El hallazgo en Santa Fe de dos avionetas con cocaína señala el crecimiento de la logística narco

ROSARIO.-La Argentina se consolidó durante los últimos años como un nodo logístico del narcotráfico, uno de los eslabones más redituables dentro de la cadena de un negocio criminal que crece, entre otros motivos, a causa de una mayor oferta de cocaína en el mercado. Bolivia, uno de los tres productores de esta droga, incrementó –de acuerdo con datos del último informe de Naciones Unidas contra la droga y el delito– en un 10 por ciento el área de cultivo de coca, lo que le dio a ese país, que atraviesa una compleja y tensa situación política, una capacidad de producción de unas 380 toneladas de cocaína anuales.

Ese volumen de droga tiene distintas vías de comercialización, como el mercado interno brasileño, y Europa, Asia y Oceanía, donde el kilo de cocaína se paga entre 10 y 15 veces más del valor (unos 2000 dólares) al que se lo adquiere en el Trópico de Cochabamba, Bolivia. Lo más complejo y costoso del negocio narco es la logística. Se requiere una cadena para trasladar la droga que se fabrica en la selva del Chapare –controlada por los cocaleros y carteles internacionales– hasta el puerto de Amberes, Bélgica, o una terminal en Melbourne, Australia.

Esa logística que mueve el engranaje del negocio narco cambió durante los últimos años, según coinciden fuentes consultadas en el Ministerio de Seguridad Nacional y en la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar). Ese nuevo esquema se cristalizó en los dos cargamentos que llegaron en avionetas y fueron secuestrados en un lapso de apenas ocho días en Santa Fe, con un decomiso total de casi 800 kilos de cocaína.

El jefe de Gendarmería Claudio Brilloni señaló a LA NACION que en lo que va del año se registraron 179 vuelos irregulares, denominados Tránsito Aéreo Irregular (TAI), rastreados por el Comando Conjunto Aeroespacial. “Ahora esa información les llega en tiempo real a las fuerzas de seguridad federales”, destacó, por su parte, un fiscal federal.

La ubicación geográfica de Rosario es un punto clave de la hidrovía Paraná-Paraguay, con más de 30 puertos privados diseminados en una extensión de 80 kilómetros. Desde hace un tiempo empiezan a aparecer estructuras locales del crimen organizado con capacidad de articulación internacional; carteles brasileños con presencia operativa, y redes colombianas de lavado de activos. Lo que durante años fue presentado como violencia entre bandas locales que disputaban territorios hoy se revela como algo mucho más complejo: la transformación de organizaciones criminales rosarinas en eslabones fundamentales de cadenas de tráfico que conectan Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil, y que utilizan los puertos santafesinos como plataformas de exportación hacia mercados europeos, asiáticos y africanos.

Los casos de Fabián Pelozo, Jorge Granier, el brasileño conocido como Fuminho del PCC, y Brian Bilbao no son episodios aislados, sino manifestaciones de un fenómeno sistémico que revela cómo se redefinió la criminalidad organizada en la región.

El desembarco en Bolivia del magnate narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y extraditado a los Estados Unidos, puso en evidencia el incremento del flujo de cocaína que sale por la hidrovía. Parte de esa droga llega en avionetas preparadas especialmente para transportar la carga ilegal. Ahora se usan las aeronaves Cessna 210, señalaron los investigadores, que tienen una mayor capacidad y autonomía. Antes se utilizaba el modelo Cessna 206, que tienen una doble puerta lateral y eran más accesibles para el bombardeo de cocaína, es decir, cuando se arrojaba desde el aire -a baja altura- las bolsas con la droga, que alguien esperaba en tierra.

Esta modalidad provocó que se perdieran cargamentos valuados en millones de dólares, como ocurrió en 2022 en Juan Bernabé Molina, en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires, donde dos chacareros encontraron 200 kilos de cocaína que habían caído del cielo.

Ahora las avionetas aterrizan en caminos rurales o campos, como ocurrió el lunes de la semana pasada en Vera. Un Cessna 210 necesita menos de 400 metros, según apuntó un piloto especializado, para poder aterrizar. “Generalmente viaja el piloto y una persona que se ocupa de la carga de combustible en el vuelo. Por eso, siempre se secuestran bidones de nafta. Eso evita que tengan que hacer una parada para reabastecerse de combustible y pueden hacer una sola escala en Paraguay, o incluso, un vuelo directo desde Santa Cruz de la Sierra, que son unos 1650 kilómetros en línea recta”, señaló un investigador.

El modelo Cessna 210 Centurión es monomotor, con tren de aterrizaje retráctil. Esa característica es decisiva porque reduce la resistencia aerodinámica y le da más velocidad y más rango que su hermana menor, la Cessna 206, que durante años fue la favorita del narcotráfico sudamericano. Ya no se trata de tirar droga en el norte de Salta, a 200 kilómetros de la frontera. Ahora los vuelos llegan hasta 1500 kilómetros al interior de la Argentina. El destino no es el monte chaqueño: son los campos que rodean a Rosario y los puertos del Paraná, o la provincia de Buenos Aires.

Los números del manual técnico de la Cessna 210 advierten que la carga útil máxima es de 769 kilos, y tiene que entrar todo: el piloto, el copiloto si lo hay, el combustible y la cocaína. Es una ecuación donde cada kilo cuenta y donde el error se paga con un aterrizaje forzoso o la vida.

El cálculo que hacen las organizaciones narco es siempre el mismo: maximizar la carga, minimizar el combustible. Un piloto pesa unos 80 kilos. Si viaja solo y carga 370 kilos de cocaína —un promedio habitual en los secuestros recientes—, le quedan disponibles para combustible 443 litros. A un consumo de 60 litros por hora volando a baja altitud, le da para unas 7 horas y 20 minutos en el aire. A una velocidad de crucero reducida por el peso y la baja altitud —unos 260 kilómetros por hora—, el rango teórico es de 1900 kilómetros. Justo para cubrir los 1650 kilómetros que separan el Beni o Santa Cruz de la Sierra del centro de Santa Fe. Justo. Con una hora de reserva.

Si viajan dos tripulantes —piloto y copiloto, como sucedió en Villa Eloísa—, la ecuación se complica. Dos cuerpos suman 160 kilos. Eso deja solo 239 kilos para combustible: 332 litros, unas 5 horas y media de vuelo. El rango baja a 1430 kilómetros. No alcanza para llegar al centro de Santa Fe. No alcanza, y sin embargo lo intentan.

Eso es exactamente lo que pasó en enero de 2025, cuando un Cessna 210 aterrizó de emergencia en un campo de Ibicuy, Entre Ríos. Llevaba 359 kilos de cocaína y dos tripulantes: un piloto brasileño con antecedentes por transportar 470 kilos de cocaína en Brasil y una exreina de belleza boliviana. La avioneta se había quedado sin combustible después de volar 1500 kilómetros desde el sur de Bolivia sin repostaje. La matemática había fallado. El viento, o un desvío, o un error de cálculo les comió la reserva. En lugar de aterrizar en un campo preparado con bidones de nafta y una camioneta esperando, cayeron en un potrero ajeno, a la vista de un peón rural que llamó a la policía.

Tras la caída del magnate narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia y extraditado en marzo pasado a Estados Unidos, quedó al descubierto el poder económico del negocio de la cocaína que se traslada hacia los puertos de la hidrovía en Paraguay, Argentina y Uruguay. En un hangar en Warnes, cerca de Santa Cruz de la Sierra, este grupo criminal tenía guardadas 16 avionetas Cessna 210. A diferencia de lo que ocurrió con tres cajas fuertes que Marset tenía en la mansión donde se recluía, que desaparecieron en manos de los policías bolivianos, las aeronaves fueron secuestradas.

Uno de los encargados de coordinar estos vuelos era José Rojas Velasco, conocido como Pepa, un hombre de 29 años que no sólo piloteaba avionetas cargadas de cocaína, sino también autos de rally. En una carrera, el 26 de abril pasado, encontró la muerte cuando un sicario lo ejecutó de seis disparos antes de que largara.

Tras la detención de Marset, Pepa era uno de los “elegidos” para gerenciar esa organización. Con él hablaban antes de su asesinato los chacareros narcos que debían tener preparado el campo Don Julio para que aterrizaran las avionetas. Según los investigadores de Procunar, detrás de la avioneta donde se secuestraron 442 kilos de cocaína venía otra. No pudo ser interceptada, y lo más probable es que regresó a Bolivia ese mismo día. “Creemos que están haciendo dos vuelos juntos. Eso lo detectamos por la logística que hay en tierra, con varias camionetas para transportar la droga”, señaló un investigador de Gendarmería.

Brian Bilbao representa el modelo más sofisticado de narcotráfico rosarino, con infraestructura aérea propia. Entre 2020 y 2023, Bilbao consolidó una organización capaz de transportar cientos de kilos de cocaína por mes desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina utilizando avionetas propias, pistas de aterrizaje clandestinas en campos privados y pilotos profesionales contratados específicamente para esa tarea. Su estructura operaba desde aeródromos en clubes exclusivos como Campo Timbó y Carrizales, donde las avionetas aterrizaban sin que nadie hiciera preguntas.

Bilbao no era violento. No participaba de balaceras ni disputaba territorios en las calles. Su negocio era logístico: traer la droga, almacenarla en galpones de empresas legales que él mismo controlaba, y distribuirla hacia Buenos Aires, Córdoba y otras provincias. Lavaba dinero comprando teatros, taxis, bares y empresas de biodiesel. Cuando cayó su hermano Waldo en septiembre de 2025, la policía encontró en su departamento un escondite construido dentro del baño, con escalera metálica y sistema de fuga similar al que usaba el Chapo Guzmán.

Brian Bilbao fue capturado el 11 de noviembre de 2025 en una avioneta que aterrizaba con cuatrocientos kilos de cocaína. Dos años de fuga terminaron en un campo bonaerense, en el mismo escenario donde había construido su imperio.

El contrabando de cocaína desde los puertos de Rosario y San Lorenzo es el denominador común de todas estas estructuras. Los puertos santafesinos son fundamentales en la geografía del narcotráfico sudamericano por tres razones: su ubicación estratégica en la hidrovía Paraná-Paraguay, el volumen que manejan diariamente y la debilidad de los controles aduaneros.

Ese flujo comercial legítimo es la cobertura perfecta para el tráfico de cocaína. Las organizaciones narco utilizan empresas exportadoras reales, contratan despachantes de aduana con experiencia y camuflan la droga en contenedores que transportan productos legales: soja, maíz, arroz, como ocurrió con los 1500 kilos de cocaína secuestrada en Empalme Graneros en 2022.

Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, sostuvo en diálogo con LA NACION que el incremento de la oferta de cocaína en los países productores genera un mayor flujo de salida hacia el exterior. El funcionario señaló que de acuerdo con las causas en investigación aparece el puerto de Montevideo como uno de los canales de salida.

En mayo de 2025, un integrante de la tripulación del buque MV Ceci, de bandera de las Islas Marshall, donde se secuestraron 469 kilos de cocaína tras cargar en el puerto de Vicentín, se quebró y declaró que la droga fue cargada al barco en una rada cerca de Montevideo. También dijo que en San Lorenzo, Santa Fe, estaba previsto que se subiera otro cargamento de cocaína, algo que finalmente no se concretó.

Detrás de este cargamento aparece como principal sospechoso Luka Starcevic, considerado el “embajador” de la mafia de los Balcanes en Sudamérica. Starcevic fue detenido —como publicó LA NACION— en un paso fronterizo del Chaco paraguayo cuando intentaba cruzar a Bolivia con un DNI argentino apócrifo a nombre de Lisandro Emanuel Larre.

Su sombra aparece, según los investigadores, detrás del cargamento de 469 kilos de cocaína secuestrado en el barco MV Ceci, en el río Paraná. El caso abrió una línea hasta ahora desconocida en la región del Gran Rosario: la presencia de células de la mafia serbia, muy poderosa en Sudamérica por las alianzas que tejió con otras organizaciones, como el PCC, el mayor grupo criminal de Brasil, cuya presencia en Santa Cruz ya no es de “emisarios” sino de jefes instalados.

Por Germán de los Santos

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