Crimen de Nora Dalmasso: qué se sabe del jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El crimen de Nora Dalmasso, uno de los casos más emblemáticos de la historia judicial argentina, vuelve a estar en el centro de la escena. A casi 20 años del hecho, el martes 21 de abril inició el jury contra fiscales que intervinieron en la causa y no lograron resolver el asesinato.

El proceso se da en paralelo a la continuidad de la investigación, luego de que la Justicia rechazara la prescripción del expediente y mantuviera imputado a Roberto Marcos Bárzola como principal sospechoso.

El homicidio ocurrió en noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba, y desde entonces atravesó múltiples etapas, hipótesis y acusados sin que se haya determinado una condena.

Durante años, la causa estuvo bajo la órbita de distintos fiscales que avanzaron con líneas de investigación que luego quedaron descartadas, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo del expediente.

En ese contexto, el jury apunta a analizar si hubo mal desempeño, negligencia o irregularidades en la conducción de la investigación, en un proceso que podría derivar en sanciones.

En paralelo, la causa tuvo un giro reciente. A partir de un nuevo peritaje genético, Bárzola —quien había trabajado en la casa de la víctima— fue imputado por abuso sexual seguido de muerte. Fue el fiscal Pablo Jávega quien lo acusó.

Las pruebas surgen de rastros de ADN hallados en la escena del crimen, que no habían sido cotejados en su momento con todas las personas que tuvieron contacto con la víctima.

El juez de Control Diego Ortiz rechazó el planteo de prescripción y sostuvo que cerrar la causa implicaría impedir el esclarecimiento de los hechos.

El jury no tiene como objetivo determinar quién mató a Dalmasso, sino evaluar la actuación de los funcionarios judiciales.

En ese sentido, se analizará si las decisiones tomadas durante la investigación —incluida la falta de avances en ciertas líneas y la demora en pruebas clave— afectaron el esclarecimiento del crimen. El proceso busca establecer si existieron responsabilidades institucionales en un expediente que, durante casi dos décadas, no logró llegar a una resolución definitiva.