
Bullying
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SAN CRISTÓBAL (enviado especial).- “Él expresó que no está a gusto con esta vida”, afirmó este martes el abogado Néstor Oroño, defensor de Gino C., el adolescente de 15 años que ayer mató a un alumno de 13 e hirió a otros dos estudiantes al disparar con una escopeta en el patio de la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno, en la ciudad santafesina de San Cristóbal.
Gino fue trasladado durante la tarde del lunes a la ciudad de Santa Fe, junto con su madre, quien lo acompaña y es la responsable legal de autorizar la intervención de los profesionales —psicólogos y médicos— que comenzaron a tratar al adolescente tras el ataque.
Oroño indicó que un integrante de su equipo mantuvo anoche una conversación con el joven y que de ese intercambio surgieron algunos elementos que comenzaron a circular en las últimas horas. “La idea es encontrar elementos para entender por qué tomó esta decisión. No es una estrategia de defensa, porque el hecho está probado”, sostuvo el abogado.
Según precisó, durante esa charla Gino contó por primera vez que desde los 10 años tuvo intentos de suicidio, una situación que, de acuerdo con su relato, nunca había compartido con nadie, ni siquiera con el psiquiatra que lo atendía. “Él empezó un tratamiento después de que se detectaron episodios de autolesiones, pero el chico dijo que nunca se animó a contarle al profesional que no estaba a gusto con su vida”, detalló Oroño en diálogo con LA NACION.
Las autolesiones, realizadas con un cuchillo en los brazos, sí habían sido advertidas por su entorno familiar. Los padres del adolescente están separados: su madre es docente y actualmente se encuentra con licencia psiquiátrica, mientras que su padre reside en la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con el abogado, como ese cuadro nunca fue manifestado por el adolescente en el ámbito escolar, no existió ningún tipo de intervención institucional previa. “Es un chico muy introvertido y reservado, que no hablaba con nadie”, concluyó.
A más de 24 horas del ataque a tiros ocurrido, según información confirmada a LA NACION por el gobierno de Santa Fe, el joven agresor fue trasladado a la capital provincial y permanece alojado en un lugar cuya ubicación es estrictamente confidencial, incluso para parte de los funcionarios que intervienen en el proceso. La reserva responde a una protección legal prevista en el marco del proceso penal juvenil y se mantendrá durante todas las etapas de la causa.
Al tratarse de un menor de edad, el caso se rige por una normativa específica. Tras la modificación del régimen aplicable en la provincia, los menores imputables quedan sometidos a un proceso penal especial, en el que las medidas adoptadas tienen carácter de resguardo y seguridad, y no punitivo como en el sistema de adultos. En ese contexto, el alojamiento no se realiza en una cárcel ni en una comisaría, sino en espacios preparados para este tipo de situaciones.
El adolescente se encuentra acompañado por su madre, quien oficia como referente afectiva y asume la responsabilidad legal que establece el Código Procesal Penal de menores. Se trata de un derecho previsto para los imputados jóvenes y forma parte de las garantías del proceso. La permanencia junto a un adulto responsable es considerada un elemento central en el abordaje institucional de este tipo de hechos.
La ubicación exacta del lugar donde está resguardado es conocida únicamente por el Servicio Penitenciario provincial, la fiscal a cargo de la investigación y el entorno familiar directo. Ni siquiera todos los organismos del Estado que participan del seguimiento del caso tienen acceso a esa información sensible. El objetivo es evitar filtraciones, preservar la integridad del joven y prevenir reacciones sociales que puedan poner en riesgo su seguridad.

El esquema no es excepcional. Desde el gobierno provincial indicaron que situaciones similares se aplicaron en otros casos de menores involucrados en hechos graves, como el de Jeremías Monzón, en los que los adolescentes son alojados en ámbitos reservados mientras avanza el proceso judicial y se evalúan las medidas a adoptar.
El ataque ocurrió ayer por la mañana, cuando el agresor, de 15 años, ingresó armado con una escopeta calibre 12/70 a la escuela y comenzó a disparar en el patio interno del establecimiento. Uno de los proyectiles mató a Ian Cabrera, de 13 años, mientras que otros dos estudiantes resultaron heridos. El arma pertenecía a su abuelo materno y fue secuestrada tras el hecho.
Luego de ser reducido por personal de la escuela y efectivos policiales, el adolescente fue trasladado inicialmente fuera de San Cristóbal de manera preventiva, ante el impacto social generado en una ciudad de poco más de 15.000 habitantes. Funcionarios provinciales señalaron que la decisión buscó evitar un posible clima de violencia o represalias.
La causa se encuentra en etapa inicial, con intervención del fuero penal juvenil. En paralelo, el Estado provincial activó dispositivos de contención psicológica y acompañamiento para la comunidad educativa, las familias afectadas y los alumnos de la escuela, mientras se avanza en el esclarecimiento integral de un episodio que no registra antecedentes de esta magnitud en la ciudad.


