Condenan a un excomisario que dirigía la lucha antidrogas en Corrientes y protegía a la banda narco que debía investigar

ROSARIO. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a once personas por una red de venta de drogas que operó durante un año en la capital provincial bajo el paraguas del jefe policial encargado de perseguir el narcotráfico. El fallo, dictado por el juez Fermín Amado Ceroleni mediante juicio abreviado, tras una profunda investigación de la Fiscalía federal dejó al descubierto la trama de complicidades estatales que sostiene el negocio narco en esa región.

La figura central no es el líder de la banda, Saúl Fabián Maciel, alias “Vintu”, condenado a seis años de prisión. Es Luciano Ramón Vallejos, comisario general de la Policía de Corrientes, que dirigió primero la Dirección de Drogas Peligrosas y luego la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito. Según el fallo, Vallejos tenía a su cargo desde el 1° de septiembre de 2022 una investigación dirigida específicamente contra Maciel por comercialización de estupefacientes. En lugar de avanzar, mantuvo contacto telefónico directo y no documentado con el propio investigado, le explicó los procedimientos policiales que se preparaban en su contra y dilató durante meses el pedido de allanamiento, según expuso en su momento el fiscal federal Carlos Schaefer. Vallejos simuló que investigaba esta red narco luego de que se enteró que otra fuerza federal —la Policía Federal— investigaba en paralelo los mismos hechos.

El tribunal tuvo por probado que sin esa asistencia la banda no habría podido operar durante tanto tiempo. La sentencia habla de un “vínculo estrecho” entre el comisario y el narco, a partir de escuchas telefónicas, que fueron determinantes para determinar esta relación. También el allanamiento en la casa de Vallejos, en la calle Barranqueras 2810: los efectivos secuestraron seis armas de fuego —entre ellas una Bersa Thunder 380, una FM Hi-Power 9 milímetros y un revólver Jaguar 38— y cajas con más de un centenar de municiones. Vallejos tenía la credencial de legítimo usuario vencida desde octubre de 2019 y una inhabilitación registrada por la ANMAC. Un jefe policial con amplio conocimiento de la normativa tenía un arsenal ilegal en su dormitorio.

Pese a ese cuadro, Vallejos no irá preso. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por dos años, como autor de tenencia ilegítima de armas de guerra en concurso ideal con incumplimiento de la obligación de promover la represión (artículo 274 del Código Penal). En el acuerdo de juicio abreviado, la fiscalía —representada por el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Tamara Pourcel— suprimió la imputación original de partícipe necesario en el comercio de estupefacientes, que en el requerimiento de elevación a juicio lo colocaba dentro de la estructura narco. La readecuación redujo su responsabilidad a la de un funcionario que omitió perseguir el delito.

El mismo criterio alcanzó a Luis González, alias “Batata”, identificado en la investigación como la “mano derecha” del comisario. Fue condenado a dos años en suspenso por portación de arma de fuego de uso civil: cuando lo allanaron, llevaba entre sus ropas una pistola calibre 32 sin numeración, cargada, con cinco municiones. La agravante por su pasado policial no se aplicó porque el acuerdo no acreditó que estuviera en actividad al momento del hecho.

La banda de Maciel era una estructura familiar y barrial. Operaba desde departamentos del barrio 536 Viviendas y otros domicilios de la capital correntina, con ramificaciones en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco. Vendían cocaína y marihuana al menudeo, con guarda, fraccionamiento y traslado entre inmuebles. Junto a “Vintu” fueron condenados a cuatro años su pareja, Susana Muñoz; su hijo Braian Acuña, alias “Poli”; y su sobrino Jorge Maximiliano Maciel, alias “Koki”. Completan la lista Ubaldo Valdez, alias “Negro”, y el brasileño Cristian Baldoni, ambos con cinco años y declarados reincidentes, igual que “Vintu” y que Marcos Luque, también condenado a cinco años. Nancy Acosta y Marcelo Lhotak recibieron tres años en suspenso como partícipes secundarios. Los allanamientos del 14 y 15 de agosto de 2023 secuestraron, según la pericia química, 2.784 gramos de marihuana y 13,67 gramos de cocaína, además de armas y municiones en casi todos los domicilios.

Los fiscales también quitaron el agravante por la intervención organizada de tres o más personas: entendieron que, aunque los imputados se comunicaban entre sí y se visitaban, cada uno comercializaba de manera independiente, sin la división funcional de roles. Esa lectura, admitida por el tribunal, redujo las escalas penales de todo el grupo.

Corrientes es el corredor de entrada de la marihuana paraguaya que baja por la hidrovía y las rutas del nordeste hacia Rosario, Córdoba y Buenos Aires. En 2017, el operativo Sapucay expuso a Itatí como un municipio capturado por el narcotráfico, con su intendente y su viceintendente detenidos. Después llegó la condena del exjuez federal Carlos Soto Dávila, que desde el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes garantizaba impunidad a narcotraficantes a cambio de dádivas, con sus secretarios y un grupo de abogados. Ahora, la cadena de protección se verifica en el eslabón policial: el director de Drogas Peligrosas trabajaba para el otro lado del mostrador.

Por Germán de los Santos

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