los guarismos con respecto al mismo periodo del año pasado ronda el 72 por ciento.

El registro más bajo, de 120 por día, en promedio, corresponde a la primera semana del aislamiento. En consonancia con el aumento general de la circulación de vehículos y personas - en ocasiones, en infracción a las disposiciones del DNU 297/2020 y sus relativos-, el número de asaltos también creció con el correr de los días; por ejemplo, la semana pasada el promedio diario trepó a 150 casos. Los distritos judiciales de La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y San Martín son los que presentan la mayor cantidad de casos.

Según los datos de la Procuración General, entre el 20 de marzo y el 12 de abril de 2019 se iniciaron al menos 500 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) diarias por casos de robos violentos, con un total, para las tres semanas, de 10.667 causas. Este año, en el mismo periodo, fueron 2955 expedientes iniciados por delitos contra la propiedad calificados.

Las denuncias generales por delitos cometidos en la provincia se redujeron en las últimas tres semanas un 58% con relación al mismo período del año pasado. En el conteo entre el lunes 23 de marzo y el domingo 12 de abril se registraron 23.770 IPP, cuando en igual plazo de 2019 se abrieron 57.042 causas. La semana anterior, la del 16 al 23 de marzo (la cuarentena se inició el 20) ya había experimentado una baja del 28% en comparación con idéntico periodo del año anterior.

El departamento judicial Lomas de Zamora es el que más IPP abrió (4324), mientras que Necochea tuvo la menor cantidad de causas: 202.

Recientemente, para afrontar el despliegue de seguridad que imponen las contingencias propias de una pandemia como la del Covid-19, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó la incorporación de 9000 agentes de la reserva.

Durante la primera semana del aislamiento obligatorio el Ministerio Público inició 840 causas por robos violentos; la segunda semana se abrieron 1062 expedientes y la tercera, 1053. Uno de los episodios más resonantes de este listado ocurrió en Pergamino, el 29 de marzo, cuando una decena de sujetos enardecidos intentaron derribar las cortinas de un supermercado para saquearlo. Los dueños del establecimiento lograron evitar la intrusión y nueve sospechosos del "ataque tipo piraña" fueron detenidos tras un impactante operativo de la policía bonaerense.

Una de las novedades relativas a estas IPP es que algunos fiscales tomaron el contexto del aislamiento como un elemento central para agravar las acusaciones contra los autores de los robos, apelando a la figura del "robo calamitoso", que es aquel en el que el autor aprovecha una situación de conmoción que deriva en una mayor indefensión para las víctimas.

Entre los casos más destacados figura el que ocurrió el 2 de este mes en el barrio Estafeta, de Chapadmalal. Ese día, tres sujetos entraron en una casa y sometieron violentamente a una pareja para robarles dinero y dos teléfonos. Uno de los presuntos asaltantes, Franco Saín, de 21 años, fue atrapado en Miramar. El fiscal Mariano Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en robos calificados, lo acusó de "robo calamitoso", que prevé una pena de hasta 10 años de prisión. "Considero que con una cuarentena obligatoria dispuesta en todo el país, una persona que comete un delito contra la propiedad se está aprovechando de un mayor estado de indefensión que tiene toda la comunidad por esta situación de pandemia", dijo Moyano.

Fuera de esta estadística, pero demostrativo del tipo de delitos violentos que, a pesar de la cuarentena, persisten en la provincia de Buenos Aires, está el que se registró ayer en el barrio semicerrado Los Robles del Monarca, de la localidad de La Lonja, en Pilar. En una casa de esa urbanización, el contador Fabián Graff, de 54 años, fue baleado en el abdomen por un delincuente que se internó en la vivienda durante la madrugada con fines de robo.

Violencia de género

El documento elaborado por los especialistas en datos del Ministerio Público también informa sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan cientos de mujeres víctimas de maltratos y agresiones en medio de la pandemia. Durante las tres semanas de aislamiento obligatorio se iniciaron al menos 100 causas diarias originadas en denuncias por violencia de género.

El registro más bajo corresponde a la última semana, cuando se judicializaron 711 casos. Durante la primera semana de cuarentena se abrieron 150 expedientes por violencia contra las mujeres; para ese mismo periodo de 2019 se registraban 278 investigaciones diarias.

En el contexto de la cuarentena, desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación se informó que "las situaciones de aislamiento social forzoso pueden derivar en un aumento de los casos de violencias por motivos de género", por lo que resaltaron que se encuentra habilitada la línea 144, "un dispositivo gratuito de atención telefónica orientado a brindar contención, información y asesoramiento en situaciones de violencia".

Aunque la ministra nacional del área, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó ante el Congreso que no se registró un aumento en la cifra de femicidios durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cierto es que en ese periodo hubo al menos siete homicidios motivados por cuestiones de género.

El primero se produjo el 21 de marzo pasado, cuando Susana Melo, de 57 años, fue encontrada asesinada a golpes en un camino vecinal ubicado en cercanías del kilómetro 7 de la ruta 252, en Ingeniero White, partido de Bahía Blanca. Por el femicidio fue detenido su ex, Raúl Gregorio Acosta, de 49.

Uno de los casos más conmocionantes fue el de Cristina Iglesias, de 40 años, y su hija Ada, de 7, que fueron asesinadas a cuchilladas y enterradas en el patio trasero de la casa en la que vivían, en Monte Chingolo, partido de Lanús. Lo hizo el novio de la mujer, Abel Romero, de 25 años, que abrumado por las pruebas, confesó el doble crimen.

María Florencia Santa Cruz, de 30 años, hija de un comisario mayor retirado de la policía bonaerense, fue violada y estrangulada el último día de marzo en Rincón de Milberg, a metros de la última salida del Acceso Tigre. Por ese femicidio está detenido Santiago Ezequiel Hernández, de 32 años.

El 2 de este mes, Romina Videla, de 37 años, murió al cabo de seis días de agonía, con el 80% de su cuerpo quemado, cuando la casa en la que dormía con sus seis hijos, en La Plata, fue incendiada por su exmarido, Héctor Carrizo, de 60 años, que quedó detenido.

Dos días después, Estella Florentín, de 40 años, fue asesinada de un tiro en la frente en una chacra del partido de Ayacucho; el autor del crimen fue su pareja, José Alberto Urtizbiría, de 61 años, quien luego se suicidó de un disparo en la cabeza con la misma carabina calibre.22 con la que había concretado el femicidio.

El lues de la semana pasada, en una casa cercana al Mercado de Frutos de Escobar, María Yusco, boliviana, de 45 años, fue asesinada de cinco puñaladas delante de su pequeña hija por su esposo Jerónimo Cruz, de 60. El femicida, también boliviano, que estaba con prisión domiciliaria, dictada en una causa por trata de personas en Jujuy, se suicidó después de cometer el homicidio.

El más reciente hecho se produjo esta madrugada, cuando el cadáver de Camila Aldana Tarocco, de 26 años, fue encontrado dentro de una bolsa, enterrada a 200 metros de la casa de su expareja, Ariel Alberto González, en La Reja, partido de Moreno. La joven, que tenía dos hijos, de 5 y 7 años, había denunciado por violencia de género, lesiones y amenazas al padre de los niños y presunto femicida, sobre quien también pesaba una causa previa por robo agravado, por lo que tenía dictada una prisión domiciliaria.

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