Denuncian a un juez y a un exfiscal por querer cobrar una coima a una familia de carniceros para no encarcelarlos

La Justicia investiga a un juez de Garantías y a un exfiscal de San Martín por el presunto cobro de una coima de cientos de miles de dólares para conceder las exenciones de prisión a cuatro de los cinco integrantes de una familia propietaria de una cadena de carnicerías que habían sido acusados de estafa.

Según fuentes de la investigación, el magistrado denunciado es Mariano Grammatico Mazzari, actualmente a cargo del Juzgado de Garantías N° 3, del Departamento Judicial San Martín. En tanto, el exrepresentante del Ministerio Público denunciado, que se desempeñó como fiscal hasta 2022, cuando se jubiló, es Miguel Ángel Gragnoli.

Uno de los denunciantes lo señaló como el presunto intermediario con el magistrado y quien, supuestamente invocando al juez, habría pedido una coima de US$ 120.000 para que no se dictaran las órdenes de capturas contra cuatro de los cinco integrantes de la familia. “Uno debería quedar preso”, le habría aclarado el exfiscal al abogado de los denunciantes.

En las últimas horas, y tras la consulta de LA NACION, el juez Grammatico Mazzari envió un descargo. Negó enfáticamente los cargos, afirmó que se trata de una operación en su contra para perjudicarlo y apartarlo del caso original en el que él se había negado a liberar a una persona acusada de un delito grave. Además, calificó la denuncia como una “mentira burda y miserable”.

La investigación contra Grammatico Mazzari y Gragnoli se inició hace diez días, cuando los integrantes de la familia propietaria de tres carnicerías en Bella Vista, Muñiz y San Miguel se presentaron en una fiscalía de San Martín y describieron una serie de maniobras que atribuyeron al juez de Garantías y al fiscal jubilado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores judiciales, los comerciantes manifestaron que desde julio pasado eran amenazados por un acreedor que les reclamaba una deuda por la venta de hacienda.

Las identidades de los denunciantes del magistrado se mantendrán en reserva, por el momento, debido a que todavía tienen una causa abierta en la que debe resolverse si tuvieron responsabilidad en la quiebra fraudulenta de una empresa propietaria de carnicerías y temen que la denuncia pueda afectar el desarrollo de ese expediente.

El acreedor los denunció penalmente por la emisión de cheques sin fondos y amenazaba con meterlos presos. “Preparate porque se viene lo peor; ya te dijo mi viejo, y él es el único que puede salvarte”, fue la advertencia del dueño del campo que vendió la carne a uno de los comerciantes.

El 26 de diciembre pasado, un grupo de efectivos de la Policía de Santa Fe allanó una de las sucursales de la cadena de carnicerías y apresó a dos de los hermanos integrantes de la sociedad. La orden de allanamiento había sido dictada por un magistrado de Rafaela, que solicitó la extensión de jurisdicción a un juzgado de Garantías de San Martín. En este primer hecho, la denuncia radicada en el juzgado de Rafaela era por la supuesta emisión de cheques sin fondos.

Ambos integrantes de la sociedad estuvieron detenidos en Rafaela hasta que el fiscal santafesino consideró que no existían riesgos procesales. Había un concurso preventivo establecido con anterioridad que determinaba que únicamente el síndico de la quiebra autorizaba los pagos.

Sin embargo, el acreedor que amenazaba a los dueños de la cadena de carnicerías fue por más y radicó una denuncia contra los cuatro dueños de la cadena de carnicerías por una supuesta estafa cometida en el contexto de una quiebra fraudulenta de la sociedad dueña de las carnicerías a las que le había vendido hacienda.

La denuncia avanzó y el fiscal de San Martín a cargo de la investigación por la supuesta quiebra fraudulenta analizó las pruebas y consideró que había elementos para pedir las detenciones de cuatro de los propietarios de la cadena de carnicerías. Esas solicitudes de detención por presunta estafa fueron presentadas ante el juzgado de Garantías N°3.

El 13 de febrero pasado un abogado al que se identificará por sus iniciales, G.S., presentó un pedido de eximición de prisión para uno de los cuatro acusados. Seis días después, el juzgado rechazó la solicitud de eximición de prisión, aunque no ordenó la detención del comerciante acusado de la supuesta estafa.

Ese mismo día, el padre de los acusados recibió un mensaje que expresaba: “Me dijeron esto: tu abogado ya pidió hablar. El juez lo recibe. Que vaya, que lo va a recibir”.

Ante ese mensaje, el abogado G.S. concurrió al despacho del juez Grammatico Mazzari. Uno de los comerciantes acusados intentó ingresar en el despacho, pero le dijeron que se quedara afuera.

Según la declaración de uno de los denunciantes, cuando terminó la reunión con el juez el abogado le dijo que el magistrado le habría ordenado al letrado que, antes de empezar a hablar, apagara el celular. Entonces le comentó que estaba al tanto de la existencia de una cuenta bancaria con $687 millones que uno de los comerciantes tenía y que sabía que la familia dueña de las carnicerías tenía mucha más plata.

Luego, según le relató el abogado G.S. al comerciante, el magistrado le pidió al letrado que le escribiera su número de teléfono en un papel. El abogado cumplió la orden del juez y le entregó el papel al magistrado.

Según la denuncia, al día siguiente, G.S. recibió un llamado. El abogado reconoció el número, ya que lo tenía agendado por su labor como letrado y correspondía a “un exfiscal Gagnoli”, a quien conocía por haber litigado en alguna causa en la que el exfuncionario tuvo participación. Los investigadores judiciales establecieron que se trataría de Gragnoli.

“Ese día el abogado G.S. nos hizo una videollamada. Se lo veía muy exaltado. El abogado nos dijo que se reunió con el exfiscal en un restaurante que está frente a la plaza Arenales, en Villa Devoto. Le hizo apagar el celular y a su vez le dijo que había un precio para que no se ordenaran las detenciones. Ese precio era de US$40.000 por cada uno, un total de US$120.000 por tres libertades, con posibilidad de una libertad más por otros US$ 40.000, y me dijo que yo tenía que caer sí o sí”, expresó el comerciante sobre lo que habría escuchado de parte del abogado que se reunió con el exfiscal.

Gragnoli se jubiló como fiscal del Departamento Judicial San Martín en diciembre de 2022. Nunca tuvo una denuncia en su contra ni sanción alguna. Luego de retirarse de la función pública, Gragnoli se dedicó a ejercer como abogado de la matrícula en un estudio jurídico situado al lado del edificio de los tribunales de San Martín.

“Lo que el abogado G.S. no nos dijo fue si este pedido era para el juez, para este exfiscal o para quién, pero sí le dijo a mi padre que tenía tiempo hasta el lunes para juntar el dinero”, expresó uno de los comerciantes en su denuncia.

Grammatico Mazzari fue el juez que autorizó las detenciones de los primeros acusados de ser responsables de las muertes de 24 personas que consumieron cocaína envenenada con carfentanilo en el asentamiento Puerta 8, cerca de Loma Hermosa.

Además, en diciembre de 2019 avaló el requerimiento de la fiscalía para que sea sometido a juicio oral Fabián González Rojas, tío de Sheila Ayala, la niña de 10 años asesinada en octubre de 2018 en San Miguel. Igual que en el caso del fiscal jubilado, Grammatico Mazzari nunca tuvo una denuncia en su contra.

“Estoy al tanto de la denuncia, es una mentira absoluta y miserable. Es común en estos temas sensibles que los denunciantes poderosos que no consiguen beneficios procesales arremetan contra los funcionarios que le son adversos, con denuncias armadas. Hace 20 años que ejerzo con mucha dignidad el cargo de juez, más otros tantos como fiscal y estoy muy orgulloso de mi desempeño”, expresó el juez Grammatico Mazzari al ser consultado por LA NACION sobre la acusación en su contra.

“No voy a permitir que ensucien mi nombre y mi reputación con una burda y grosera operación para correrme de la causa, que está basada en hechos falsos con el único objetivo de obtener un resultado que no obtuvieron por la vía legal. Apenas sea requerido judicialmente en forma inmediata me pondré a disposición del magistrado que intervenga para brindar las explicaciones. Esta falsa denuncia es la consecuencia directa por haberme negado a liberar a una persona acusada de graves delitos”, agregó el magistrado.

El delito por el que fueron imputados los cinco integrantes de la sociedad dueña de la cadena de carnicerías figura en el artículo 176 del Código Penal, que condena a penas de entre dos y seis años de prisión “al comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, no justificara la salida o existencia de bienes que debiera tener” o por “sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa”.

En el caso puntual en el que el juez rechazó el pedido de eximición de prisión de uno de los integrantes de la sociedad dueña de las carnicerías, la imputación fue por haber vaciado las cuentas antes de solicitar el concurso de acreedores.

Ante los dichos del abogado G.S., y dominados por el temor de volver a ser detenidos como en diciembre pasado, los comerciantes decidieron denunciar al magistrado y al exfiscal.

La fiscal de Delitos Complejos de San Martín Verónica Pérez escuchó los testimonios de los comerciantes y tomó declaración a otros testigos. Sin que se hubiera filtrado ninguna información, la representante del Ministerio Público inició el sumario contra el magistrado y ordenó una serie de medidas para preservar las pruebas.

Debido a que uno de los dos acusados es un fiscal jubilado que se desempeñó en el mencionado departamento judicial, la fiscalía solicitó que la investigación contra el juez y exfuncionario judicial sea instruida en otro distrito.

En las últimas horas se conoció la resolución de una Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín que anuló el rechazo de Grammatico Mazzari al pedido de eximición de prisión y dispuso que sea analizado por otro juez. Al mismo tiempo, Grammatico Mazzari se excusó de intervenir en el sumario por la quiebra fraudulenta.

Por Gustavo Carabajal

• San Martín

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