Dura condena. Quince años de prisión para la banda que secuestró a siete personas en un country de la comunidad judía

Cuatro hombres fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión por haber secuestrado en marzo de 2016 a siete integrantes de dos familias, entre ellos tres niños, a quienes capturaron cuando cenaban en una casa de un country de la comunidad judía en la localidad de Tristán Suárez, se los llevaron cautivos sin que la guardia lo advirtiera y los liberaron cuatro horas después tras el pago de 50 mil dólares que una de las víctimas logró reunir con la ayuda de su suegro.

Fuentes judiciales aseguraron hoy que la sentencia por unanimidad fue dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de La Plata, y recayó sobre Marcelo Hernán Proz, de 36 años; Sebastián Rodrigo Garay, de 38; Maximiliano Omar Montenegro, de 37, y Carlos Sebastián “Pelado” Ardohain Padilla, de 37.

Todos ellos fueron acusados de ser coautores del delito de “secuestro extorsivo agravado por el cobro de rescate, por la cantidad de intervinientes, por haber sido cometido contra tres víctimas menores de dieciocho años de edad y por padecer uno de ellos trastorno del espectro autista”.

En el fallo de 123 páginas, al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam, los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Enrique Signori determinaron que el múltiple secuestro extorsivo ocurrió el 20 de marzo de 2016, aproximadamente a las 21.15, en el Centro Israelita Sionista Scholem Aleijem Bialik (Cissab), un tradicional club de la comunidad judía ubicado en Blas Parera 1301, de Tristán Suárez, y terminó con el pago del rescate en la autopista Ezeiza-Cañuelas.

En esa ocasión, dos parejas y sus hijos, dos varones de 4 y 5 años y una niña de 2, cenaban en una misma casa, ubicada en el lote 210 del country.

Tres delincuentes armados entraron con sus caras cubiertas al predio y llegaron hasta la vivienda, donde exhibieron armas largas con las que redujeron a las familias, una de las cuales estaba como invitada, y luego comenzaron a sustraer elementos personales y de la propiedad.

Tras ordenar a las personas a tirarse al suelo, los forzaron a subir a una Ford Ranger de una de las víctimas y junto a los ladrones -que resultaron ser Proz, Montenegro y Ardohain Padilla- salieron por la puerta de ingreso del country sin que la guardia se diera cuenta de que se trataba de un secuestro.

Según las fuentes, los captores decidieron liberar a uno de los hombres secuestrados para que se dirigiera a bordo de la camioneta a buscar el dinero para pagar por la liberación del resto de las víctimas, quienes fueron retenidas y ocultadas en un Volkswagen Vento utilizado por la banda.

El hombre llamó a su suegro para pedirle 50.000 dólares que iba a pasar a retirar por su casa, situada en la Capital, y unos 40 minutos más tarde comenzó a recibir las llamadas de los secuestradores para acordar el lugar de pago.

Mientras tanto, el resto permaneció en el auto con los secuestradores y “durante ese trayecto los captores se dieron cuenta de que no tenía nafta, por lo que hicieron bajar a las víctimas en un descampado, permaneciendo custodiadas por dos de ellos, uno de los cuales los apuntó todo el tiempo con una pistola y los otros fueron a cargar combustible y cuando volvieron los hicieron subir nuevamente”.

Una vez con el dinero en su poder, el hombre recibió un llamado en el cual le indicaron el sitio donde debía dejar la bolsa que lo contenía, aunque el pago del rescate se demoró por reiteradas confusiones en el trayecto que debía seguir.

Finalmente, la víctima recibió un nuevo llamado en el que acordaron que el pago se iba a realizar en el kilómetro 32 de la Autopista Ezeiza – Cañuelas, a la altura de la localidad de El Jagüel, donde a las 0.15 del día siguiente arrojó por la ventana la bolsa con el dinero y el celular.

Los delincuentes tomaron los 50.000 dólares y cerca de la 1 liberaron sanos y salvos a los otros seis secuestrados, entre ellos a los tres niños, uno de ellos que padecía TEA.

Durante el debate oral, el Tribunal tuvo en cuenta, entre otras pruebas, las cámaras de seguridad y las comunicaciones brindadas en su momento por la empresa Nextel, que fueron analizadas por la División Unidad Operativo Sur de la Policía Federal Argentina (PFA).

De esta manera, Ardohain Padilla, Proz y Montenegro fueron condenados a 15 años de prisión, mientras que Garay recibió 14 años.