Dictaron la prisión preventiva para uno de los magistrados más importantes de Buenos Aires
El camarista Martín Ordoqui había sido destituido hace un mes; fue procesado por formar parte de una asociación ilícita que cobraba dinero para otorgar beneficios a presos por delitos graves
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LA NACIONGustavo Carabajal
El destituido juez de la Cámara de Casación penal bonaerense, Martín Ordoqui seguirá preso. En las últimas horas el magistrado de Garantías de La Plata, Federico Guillermo Atencio, aceptó el pedido de la fiscal Betina Lacki y dictó la prisión preventiva el juez, acusado de formar parte de una asociación ilícita que beneficiaba a presos a cambio de dinero.
Además, Ordoqui fue procesado con prisión preventiva por formar parte de la denominada “banda del juez”, que comandaba el exmagistrado de Garantías de La Plata César Melazo y también integraban el jefe de la barrabrava de Estudiantes, un grupo de comisarios y oficiales de la policía bonaerense, un fiscal y delincuentes comunes, que se dedicaban a asaltar a personajes de la política provincial que tenían dinero sin declarar.
En la resolución dictada por el juez Atencio, se consignó que a Ordoqui le adjudicaron su presunta responsabilidad en siete hechos de asociación ilícita y tráfico de influencias y dos hechos de cohecho pasivo.
Ordoqui había sido detenido el 4 de septiembre pasado, horas después que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires lo destituyera de su cargo de camarista de la Casación provincial por haber dictado resoluciones contrarias al Derecho.
La detención de Ordoqui había sido pedida tres años antes. Debido a que el camarista tenía fueros, fue apresado luego de un proceso que incluyó la suspensión primero, y el juicio politico después. Además de la causa de “la banda del juez”, la representante del Ministerio Público había imputado a Ordoqui por formar parte de una asociación ilícita que, en complicidad con un grupo de abogados platenses, favorecía la situación de detenidos por diversos delitos a cambio de dinero.
Con su detención, concretada hace casi un mes, Ordoqui se había convertido en el magistrado más importante en ser destituido en la historia penal bonaerense. Hasta ese momento, dicho lugar lo ocupaba Eugenio Alsina, que formó parte de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora.
El Jurado de enjuiciamiento dio por acreditado que “el magistrado, entre 2017 y 2018, en el desarrollo de algunos legajos casatorios, actuó con parcialidad manifiesta en beneficio de un justiciable: Juan Ariel Heine”.
Coincidieron en que correspondía la destitución de Ordoqui por haber incurrido en incumplimiento de deberes del funcionario público, graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, realización de actos de parcialidad manifiesta y defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.
Señalaron que “al mismo tiempo, faltó al decoro y la dignidad de su función e incumplió los deberes inherentes a su cargo al brindar información interna y asesoramiento –al punto de redactar personalmente un escrito judicial para ser presentado en una causa sometida a su jurisdicción– a particulares, como Lidia María Perna y Ariel Heine”.
El Jurado de Enjuiciamiento concluyó que “el magistrado acusado recibió dádivas por estas gestiones y solicitó dinero para quien oficiara como secretaria privada, María Eugenia Mercado”.
Durante la investigación de la denominada “banda del juez”, la fiscal Lacki , inició otro expediente contra Ordoqui, debido a las irregularidades halladas en el otorgamiento de la prisión domiciliaria al mencionado Heine, que había sido sometido a juicio como jefe de una asociación ilícita que se apropiaba de establecimientos rurales de la zona de San Vicente y Brandsen. Uno de los testigos que declararon ante el Tribunal Oral Nº 5 de La Plata, que condenó a Heine, afirmó que este utilizaba “matones” para ocupar los campos que usurpaba la banda que comandaba.
A pesar de tantos pedidos rechazados y de su frondoso prontuario, en junio 2018, Heine pudo dejar la cárcel. El acusado había recibido el teléfono de un vendedor de influencias identificado como Enrique “Quique” Petrullo. Entonces, le pidió a su esposa que se comunicara con el “gestor judicial”. Comenzó así un intercambio de mensajes que terminó con una resolución dictada por el camarista Ordoqui, en la que Heine fue beneficiado con la prisión domiciliaria.
Así, el reconocido usurpador consiguió lo que otros jueces le habían negado. Para obtener dicho beneficio, Heine habría entregado a María Eugenia Mercado, secretaria privada de Ordoqui una importante suma de dinero en concepto de compensación, según declaró la abogada Lidia Perna, al presentarse como arrepentida.
A partir del cruce de la información hallada en los celulares de los imputados y del intercambio de mails, entre los que figura la dirección de correo electrónico “eugelarubia”, que pertenece a Mercado, los investigadores judiciales encontraron pruebas que indicarían que la asociación ilícita contaba con más integrantes y que el magistrado aparecería como pieza importante del grupo delictivo.
Así fue que la Justicia dispuso los procesamientos con prisión preventiva para tres abogados y un empresario del transporte convertido en financista. A los letrados, con estudios jurídicos en La Plata, se les imputó formar parte de una asociación ilícita junto a Ordoqui, Mercado y Petrullo. La misma imputación recayó sobre el dueño de una empresa de transporte de colectivos. Además, fueron acusados de diversos casos de tráfico de influencias en algunos de los nueve hechos señalados por la fiscal.
Al revisar las capturas de una serie de mensajes hallados en los celulares de los imputados, los investigadores hallaron un glosario de términos que los imputados utilizaron para referirse a algunas de las personas que requerían los servicios de la asociación ilícita para obtener beneficios en causas penales que los tenían como acusados. Así, los investigadores determinaron que cuando se acordaba una reunión en la “terraza” , “techo” o “azotea”, se hacía referencia al despacho de Ordoqui. En sus distintas conversaciones, Petrullo se refería al magistrado con los términos “tío”, “profesor” o “loquillo”.
En varios intercambios de mensajes los acusados se referían al “TP” o “trabajo práctico”, término que, según los investigadores indicaba los escritos o presentaciones judiciales en las que aparecían como beneficiarios las personas que contrataban los servicios de la asociación ilícita y que el juez debía controlar para que la gestión tuviera éxito.
Uno de los ocho hechos que el Ministerio Público de La Plata describió en el pedido de captura contra los nuevos integrantes de la banda involucró a Ángel Oscar Benavídez, a quien un traficante de influencias y un abogado habrían pedido una suma de dinero para quitarle una restricción perimetral que le impuso un juzgado de Familia de Junín por una serie de episodios de violencia de género contra su pareja.
Fuentes de la investigación indicaron que ambos imputados recurrieron a Ordoqui para que aceptara un pedido de habeas corpus de Benavídez con el objetivo de que se dejara sin efecto la orden de restricción.
A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores judiciales se habría determinado que Benavídez, pagó los servicios del grupo con cheques de una cerealera que fueron descontados en la financiera del dueño de la empresa de colectivos, situada en Reconquista al 300, con un automóvil y con pasajes al exterior.
Pero, uno de los integrantes de la banda tuvo que devolver el automóvil luego que, en un fallo dictado por el tribunal superior de Ordoqui, se revocó el fallo de magistrado “por carecer de competencia material al intervenir en un expediente que instruía en la Justicia de Familia de Junín”.
Uno de los “clientes” que no llegó a un acuerdo con el grupo habría sido el dueño del boliche L’Zero, de Bernal Oeste, condenado a prisión perpetua por un homicidio ocurrido en mayo de 2014. Ronco, que lo conocía de la cárcel, se habría encargado de acercar este “cliente” a los integrantes de la asociación ilícita para que pudiera obtener el beneficio de la detención domiciliaria, con el monitoreo de la tobillera electrónica.
Fuentes de la investigación indicaron que el acuerdo no se concretó porque el empresario se negaba a pagar por adelantado.
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