Cuánto iba a costar el documental protagonizado por la jueza Makintach y cómo se iban a repartir las ganancias

El documental Justicia Divina, el proyecto audiovisual que iba a contar detalles del juicio donde se intentaba develar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona y que tenía la participación estelar de la jueza Julieta Makintach, integrante del tribunal en el debate, iba a tener un costo estimado de 800.000 dólares.

Así lo sostuvo José María Arnal Ponti, presidente de la productora Ladoblea SA, empresa a cargo del proyecto, en un escrito de diez páginas que presentó anoche ante los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, que están a cargo del expediente judicial en el que se intenta determinar si la jueza Makintach cometió un delito con aquella participación en el documental al tiempo que ejercía como jueza en el debate.

“El proyecto para la realización de un documental del juicio por la muerte de Maradona [debate que comenzó el 11 de marzo pasado] desde la perspectiva de uno de los jueces que intervendría en el mismo fue acercado a la productora por el señor Juan Manuel D’Emilio en febrero pasado. D’Emilio [a quien Makintach definió como un escritor maradoniano] es un reconocido creativo publicitario, a quien respeto y conozco desde hace 20 años. La idea del contenido a realizarse, cuando fue presentado a la productora, ya se encontraba plasmada en un guion que fue entregado por D’Emilio”, explicó Arnal Ponti, representado por los abogados Guillermo Arias y Alejandro Ramella.

Los autores del guion, según Arnal Ponti, eran D’Emilio y su socia, “quien fue referenciada por D’Emilio como la Negra Vidal o María Lía Vidal Aleman a quien no conocía hasta entonces. Vidal Aleman, conforme también me lo hizo saber desde un principio el señor D’Emilio, era amiga desde la infancia de la jueza a Makintach -cuya existencia también desconocía hasta aquel momento-, relación a partir de la cual se habría gestado la idea original".

El presidente de la productora sostuvo que, según le dijo el “reconocido creativo publicitario”, Makintach conocía el contenido del proyecto y que se encontraba absolutamente de acuerdo con su realización.

Se trata de un punto crucial, porque cuando en medio del debate estalló el escándalo, Makintach negó la existencia del documental. Solo reconoció haber autorizado el ingreso en la sala de audiencias a su amiga de la infancia [Vidal Aleman] y a D’Emilio porque era un escritor “maradoniano”.

Después, ante las evidencias presentadas por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, Makintach intentó explicar que solo había participado de una entrevista que le había hecho una amiga, que no es otra que Vidal Aleman.

“El proyecto ofrecido fue de nuestro interés y, en consecuencia, se decidió comenzar a desarrollarlo. Para ello se mantuvieron reuniones en la productora a las que asistieron D’Emilio y Vidal Aleman. La jueza nunca concurrió a nuestras oficinas y tampoco participé de reuniones donde ella haya estado”, afirmó el presidente de Ladoblea SA.

La primera vez que Arnal Ponti vio a la jueza Makintach, que anteayer presentó su renuncia dirigida al gobernador Axel Kicillof, que ahora debe decidir si la acepta o no, fue el domingo 9 de marzo en el edificio de los Tribunales de San Isidro, es decir, 48 horas antes de que empezara el juicio.

“Desde el minuto cero en que tomé contacto con el proyecto del documental me fue aclarado por quienes lo ofrecieron que la jueza Makintach estaba en conocimiento del mismo, de su guion y que había prestado conformidad para su realización. Conocí a la magistrada en la primera actividad que se emprendió, realizada el domingo 9 de marzo pasado, en el edificio de los Tribunales de San Isidro. El lugar, la hora y el contenido de las imágenes que se grabarían son cuestiones que siempre traté exclusivamente con D’Emilio o con la señora Vidal Aleman. Jamás con la jueza Makintach; nunca tuve su teléfono”, sostuvo Arnal Ponti en el escrito, al que tuvo acceso LA NACION.

“Work in progress”

El presidente de la productora dijo que las imágenes filmadas el domingo 9 de marzo pasado iban a formar parte de lo que se conoce como Teaser y WIP (por sus siglas en inglés: Work in progress).

Explicó que se trata de “primigenios armados audiovisuales confeccionados al solo efecto de mostrar la idea que se pretende tenga el documental a realizarse en un futuro. La diferencia entre estos armados se encuentra principalmente en su duración y tonos tentativos, pues, en cuanto a contenido, resultan prácticamente similares”.

Arnal Ponti contó: “Una vez que se tienen listos las imágenes [Teaser y WIP] se ingresa en la etapa quizás más importante del proyecto, pues de la misma depende la realización -o no- del mismo. Me refiero a la búsqueda de financiamiento para hacer frente a los costos totales que la realización futura del documental pudiera demandar”.

Según el productor, esta etapa se conoce en el rubro como “venta”, aunque no es otra cosa que la búsqueda de inversores, que pueden ser plataformas de streaming, empresarios y/o institutos de cine.

“Se trata de un proceso lento y complejo. Porcentualmente, son más las veces que nada se concreta y, en consecuencia, los proyectos quedan en el camino. Ya sea porque o no se consiguió el dinero o porque lo que se consigue no alcanza para concretarlo. En el supuesto de que se logran inversores, se da recién inicio a la concreta confección del documental”, dijo Arnal Ponti.

El 22 de mayo pasado, por orden de la Justicia, fue allanada la sede de Ladoblea SA, en la calle Machaín al 4500, en Saavedra. La investigación a cargo de los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo había comenzado a instancias de una denuncia hecha por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020.

“En el momento en que se produjo el allanamiento de la productora nos encontrábamos en la búsqueda de financiamiento para la realización del documental. Para ello ya se contaba con un guion, un Teaser y un WIP, entregados a la Fiscalía. Los costos de su realización -me refiero al Teaser y al WIP- fueron afrontados por la productora”, afirmó Arnal Ponti.

Después, el presidente de Ladoblea SA reveló que las imágenes [Teaser y el WIP] habían sido ya enviadas “bajo absoluta reserva, para evitar que la idea sea copiada por terceros, a posibles agentes de la industria que se entendía podrían llegar a estar interesados en invertir dinero para la efectiva realización del proyecto. Como es habitual en ese tipo de búsquedas hubo que estimar un costo de cuánto saldría la realización total del documental. Según recuerdo, se estableció el mismo en aproximadamente 800.000 dólares, monto que podía, obviamente, verse modificado”.

Si bien, en el escrito no nombró a los destinatarios de las imágenes, LA NACION pudo saber que se trató de una empresa radicada en Turquía, otra productora de Los Ángeles y un “gigante” de la industria que tiene una plataforma de series y películas on demand.

Después contó detalles de las grabaciones del domingo 9 de marzo pasado. “A esta altura debo destacar que la presencia en la grabación de -nada menos que- la jueza, el ingreso en un edifico público un día domingo junto y merced a ella, a la vista del personal policial que allí se encontraba, sumado a las filmaciones que de su persona se hicieron en diferentes lugares del inmueble, ratifica que no se trataba, al menos para mí, de una actividad clandestina y mucho menos ‘desautorizada’ o prohibida. Todo lo contrario”, sostuvo.

Después, Arnal Ponti relató lo que sucedió el 11 de marzo pasado, el primer día del juicio.

“El primer día del juicio concurrimos a los Tribunales de San Isidro para grabar solo imágenes de la jueza Makintach. Se trató de una tarea acordada con ella y autorizada por ella, por intermedio de Vidal Aleman y/o D’Emilio. Con las tomas de la jueza en el juicio obtendríamos ya el material suficiente para poder conformar los armados audiovisuales a los que antes me referí. Para la ocasión se contrató al señor Jorge Ignacio Huarte, camarógrafo audiovisual free lance. Ese día me encontré en la puerta del edificio de los Tribunales de San Isidro con el nombrado y con la señora Vidal Aleman. El tumulto de gente era imponente. Casi nadie podía ingresar. En nuestro caso, lo hicimos porque una mujer policía nos buscó en la vereda del edificio de Tribunales, nos hizo atravesar su ingreso y nos acompañó hasta dentro del mismo. Se trababa de la custodia de la jueza. Todo lo que relato ratificaban mi convencimiento que nuestra tarea se encontraba absolutamente autorizada, más allá de que ninguna duda tenía a ese momento: a la vista de todas las personas presentes -que no eran precisamente pocas- y utilizando una cámara imposible de disimular, esconder o camuflar en la sala donde se llevaría a cabo el juicio. Durante el desarrollo del debate, con la misma cámara, se tomaron planos aislados de la jueza sin importar el audio ni el hilo del juicio".

Reconoció que ingresó en la sala de audiencias con anteojos de lentes oscuros, pero no negó que las gafas tuvieran una cámara, como se insinuó. Sostuvo que se había olvidado los lentes transparentes en el auto y los oscuros [para cuidarse de sol] también tienen aumentos.

Ante de finalizar, habló de cómo se había estipulado el reparto de las eventuales ganancias del proyecto.

“Con D’Emilio -no con la señora Vidal Aleman- conversamos que en el supuesto caso de conseguirse inversores, de poder lograrse la realización del documental, que el mismo pudiera ser vendido y que luego de ello existiese un margen de ganancia, la misma iba a ser distribuida en partes iguales entre la productora, y él y Vidal Aleman. No se suscribió ningún documento que reflejara lo que señalo, pues, más allá de la confianza que nos tenemos con D’Emilio, el estado del proyecto tampoco lo justificaba. Subrayo asimismo que respecto de las conversaciones que mantuve con el nombrado sobre este punto, jamás se me mencionó o se involucró o se sugirió una participación de la jueza” en las posibles ganancias, afirmó en la parte final del escrito.

Por Gabriel Di Nicola

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