Protesta policial en Santa Fe: fracasó la negociación de la madrugada y se cortó la cadena de mando
El acuartelamiento de los efectivos sigue, con el corte de calle frente a la jefatura de Rosario
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ROSARIO.– El conflicto policial que estalló en Santa Fe no se logró destrabar este miércoles a la mañana y decenas de familiares de efectivos seguían manifestándose frente a la jefatura de Rosario, donde los móviles policiales en la calle eran una muestra de que la crisis aún no se solucionó. La protesta, que se agudizó desde el martes a la madrugada pero que ya lleva una semana, ahora tiene otras demandas, como la eliminación de los sumarios y los pases a disponibilidad contra los policías que se acuartelaron en un primer momento el martes a la mañana. Pero en el gobierno provincial advirtieron que ese capítulo estaría superado, aunque el problema –según remarcaron– es que la información no llega a canalizarse de forma efectiva y la bronca no se descomprime.
En el Gobierno creen que en el transcurso de la mañana se podría levantar la protesta policial, pero a las 9 eso no había ocurrido. Uno de los problemas es que se cortó la cadena de mandos dentro de la fuerza y la palabra de los jefes policiales está desautorizada por los propios agentes, que mantienen sus reclamos.
“El problema es que lo que se decide en las reuniones llega distorsionado o no llega a las bases de la protesta”, aseguraron en el Gobierno, que sigue con preocupación la situación.
Durante el martes desplegaron a personal jerárquico, de fuerzas de elite, de la Policía de Investigaciones y del Servicio Penitenciario para compensar el déficit en los patrullajes que se resintieron durante la protesta.
El problema más grave es que se produzcan hechos de violencia o situaciones de tensión en materia de seguridad, en momentos en que parte de la policía está acuartelada. Hasta ahora no sucedió, pero el temor es que cambie.

El conflicto policial escaló durante las últimas horas del martes en Santa Fe y durante la mañana del miércoles. Los incidentes que se produjeron en la madrugada de ayer, cuando el jefe de la Policía de Santa Fe Luis Maldonado decidió reprimir a familiares y allegados de los uniformados que protestaban en la puerta de la Jefatura de Policía de Rosario, agudizaron el acuartelamiento de un sector de la fuerza, que cortó la calle con unos 100 patrulleros y motos que debían salir a patrullar.

El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió endurecer su postura, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni acusó a policías exonerados y presos por casos de corrupción, como el robo de combustible, de agitar el malestar. El Gobierno anunció que 20 policías fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se abrieron causas penales por incumplimiento de funcionario público. El problema es que, al sumarse más uniformados al reclamo, el Gobierno no puede pasar a disponibilidad a todos los que se rebelaron porque se quedaría sin policías.

Este miércoles, el jefe de la policía Lució Maldonado anunció que no habrá más pases a disponibilidad y que los uniformados deben salir a la calle.
Una crisis que ya lleva una semana
La protesta, que se profundizó con una nueva marcha de familiares y allegados de uniformados, comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. La muerte de este hombre oriundo de Vera, en el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos, porque muchos se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen de 12 horas de trabajo y 36 de descanso.
Durante el fin de semana pasado, las protestas continuaron, a pesar de que el Gobierno anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para uniformados que se desempeñan en las principales ciudades y $250.000 para los choferes de los patrulleros.
El anuncio no logró descomprimir la protesta, que anoche y durante la madrugada terminó con un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura de Rosario y familiares de efectivos. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta, lo que incrementó el malestar dentro de las filas policiales.
El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni dio una conferencia de prensa el martes en la que confirmó las sanciones contra los efectivos que se negaron a trabajar y consideró que detrás del reclamo genuino de los uniformados había maniobras de policías exonerados por corrupción que querían generar malestar, sobre todo por redes sociales.
“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos, acciones violentas y antijurídicas, también sembrando fake news, buscando desestabilizar la seguridad en la provincia”, aseguró.
En el Gobierno detectaron que en redes sociales, fundamentalmente Facebook, se había desplegado una estrategia sofisticada. Se habían creado centenares de perfiles falsos, con fotos reales de agentes, activos todo el tiempo, con posteos para enrarecer el clima, interpretaron en el gobierno provincial. Por ejemplo, aparecían fotos de pasacalles contra Pullaro que eran falsos, trucadas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de las fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado.
La muerte de Valdez, ocurrida el miércoles de la semana pasada, no es una excepción, sino un problema creciente dentro de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales. Según datos de la fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En Santa Fe, señalaron fuentes del MPA, el número también es significativo.

Más de un efectivo por mes decide quitarse la vida. Este drama silencioso se da en un contexto en el que la policía no tiene bajas ni heridos por enfrentarse con el crimen organizado. El riesgo mayor está en otro lado: es interior. El año pasado, el gobierno de Pullaro envió una señal a los policías, que mostró como sus aliados. Respaldó al suboficial del Comando Radioeléctrico Luciano Nocelli, quien había sido condenado en 2022 a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes tres años antes, una decisión que luego la Cámara Penal de Rosario asimiló al absolver al policía. A través del caso Nocelli, el Gobierno hizo visible un respaldo a toda la policía.
El caso de Valdez era diferente. Era una persona querida en la policía y centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia. La mayoría de los efectivos que patrullan Rosario y Santa Fe son oriundos del norte provincial. Este esquema no se pudo romper, aunque lo intentaron en varias gestiones con incentivos que no consiguieron tentar a los rosarinos a ponerse el uniforme.
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