El INTA se hará cargo de dos estancias de narcos

ROSARIO.- En un fallo que no tiene precedentes, la justicia federal designó ayer al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que administre dos estancias de 7400 hectáreas en Corrientes que fueron decomisadas a su propietaria, condenada el 11 de abril pasado a 20 años de prisión por formar parte de una organización narco que usaba pistas de aterrizaje en ese establecimiento ganadero para traer cargamentos de cocaína de Bolivia.

En el juicio que se llevó adelante en Corrientes en abril pasado, el fiscal Carlos Schaefer pidió fuertes condenas para este grupo narco trasnacional, integrado por argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos. Pero además solicitó a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Corrientes el decomiso de las estancias Santa María del Aguapey y Santa Úrsula, ubicadas cerca de la localidad de Santo Tomé.

Los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni avalaron el pedido del fiscal, que junto al titular de la Procuraduría de Narcotráfico, Diego Iglesias, insistieron en que esos bienes pasaran a ser administrados y utilizados por el Estado.

Los magistrados avalaron finalmente el pedido y designaron al INTA para que administre esos campos que eran de propiedad de María Hilda Calabrese. El organismo deberá designar a un funcionario para que maneje y decida qué hacer en ese establecimiento. Cada seis meses deberá informar a la justicia federal en qué estado se encuentran las estancias.

Calabrese, quien fue condenada a 20 años de prisión, había tramado junto con su pareja, Florentino Niemiz, también condenado, una pantalla para arrendar los establecimientos para la cría de ganado. Pero allí no había vacas sino pistas clandestinas custodiadas por un grupo armado y donde desembarcaban grandes cargamentos de cocaína.

De acuerdo con el fallo, al que tuvo acceso LA NACION, también quedarán en poder del Estado cuatro aviones Cessna que eran utilizados por esta banda para trasladar los cargamentos de cocaína desde Bolivia. Las aeronaves quedarán en manos de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico.

Esas dos estancias que eran de Calabrese estaban siendo administradas, por decisión judicial, por los hijos de la mujer. Pero con este fallo de la justicia federal de Corrientes pierden toda potestad sobre la propiedad. Se asegura que el mecanismo de recuperación de bienes en poder del narcotráfico podría ser más ágil si se sancionase la ley de extinción de dominio, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados.

Por Germán de los Santos

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