Violencia de género
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Condenan a cinco años de prisión a un intendente por trata de personas
Se trata de Luis Enrique Rogers, de Lonquimay, La Pampa; también cayeron el subcomisario y el dueño de un prostíbulo; el fallo fue unánime
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LA NACION
El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, fue condenado hoy a cinco años de prisión por participar junto a un subcomisario de la Policía provincial y al dueño de un cabaret de trata de personas con fines de explotación sexual.
En un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa también resolvió aplicarle una multa de 50.000 pesos al subcomisario Carlos Adrián Alanís (43) y el propietario del prostíbulo Good Night, Carlos Eduardo Fernández (43).
Además, los jueces Marcos Aguerrido, José Triputti y Pablo Díaz Lacava condenaron a dos años de prisión en suspenso a Eduardo Mauricio Fernández (45), hermano del dueño del cabaret; y al empleado del local Brian Martín Saxs (25) como "partícipes secundarios".
Según el tribunal, el intendente Rogers (67) y el subcomisario Alanís fueron "partícipes necesarios" del delito de "trata de personas con fines de explotación sexual". Además de los cinco años de prisión les aplicaron una inhabilitación absoluta para volver a ejercer cargos públicos.
La decisión de los jueces coincidió con lo que había solicitado en su alegato del lunes último el fiscal de juicio, Jorge Bonvehi; mientras que las defensas pidieron la absolución de todos los acusados en base a una serie de nulidades que finalmente fueron rechazadas.
Uno de estos planteos efectuados al inicio del debate por el abogado Sebastián País Rojo, defensor de Rogers, fue que la intervención de los teléfonos del jefe comunal debía ser declarada nula ya que había sido ordenada por la fiscalía y no por un juez.
La acusación
De acuerdo a la acusación de Bonvehi, el dueño del cabaret fue el "autor principal" de la maniobra delictiva, en tanto que el intendente firmaba "las libretas sanitarias cuando pedían exámenes médicos genitales" y el subcomisario garantizaba con su presencia la "sumisión" de las víctimas.
"Tanto Rogers como Alanís sabían perfectamente lo que allí pasaba y no hicieron nada", afirmó el fiscal de juicio y recordó que las víctimas fueron "captadas con una falsa oferta laboral y estaban en una situación de extrema vulnerabilidad social" ya que "dormían y vivían en el cabaret donde eran obligadas a prostituirse".
Bonvehi consideró que Rogers tuvo la "posibilidad de cesar la actividad ilegal del cabaret y no lo hizo" y recordó que se burló cuando del secretario de Derechos Humanos de La Pampa, Rubén Funes, alertaba que en ese local había trata de personas.
"(El intendente) defendió la actividad del local señalando que en ese lugar se ofrecía contención a los camioneros y jóvenes del pueblo", detalló el fiscal.
El jefe comunal fue el único imputado que se negó a declarar en el juicio, que comenzó el 23 de mayo último con los testimonios de seis mujeres que dieron detalles del funcionamiento de local nocturno.
La defensa
Por su parte, Carlos Fernández dio su versión de los hechos y sostuvo que "los pases" estaban a cargo de las coperas y que, "si había prostitución, eso sucedía cuando cerraba el local" y sin su consentimiento.
Mientras que el subcomisario Alanís, quien en 2009 cuando se inició la causa estaba a cargo de la comisaría de Lonquimay, también se declaró inocente y aseguró que nunca pudo comprobar que en el local nocturno se ejercía la prostitución, aunque admitió que lo "sospechaba".
Además, el subcomisario afirmó que Good Night tenía habilitación desde 2001 y que la Policía realizaba controles "casi de rutina" e incluso las actuaciones eran informadas a la Unidad Regional I de la fuerza provincial.
En tanto, Saxs rechazó la acusación en su contra y dijo ante el tribunal: "Nunca fui a buscar ni acogía a mujeres".
Sin embargo, durante el debate quedó acreditado que los "pases" con los "clientes", o prostituyentes, se hacían en las mismas habitaciones donde dormían las mujeres que estaban en el cabaret, el cual había sido salón de baile antes de ser convertido en un prostíbulo.
La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando se intervino el teléfono de Carlos Fernández por presuntas irregularidades en "Good Night" y se establecieron sus vínculos con el intendente y el subcomisario.
DYN y Télam
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