
Abuso
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CÓRDOBA.- José Díaz, exjefe comunal de El Brete, un pequeño pueblo del norte de la provincia, en el departamento Cruz del Eje, y exlegislador provincial por el radicalismo, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual y coacción en perjuicio de cuatro mujeres a quienes acosó, manoseó y extorsionó para tener relaciones sexuales.
La Cámara del Crimen de Cruz del Eje, con la decisión en sala unipersonal del vocal Ángel Andreu, dictó la sentencia 21 años después de que los se denunciaran los hechos, ocurridos entre 2002 y 2004.
Díaz -quien se opuso a que se le realizara un peritaje psicológico- reconoció en el juicio abreviado la existencia de los hechos.
En la causa consta que el entonces jefe comunal hacía comentarios a solas en su oficina como “que linda que sos, que linda cola que tenés; anoche soñé con vos”.
A otra de las mujeres “en una oportunidad el incoado Díaz luego de invitarla a que fueran juntos a un hotel de la ciudad de Cruz del Eje, le colocó a aquella sus manos en la zona de los pechos, al tiempo que le expresó ‘que se abriera la ropa y le mostrara los senos’“.
También amenazó a las mujeres con que perderían sus empleos o beneficios sociales si no accedían a sus requerimientos sexuales. "Pensalo bien, porque tenés una hija… Te puede pasar lo mismo que a las otras’", le dijo a una. Y a otra le planteó “que no volviera a trabajar más", si no se acostaba con él. "Puedo hacer algo para que no puedas entrar más a trabajar en ningún lado, fíjate bien lo que hacés“, la amenazó.
El defensor de Díaz pidió expresamente que no se lo inhabilite para ocupar cargos públicos, pedido que fue atendido por la Justicia. El juez Andreu afirmó que, ante un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, él no tiene posibilidades de modificar el monto de la pena.
El Tribunal consideró acreditados los abusos y amenazas cometidas por Díaz, quien deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años, entre ellas, mantenerse alejado de las víctimas, someterse a tratamiento psicológico y abonar una reparación económica de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo.
Por último, el fallo también ordena remitir antecedentes para investigar la posible comisión de un delito por parte de un abogado que representó sucesivamente al acusado y a una querellante.