Dejan firmes los procesamientos del "rey de la Salada" y su familia
LA NACION
Con el rechazo de los últimos recursos de apelación y queja presentados, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó firmes los procesamientos con prisión preventiva de Jorge Omar Castillo, el "rey de la Salada" y de buena parte de su clan familiar por formar parte de una asociación ilícita que cometió diversos tipos de delitos con el alquiler de espacios irregulares en las adyacencias del paseo de compras de Ingeniero Budge, y de la expulsión de puesteros que pretendian instalarse allí sin pagar o seguir las reglas que imponían los organizadores. Así, el clan Castillo quedó un paso más cerca de un juicio oral y público.
Los jueces Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky, de la Sala III de la Cámara, resolvieron en las últimas horas los recursos de queja de las defensas del dueño de la feria Punta Mogote, de Lomas de Zamora; de Hugo Castillo, su hermano; de sus sobrinos Adrián y Leandro; de su esposa, Elcira Gladis Arrieta; del tío de la mujer, Oscar Arrieta (detenido varios meses después de iniciado el caso, en Corrientes), y de Gustavo Moia.
A todos ellos la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantía del Departamento Judicial Lomas de Zamora ya les había confirmado el auto de prisión preventiva de primera instancia por delitos tales como coacciones agravadas por el empleo de armas y con el propósito de compeler a las víctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo, asociación ilícita, encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas. En el caso puntual del "rey de la Salada" se sumó la tentativa de homicidio cometida cuando se resistió a los tiros el día que una comisión policial fue a detenerlo a su casa en un country de Luján, el 21 de junio del año pasado.
En su resolución, Violini y Borinsky recordaron que, ´tal como se dejó constancia en el procesamiento de primera instancia, existía "documentación secuestrada a Adrián Castillo en la que se discrimina el personal a su cargo, su rol y los ingresos que cada uno generaban en los distintos rubros por ellos tabulados", además de la "documentación secuestrada a Jorge Castillo que da cuenta de la explotación que efectuaran de los puestos emplazados fuera de la feria" Punta Mogote, a la vera del Riachuelo, en Lomas de Zamora.
"Los agravios [planteados por las defensas] remiten, en lo sustancial, a cuestiones de hecho y prueba que, en consecuencia, exceden el marco del instituto analizado [el recurso de queja ante Casación] y de lo que ahora corresponde decidir, pues justificada la existencia del delito y la posible responsabilidad con la provisoriedad propia de esta etapa, las discusiones sobre la entidad de la prueba a los efectos de pregonar certeza deberán discutirse en debate", afirmaron Violini y Borinsky.
Y concluyeron: "Luego, la pena en expectativa y la gravedad de los hechos que se describen en la resolución de primera instancia abren paso a los peligros procesales que legitiman lo decidido", es decir, mantener preventivamente a los sospechosos tras las rejas".
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