El juez federal acusado de robar 144 monedas de oro quedó al borde del juicio
Se trata de Martín Poderti, quien actualmente integra el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El juez federal Martín Poderti, actual integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, quedó al borde del juicio oral y público. Un tribunal de alzada confirmó su procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos. Se trata de una causa donde se investiga la desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas en el marco de una causa donde se investigaba a una banda narco cuando el funcionario judicial se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por los magistrados Néstor Barral y Alberto Lugones, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín.
“El Tribunal aprecia que los elementos de juicio colectados hasta el momento del dictado del interlocutorio cuestionado y allí valorados, son suficientes para convalidar el procesamiento de Poderti”, se sostuvo en la resolución del tribunal de alzada, a la que tuvo acceso LA NACION.
El faltante de las monedas se detectó el 9 de abril de 2024, cuando Poderti ya cumplía funciones en el TOF de Mar del Plata. Como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar. Se las tenían que devolver a su propietario después de ser absuelto.
Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad de la sucursal San Isidro del Banco Nación. En el tiempo que se desempeñó como secretario, el actual magistrado fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.
Los camaristas también confirmaron el embargo sobre los bienes de Poderti hasta cubrir la suma de 190 millones de pesos, decisión que había adoptado en diciembre pasado el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba cuando procesó a su colega.
La investigación estuvo delegada en el por entonces fiscal Paul Starc, hoy titular de la Unidad de Informacón Financiera (UIF).
Hace tres semanas se realizó ante la Cámara Federal la audiencia donde las partes argumentaron sus posturas. Poderti estuvo acompañado por sus abogados Gastón Marano y Alejandro Bisbal. También participaron el querellante y propietario de las monedas sustraídas, Rodolfo Tamborini, representado por su letrado, Marcelo Rocchetti, y por el Ministerio Público, el fiscal general Carlos Cearras.
Al fundamentar la apelación del procesamiento, la defensa del juez Poderti sostuvo, entre otras cuestiones, que el fallo recurrido “es el resultado de una instrucción irregular que impidió la producción de prueba demostrativa de la ajenidad de su representado, en tanto no fueron evacuadas las citas del descargo ofrecido, ‘transformando su declaración indagatoria en un mero acto formal para poder llevar el proceso a una instancia ulterior’. A su vez indicó que se limitó y conculcó el derecho de defensa en juicio ‘direccionando la pesquisa únicamente hacia la comprobación de la teoría del caso de las partes acusadoras, descartando así toda posibilidad de defensa que permitiría demostrar que el hecho materia de juzgamiento debía ser atribuido a un tercero ajeno a nuestro asistido’ y afirmó que, a su criterio, la decisión recurrida es la resultante de la limitación al principio de contradicción y al de igualdad de armas, amén que implicó el recorte del ‘libre ejercicio del principio de contradicción necesario para que se pueda comprobar la verdad material’”.
En la resolución, los jueces Lugones y Barral explicaron: “En primer lugar, se encuentra fuera de toda controversia que Poderti, en su por entonces calidad de Secretario Judicial, no solo revestía la calidad de custodio de los valores depositados en la caja de seguridad N° 8-44 emplazada en la sucursal bancaria aludida, sino que, además, su ingreso se encontraba autorizado, amén que a tal efecto contaba con la llave de apertura respectiva”.
Y agregaron: “A pesar de las frustradas suspicacias que se pretenden radicar en derredor a los accesos a la caja de seguridad, es que el único ingresante [sic] desde el paso de la caja de seguridad en favor del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, lo cierto es que fue el encausado Martín Poderti y, por tanto, único autor posible de la sustracción de las cosas faltantes. Todo lo reseñado hasta el momento, teniendo en cuenta la etapa procesal que se transita, permite rechazar las tesis defensistas [sic] y confirmar la hipótesis vinculante a la que arribara el magistrado de la instancia previa, en cuanto a que Poderti sustrajo las 144 monedas de oro que se le atribuyen".
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