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De Carmen de Patagones a Mendoza: los casos más graves de violencia armada en escuelas argentinas
Desde 1997 se registraron episodios en los que estudiantes llevaron armas a las aulas; el más letal ocurrió en Carmen de Patagones
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LA NACION
Los hechos de violencia con armas en escuelas argentinas son excepcionales, aunque fueron en aumento desde la pandemia del coronavirus. Entre 2023 y lo que va de 2025 se dieron tres episodios, el más reciente ocurrido este miércoles en Mendoza. Pero, al analizar los casos ocurridos desde el regreso de la democracia, el total de hechos en aulas o derivados de conflictos escolares que incluyeron armas de fuego no llega a diez.
El primer antecedente documentado ocurrió en mayo de 1997, cuando un estudiante de 14 años robó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y mató a un compañero en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Aquella muerte inauguró un tipo de episodio hasta entonces inédito en América Latina y encendió una discusión pública sobre el acceso a armas en hogares con menores.
El siguiente caso ocurrió el 4 de agosto de 2000, en Rafael Calzada, un alumno de 19 años se presentó con un revólver calibre .22 en la puerta de la Escuela de Educación Media N.º 9, disparó e hirió a dos compañeros; uno de ellos murió dos días después. La Justicia lo declaró inimputable tras pericias psiquiátricas que describieron un episodio psicótico. Ese expediente colocó por primera vez al bullying en el centro del debate público, a partir de los testimonios y peritajes producidos en la causa.
El expediente judicial permitió establecer la secuencia central y el arma utilizada, y dio pie a recomendaciones de intervención temprana frente a situaciones de hostigamiento sostenido. Este hecho impulsó la creación de guías y protocolos en distritos con atención específica a la convivencia escolar y a la derivación por riesgo.
El 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones, se dio uno de los casos más emblemáticos y letales del país. Allí un alumno de 15 años ingresó con una pistola Browning 9 mm perteneciente a su padre que era suboficial de Prefectura Naval, y abrió fuego dentro del aula del Instituto N.º 202 “Islas Malvinas”. En ese episodio, murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos. Fue inimputable por su edad y luego diagnosticado con esquizofrenia; el caso motivó duelo nacional y una jornada de reflexión en todas las escuelas.
La investigación y las medidas posteriores incorporaron aprendizajes clave: el almacenamiento seguro de armas reglamentarias, la activación de dispositivos de salud mental y la necesidad de simulacros y protocolos de emergencia en colegios.
Tras un período de casi 20 años sin ataques letales, en 2023 se registró un episodio de alto riesgo en Florencio Varela. Una alumna de 16 años llevó una pistola Bersa .380 y 150 municiones a la Escuela Secundaria Nº 26. La intervención de las autoridades permitió secuestrar el arma y derivar a la estudiante; su familia informó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
El episodio volvió a situar el foco en el acceso doméstico a armas y en las señales de alarma que deben atenderse desde la escuela y los equipos de salud. En ese distrito y otros del conurbano se reforzaron comunicaciones con familias y equipos de orientación escolar, y se solicitaron pericias sobre la aptitud de los adultos responsables del arma.
En abril pasado, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó en WhatsApp un plan de tiroteo, con referencias a armas disponibles en el entorno familiar. La denuncia de padres permitió la intervención de la Justicia, que dispuso medidas de restricción y allanamientos.
La fiscalía del fuero juvenil ordenó que los involucrados no regresaran a clases presenciales por un período y continuaron de manera virtual, mientras se evaluaban indicadores de riesgo. El caso reactivó charlas preventivas en escuelas de la zona y puso en agenda la incidencia de redes sociales y mensajería en la escalada de amenazas entre pares.
El último caso se dio hoy, en La Paz, Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó a la Escuela Marcelino H. Blanco con una pistola 9 mm que, según fuentes policiales, pertenece a su padre.
La menor realizó tres disparos al aire y se atrincheró en el patio hasta que equipos especializados y mediadores lograron la evacuación y el resguardo del resto de los estudiantes. No se registraron heridos.
La fiscalía penal juvenil de La Paz supervisó el procedimiento, mientras el Ministerio de Seguridad provincial activó equipos de intervención y revisó el circuito de custodia de armas de personal policial fuera de servicio.
LA NACION
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