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El geriátrico que fue una trampa mortal no tenía habilitación provincial
Los tres dueños del establecimiento fueron imputados por homicidio y lesiones culposas, al igual que dos cuidadoras
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA.- Tres dueños y dos empleadas que se desempeñaban durante el turno noche quedaron imputados por las tres muertes que provocó el incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en un geriátrico del barrio La Perla donde, según constató la Justicia, sus propietarios no tenían habilitación provincial para ese alojamiento de adultos mayores y tampoco funcionaban de manera eficiente los sensores de humo instalados en ese lugar.
Estas confirmaciones a las que accedió LA NACION de fuentes judiciales se dan al cabo del allanamiento que se realizó en horas de la tarde en el edificio afectado por las llamas. Las acusaciones son en principio por homicidio culposo y lesiones culposas, aunque la calificación podría cambiar y agravarse con el avance de la causa.
La investigación está encabezada por el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la unidad de Delitos Culposos, que requirió la inspección de las instalaciones y el secuestro de documentación. Espera, además, el resultado de una buena cantidad de peritajes y medidas para determinar si el establecimiento Sagrada Familia tenía condiciones de seguridad aptas para su funcionamiento.
Los propietarios son dos mujeres y un hombre, cuyos datos filiatorios no trascendieron. Sí se sabe que son hermanos y que serían propietarios de otros establecimientos de similares características en esta ciudad. Las otras dos imputados son empleadas a cargo del turno en el que sucedió el siniestro, con casi 40 personas a su cargo.
El foco de fuego, según se interpretó de los primeros relevamientos realizados por peritos, fue una habitación sobre una ochava. La especulación o hipótesis más firme es que el incendio se haya originado por un cigarrillo encendido que tomó contacto con algún elemento combustible.
Los policías que en primer término, luego también bomberos, accedieron al edificio de Sagrada Familia, sufrieron consecuencias de inhalación de humo. Uno de ellos debió ser asistido y derivado a un hospital, pero sin riesgo para su salud.
Ese personal dio con las tres personas fallecidas y también con una mujer que fue recuperada con vida, grave y con dificultades para respirar. Se la trasladó en ambulancia hacia el Hospital Interzonal General de Agudos. Se había asegurado que esa víctima también había fallecido, pero el dato luego se corrigió y se confirmó que sigue en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.
También confirmó a LA NACION que sería trasladada este jueves a un establecimiento privado ya que tiene obra social. Su cuadro es complicado por quemaduras varias, aunque dio muestras de evolución. Tiene 79 años.
Las víctimas fatales confirmadas por la justicia son tres mujeres, dos de 95 años y la restante tenía 80.
La labor de los peritos, al servicio de la justicia, empieza a traer algo de luz a la investigación judicial. El fiscal Moure requirió el allanamiento para confirmar cuál es el estado de situación administrativa y de condiciones de seguridad de este geriátrico.
Según se informó a LA NACION, no contaba con habilitación provincial que se requiere para el rubro y solo encontraron los policías una carpeta con el trámite iniciado y sin completar hace ya algunos años. Esa documentación quedó secuestrada.
También quedaron secuestrados equipos detectores de humo que no estarían en funcionamiento y podrían haber sido motivo de una reacción tardía de quienes fueron a responder por las víctimas, afectadas por un fuego que avanzaba pronto a la par de la expansión del humo, que ganó otras dependencias del edificio y provocó cuadros de asfixia o dificultades respiratorias a internos y personal a su cargo.
Desde la fiscalía se informó que este hogar había sido inspeccionado por el municipio en octubre pasado y se le había advertido sobre estos incumplimientos, en particular la cuestión de habilitación.
El fiscal Moure avanzó entonces con la imputación de los tres hermanos que son dueños del geriátrico y también de las dos personas responsables del turno noche. La cantidad de personas alojadas -que serían 38- y aportarían capacidad completa al lugar, no es compatible con esa mínima dotación para responder por ellos.
Se espera que en las próximas horas, una vez notificados de la formación de causa e imputaciones, los cinco imputados sean citados a declarar en sede judicial. Ninguno de ellos quedará privado de libertad ya que por el momento la causa está calificada como homicidio culposo y lesiones culposas, delitos que son excarcelables porque tienen una expectativa de pena de hasta tres años de prisión.
Por Darío Palavecino
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