Extorsiones: “Depositá la plata o lo matamos”, las amenazas desde una cárcel a la familia de un preso

Eran las 21.30 cuando Guillermo Maximiliano C. caminaba por la calle Tacuarí, en dirección hacia la avenida de Mayo, y recibió una llamada en su teléfono celular. La persona que intentaba comunicarse con él lo hacía, según le anunciaba una grabación, desde un “establecimiento penitenciario”. Apenas atendió, el interlocutor le espetó: “Hola. ¿Vos sos Maxi? ¿Sos el hermano de Federico? Lo tenemos atado de pies y manos, si no quieres [sic] que lo matemos, esta noche llevá $10.000, oro y dispositivos electrónicos [sic] a la avenida Corrientes y Carlos Pellegrini”. Así, el 7 de febrero pasado, comenzaba la extorsión desde la cárcel de Marcos Paz.

Después de cinco meses de investigación, la fiscal Mónica Cuñarro solicitó que cuatro personas sean juzgadas por su participación en la extorsión que se planeó desde la cárcel de Marcos Paz, establecimiento que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Según el expediente judicial, dos de los imputados estaban alojados en la prisión de Marcos Paz en el momento de la extorsión. Se trata de Juan Iván Aguilera Carabajal, de nacionalidad chilena, y Cristian Allegue, condenado por su presunta participación en casos de secuestros extorsivos.

Durante la llamada donde le exigieron el dinero, Guillermo Maximiliano C. pudo hablar con su hermano Federico. “Por favor Maxi, dale todo lo que dicen, me van a matar, me están apuñalando”, llegó a escuchar antes de que se cortara la comunicación. Entonces, ante el miedo de lo que podía pasar, decidió pagar.

El plan delictivo, en realidad, había comenzado unas tres horas antes. A las 18.30, Iván R. G., el cuñado de Federico C., había recibido una comunicación desde la cárcel donde el hermano de su esposa le pidió que depositara 10.000 pesos, caso contrario lo iban a matar. Y le pasó los datos de una cuenta bancaria.

Pocos minutos después, Iván R. G. volvió a recibir una llamada desde la cárcel. “¡Depositame la plata porque mato a tu cuñado! Ya sabemos dónde vivís y tengo tus datos, te espero a las 21 porque lo mato”, le espetaron.

Finalmente, ante el temor de que le pudiera hacer daño a su hermano, Guillermo Maximiliano C. decidió pagar el dinero que le exigían desde la prisión de Marcos Paz. Pero cuando iba caminando al local de comidas rápidas situado a pocos metros del Obelisco, donde lo habían citado, se cruzó con un oficial de la Policía de la Ciudad y le comentó sobre la llamada extorsiva.

La fiscal Cuñarro, por la urgencia de la situación y previo aviso al juzgado en turno, dispuso que se hiciera una entregada vigilada del dinero para que el personal de la Policía de la Ciudad pudiera actuar en el momento del pago.

Fue así que en el local de comidas rápidas indicado por el delincuente se hizo la entrega del dinero. Una joven de 26 años, mientras hablaba por teléfono, le dijo a Guillermo Maximiliano C.: “Entregame lo que te dijeron” y él le dio 10.000 pesos, una cadenita de oro y un reloj. Pocos segundos después, la muchacha era detenida y esposada.

Después de que fuera detenida la joven, Federico C. llamó a su hermano y a su cuñado. Es decir desde la cárcel seguía casi en simultáneo la situación. El recluso les rogó a sus familiares por algo que ellos no podían decidir. “Que liberen a la chica porque me van a matar”, les suplicó. A la medianoche, las víctimas de la extorsión recibieron otra llamada de una persona desconocida que llegó a comentar: “La chica no tiene nada que ver, fue a buscar la plata de favor, nada más”

Por pedido de la Justicia, personal de la Policía de la Ciudad se comunicó con las autoridades de la cárcel de Marcos Paz para que constataran el estado de salud de Federico C.. El interno dormía y su estado de salud “era perfecto”.

La joven que quedó detenida cuando recibía el dinero de la extorsión era la novia de Aguilera Carabajal. En su declaración indagatoria dijo que no sabía que las cosas que había ido a retirar eran producto de un ilícito.

También está imputada la mujer de Allegue, quién era la titular de la cuenta donde el cuñado de Federico C. debía depositar el dinero exigido. Su defensa se basó en decir que la cuenta bancaria era utilizada por los internos del pabellón donde estaba alojado su marido para juntar dinero y comprar distintas cosas como ventiladores, aparatos de TV, raquetas de tenis y consolas de juego.

La imputada aclaró que en el pabellón conviven alrededor de 50 personas, y que luego de juntar el dinero, su marido le decía qué comprar, ella lo compraba y lo llevaba al penal.

Allegue sostuvo en su declaración indagatoria que el CBU suyo y de su concubina “lo saben todos, ya que entre los 40 internos del pabellón hacen colectas para comprar cosas que necesitan” y afirmó “jamás daría una cuenta legal suya para que otro cometiera un delito”.

“Entiendo que la prueba colectada es abrumadora. Me permito concluir sin aristas que derriben tal afirmación, que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho de marras fue Aguilera Carabajal quien desde el interior de la unidad penitenciaria de Marcos Paz se comunicó con su novia para que ella llevara a cabo la concreción de la maniobra iniciada por él y por Allegue, al recibir el desprendimiento patrimonial ilegítimo obtenido de Guillermo Maximiliano C.”, afirmó Cuñarro en el pedido de elevación a juicio, al que tuvo acceso LA NACION.

Si bien la causa se elevaría a juicio con un solo hecho de extorsión, fuentes judiciales no descartan que el plan criminal haya sido exitoso en otras oportunidades, pero por temor a represalias las víctimas no hayan hecho las denuncias.

“Estamos convencidos de que hubo más casos de extorsión. Pero por temor, no se hicieron las denuncias correspondientes. Por algún motivo, la cuenta donde debía depositarse el dinero fue cerrada”, dijo a LA NACION una fuente que participó de la investigación.

Por Gabriel Di Nicola

• Servicio Penitenciario Federal (SPF)
• Justicia

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