El cambio que falta no depende de una gestión

Francisco Mugnolo
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22 de agosto de 2013  

El interés por la fuga de la unidad penal de Ezeiza y el recambio en la dirección del Servicio Penitenciario Federal exigen reflexionar sobre nuestro sistema de ejecución penal y trascender la saga cuasi cinematográfica del hecho y los debates banales.

La evasión de 13 detenidos de aquella unidad nos muestra a las claras el grado de corrupción e ineficiencia que ha perjudicado el funcionamiento del sistema carcelario. Este hecho debe ser un punto de inflexión para profundizar la democratización de la agencia penitenciaria nacional.

Es saludable, por empezar, ratificar el control civil de la ejecución penal, si bien ello no puede agotarse por la condición personal de un director o una directora nacional. El control democrático de esta agencia y el respeto de los derechos humanos reclaman un control cívico cotidiano, efectivo y concreto.

Debemos rescatar, en este sentido, que la gestión de Víctor Hortel implementó varias políticas públicas de valor que es imperioso mantener, aun cuando también se hayan consolidado viejas deudas durante ese lapso.

El cambio que falta no depende de una gestión. Es necesario avanzar sobre lo hecho y gestar un acuerdo amplio acerca de cuál debe ser el modelo penitenciario.

Aun con sus errores, la gestión saliente dio un viraje en áreas clave de la política carcelaria. De modo central, se reconocieron las torturas y los malos tratos en las cárceles federales, y se dejó de "patrocinar" la defensa de actos delictivos. La cárcel se abrió un poco a la comunidad y aparecieron espacios de trabajo conjunto con instituciones públicas, organizaciones civiles y familiares de los internos.

De modo crucial, Hortel supo inaugurar una práctica de aceptación respetuosa del trabajo de un organismo de control independiente y autónomo como es la Procuración Penitenciaria, a la que permitió escrutar sin restricciones las condiciones de detención, al favorecer el diálogo institucional constructivo y republicano.

Lamentablemente, falta redoblar el esfuerzo en ese sentido, pues la tortura y las pobres condiciones de encierro siguen siendo la nota distintiva de nuestras cárceles.

Durante los últimos años, se incrementó el hacinamiento y aumentó la cantidad de muertes en prisión, en especial por causas violentas. Tampoco se han podido erradicar prácticas ilegales, como el confinamiento solitario y los traslados arbitrarios; no se ha atacado la corrupción que erosiona la labor penitenciaria y no se ha promovido la desmilitarización de una fuerza que es todavía autoritaria. Si no aprovechamos esta oportunidad, la situación seguirá siendo la misma.

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