Está prófugo el comisario de la Policía Federal acusado de corrupción

Hasta esta mañana, el comisario de la Policía Federal Norberto Villarreal, acusado de cobrar coimas a empresarios y comerciantes de Núñez y Saavedra a cambio de una seguridad privilegiada, se encontraba prófugo.

Desde ayer, por orden del juez de instrucción porteño Ricardo Farías, pesa sobre las espaldas del comisario Villarreal, de 49 años, un pedido de captura. La solicitud de detención había sido formulada por el fiscal José María Campagnoli el 15 de septiembre pasado. La defensa del jefe policial presentó una pedido de exención de prisión, que fue rechazado.

Villarreal no es el único policía sospechado de haber cometido hechos de corrupción en jurisdicción de la comisaría 35a. de la Policía Federal En su dictamen, Campagnoli había solicitado la detención de cuatro suboficiales: el sargento primero Adrián Otero, el cabo Alejandro Malfetano, el sargento Sergio Ríos y el suboficial escribiente Marciano Quiroga.

Ayer, detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a Otero, Quiroga y Malfetano. Además de Villarreal está prófugo Ríos, según pudo saber LA NACION de fuentes de la investigación.

El 14 de septiembre pasado, Villarreal fue cambiado de destino. Por decisión del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño pasó de la comisaría 35a. a la 52a., con jurisdicción en el barrio de Villa Lugano.

Un uniformado que trabajaba en la comisaría 35a. declaró como testigo en la fiscalía de Campagnoli. Bajo juramento de decir la verdad contó que ciertos comercios aportaban en forma periódica y sistemática grandes sumas de dinero exigidas por el comisario [por Villarreal]. Y que parte de la recaudación de la caja negra era distribuida a organismos superiores como la Circunscripción VII, la Dirección General de Comisarías y la Superintendencia de Asuntos Internos.

"El análisis conjunto de los elementos de prueba recolectados a lo largo de la instrucción llevada adelante, permite tener por corroborada la hipótesis criminal trazada por esta fiscalía y, en consecuencia, el ilegal mecanismo de recaudación dineraria [sic] desplegado por las autoridades de la comisaría 35a. de la Policía Federal [que desde enero pasado depende del gobierno porteño]", sostuvo Campagnoli en uno de sus dictámenes, a los que tuvo acceso LA NACION.

Pero, según la investigación judicial de Campagnoli y su equipo de investigadores, mientras algunos comercios y empresas tenían una seguridad privilegiada, otros sufrían robos. Situación que derivó en una carta de responsables de locales comerciales situados en la avenida Cabildo, entre García del Río y Paroissien, en escribirle una carta al comisario para pedirle mayor presencia policial.

“Esto último pone de relieve que el direccionamiento malintencionado realizado por Villarreal respecto de los recursos humanos y de capital que el Estado le confió para su administración, provoca -como contra cara- que sean los vecinos que están por fuera del sistema que él comanda, es decir, aquéllos que no realizan las erogaciones dinerarias periódicas que se pretenden, quienes sufren las consecuencias de la inseguridad. Resulta esperable en este sentido, que esta pretendida situación de desamparo actúe como una herramienta de presión sobre los ciudadanos y que, en consecuencia, éstos se vean empujados a formar parte, mediante aportes sostenidos en el tiempo, de esta cadena de recaudación”, afirmó Campagnoli en un dictamen.

No es la primera vez que Campagnoli y su equipo de colaboradores investigan la caja negra de la Policía Federal. En 2010 tuvieron un expediente similar sobre la comisaría 49a., con jurisdicción en Villa Urquiza.

Dicho expediente terminó en 2012 con una sentencia del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 6 que condenó a ocho uniformados por hechos de corrupción.

Por Gabriel Di Nicola

---

Conforme a