Incautación récord de precursores químicos que se usan para fabricar droga

Este año ya fueron secuestradas más de 700 toneladas, contra el promedio anterior, de 100; el Gobierno reforzó los controles a la industria y en rutas
Daniel Gallo
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29 de agosto de 2016  

Un control de Gendarmería sobre los precursores químicos en rutas de Santa Fe
Un control de Gendarmería sobre los precursores químicos en rutas de Santa Fe Crédito: Ministerio de Seguridad

Uno de los mayores problemas que tiene la Argentina frente al narcotráfico es el desvío de precursores químicos. Pero en los primeros siete meses del año se decomisaron más de 700 toneladas de esos productos, lo que significó un importante crecimiento de las incautaciones, ya que se registraba un promedio de 100 toneladas en los últimos años.

Se trata de las sustancias que son la base de procesos de fabricación de cocaína y drogas sintéticas, pero que a la vez son necesarias para múltiples usos legales.

Informes internacionales, tanto de la ONU como de los Estados Unidos, advierten desde hace años sobre el cruce de precursores desde nuestro país hacia los grandes laboratorios narco instalados en Bolivia. El mes pasado fue descubierto, por ejemplo, el acopio de 80 toneladas de bicarbonato de sodio en Salvador Mazza, a sólo metros de la frontera. Ese químico se usa en la etapa final de la elaboración de cocaína.

El Gobierno intenta ahora poner freno al movimiento irregular de esas sustancias. Algunos decomisos fueron consecuencia de investigaciones judiciales, como esas 80 toneladas de bicarbonato de sodio, descubiertas en una causa que seguía el abastecimiento de precursores a laboratorios de cocaína instalados en Catamarca. Aunque en la mayoría de los casos se detectó la circulación de químicos con operativos especiales en rutas.

"El objetivo de los procedimientos desplegados por las fuerzas es detener el desvío de sustancias químicas que son comercializadas para la posterior producción de estupefacientes", señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esos procedimientos de control en las rutas son diseñados por la Dirección de Evaluación Técnica y Control de Precursores Químicos, que analiza los posibles caminos de esas sustancias y desarrolla a la vez inspecciones a los operadores registrados en esas zonas. Así, se concretaron el mes pasado 101 operativos de fiscalización en Santa Fe, combinados con 202 controles de camiones. En las cercanías de la localidad de General Lagos se decomisaron más de 90 toneladas de precursores químicos que se transportaban de forma irregular.

En esos operativos, coordinados por el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, se secuestraron el 12 del mes pasado cuatro cargamentos de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio y benceno. En Mendoza, los inspectores llegaron a un depósito que albergaba bidones con ácido clorhídrico, sin que los propietarios pudiesen acreditar la procedencia legítima de esos químicos.

"En estos primeros meses de gestión avanzamos en el incremento de los controles y la fiscalización de los operadores, además de agilizar el proceso de coordinación", señaló el secretario de Seguridad Interior, Eugenio Burzaco.

Cambios normativos

Esos procedimientos especiales tomaron mayor fuerza desde este año, cuando el Registro Nacional de Precursores Químicos dejó la órbita de la Sedronar y pasó al Ministerio de Seguridad, donde se estima positiva la transferencia de funciones. Con el brazo policial al alcance por coordinar la acción dentro de una misma dependencia, se piensa ahora en intensificar aún más los controles entre los operadores registrados para evitar las desviaciones hacia el canal narco.

"Planteamos tipificar como delitos los desvíos ilegales de precursores químicos y la suministración de información falsa al Registro Nacional de Precursores Químicos", comentó la ministra Bullrich, como otra forma de sumar presión a uno de los puntos centrales de la cadena del narcotráfico.

El control de los precursores químicos quedó en la agenda pública luego del escándalo de importación y exportación de efedrina que terminó con el llamado triple crimen de General Rodríguez y el hallazgo de un megalaboratorio de metanfetamina en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

Aunque el problema es más amplio que el cuidado en el movimiento de esa sustancia. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, con decomisos de 448.219 kilos en ocho procedimientos durante el primer semestre, se utiliza en el primer paso para extraer la solución que contiene cocaína a partir de humedecer hojas de coca.

Con ese método, en el que puede usarse también bicarbonato de sodio como el descubierto almacenado a metros de la frontera con Bolivia, se obtiene la pasta base.

Un dato ayudará a tomar dimensión del volumen de precursores necesitados en este paso inicial: los especialistas afirman que para extraer un kilo de pasta base de 850 kilos de hoja de coca se requieren, entre otros compuestos, 50 kilos de sustancias como el hidróxido de sodio.

No todos los químicos serían trasladados fuera del país, sino que una parte se desviaría hacia las cocinas locales que procesan la pasta base para convertirla en cocaína. Un embarque de precursores descubierto en marzo pasado terminó en el procesamiento de los implicados por infracción a la ley de drogas y una investigación que apuntó a una cocina de drogas en Rosario.

Todo empezó con un control en la ruta 3, a la altura de Cañuelas, donde se detectó el movimiento sin papeles en regla de 600 litros de acetato de etilio. Continuó en un posterior allanamiento en una finca de la localidad bonaerense de Hurlingham, donde se encontraron quince tambores con 200 litros de acetato de etilo en cada uno y otros 23 tambores con metileticetona.

En Rosario se aprobó este mes, en tanto, una ordenanza municipal para colaborar en el control de los precursores químicos a partir de la exigencia a comercios e industrias de la presentación de declaraciones juradas sobre el uso de esas sustancias. Esa información será remitida para su verificación a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico.

"Cada uno de los estamentos estatales, dentro del ámbito específico de sus competencias, debe desarrollar y aplicar todos los mecanismos pertinentes a fin de crear herramientas eficaces que permitan colaborar con la reducción de la oferta de estupefacientes", fue el argumento expuesto en el aprobado proyecto de la concejal Carola Nin.

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