Investigan al policía que disparó su Taser sobre el hombre que se roció con nafta y terminó prendido fuego
Pablo O. hacía un reclamo para denuncia que no le habían pagado la indemnización y ahora está internado en grave estado
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- Pablo O. tiene 36 años y trabajaba como vigilador tercerizado en una empresa de transportes de la zona norte de esta ciudad y el viernes pasado decidió llevar su reclamo a la puerta de la empresa. Pedía que le pagaran una indemnización que, según su versión, nadie le había saldado. Para ser escuchado, recurrió a algo extremo: se roció con combustible en la garita de ingreso de la compañía y comenzó a gritar. Lo que ocurrió después quedó registrado en un video que se viralizó el jueves y que torció el curso de una investigación judicial.
Las imágenes muestran el momento preciso en que un agente de la Policía de Santa Fe le aplica una descarga con una pistola Taser. La descarga se extiende durante al menos diez segundos. Casi de inmediato, el cuerpo de Pablo O. —empapado en nafta— queda envuelto en llamas.
El hombre se arroja escaleras abajo. Dos policías que intentaron reducirlo también sufrieron quemaduras. El protagonista de la escena fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permanece internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Su estado es crítico.
Hasta la viralización del video, la causa tramitaba en la Unidad Fiscal de Homicidios Culposos, a cargo del fiscal Matías Edery, quien había avanzado con testimonios, análisis de imágenes y una pericia de Bomberos.
La aparición del registro cambió el encuadre jurídico del caso: las actuaciones serán derivadas a la Unidad de Violencia Institucional, que analizará si existió un mal uso del arma y determinará las responsabilidades del agente —cuya identidad no fue revelada—. Fuentes de la Fiscalía adelantaron que la conducta podría encuadrar, como mínimo, en negligencia en el uso de un arma de baja letalidad.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, admitió que el protocolo de uso de la Taser es explícito al respecto: no se recomienda accionarla sobre una persona que tenga su cuerpo impregnado con material inflamable.
“Es posible que haya sido por el uso de la Taser, pero también está la posibilidad de que no haya sido por eso y sí por otros factores”, declaró el funcionario, aunque fue enfático en que el hecho “constituye un factor que prende una luz amarilla sobre el uso” del arma.
El Estado cuenta con elementos técnicos para reconstruir lo sucedido: la filmación de la bodycam del policía que accionó el dispositivo y el registro digital del amperaje descargado segundo a segundo, que es almacenado automáticamente por el arma. Esas pruebas, junto con la pericia de Bomberos y las declaraciones testimoniales, estarán a disposición del fiscal que asuma la investigación en Violencia Institucional.
Cococcioni también precisó cómo fue el proceso de capacitación. Cuatro instructores de la fuerza santafesina viajaron a Buenos Aires para formarse y obtener la certificación necesaria para replicar la instrucción en la provincia. Solo los efectivos que recibieron las armas fueron habilitados para portarlas; no todos los policías de Santa Fe. Desde el ministerio indicaron que se audita continuamente cada uso del dispositivo para detectar posibles fallas en la formación.
La Taser llegó a Santa Fe después de un debate que se había extendido durante años. En septiembre de 2025, el gobierno de Maximiliano Pullaro concretó la incorporación de las armas de baja letalidad en lo que presentó como uno de los hitos de su política de seguridad. La inversión fue de 1.900 millones de pesos y contempló la compra de 100 pistolas Taser modelo T7, 100 lanzadoras Byrna —que disparan proyectiles con sustancias irritantes—, 200 cámaras corporales y 600 cartuchos adicionales. El proceso había comenzado con una licitación lanzada en marzo de ese año.
Las primeras 28 unidades fueron entregadas el 10 de septiembre de 2025. Días después, Rosario recibió una primera tanda, completando una prueba piloto distribuida en puntos estratégicos en las dos ciudades más grandes de la provincia. El propio Pullaro y el ministro Cococcioni se sometieron a una descarga ante las cámaras para mostrar confianza en el arma. “Fui inmovilizado durante cinco segundos”, describió el ministro.
Hasta el caso de Pablo O., la Policía de Santa Fe había utilizado la Taser en cuatro ocasiones con resultados que las autoridades calificaban como exitosos.
El primer episodio fue el 28 de septiembre de 2025, cuando una suboficial accionó el dispositivo para reducir a una mujer que la agredía durante un operativo por violencia de género en el barrio Puente Gallego. Le siguieron otras dos intervenciones en Rosario —una con un hombre que se había autolesionado y otra en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus— y una más en Villa Gobernador Gálvez. A fines de 2025, el ministerio ya evaluaba una segunda compra para ampliar el equipamiento en 2026.
Mientras Santa Fe implementaba su programa, la discusión sobre las Taser seguía abierta en el resto del país. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri había comenzado a desplegarlas en julio de 2023, con las primeras 60 unidades para cerca de 250 operadores capacitados. En octubre de 2024 amplió su uso al subte porteño, donde las estaciones de mayor tránsito comenzaron a contar con efectivos equipados con los dispositivos. La Policía de la Ciudad llegó a acumular 90 pistolas en servicio activo, con planes de llegar a 200 antes de fin de año.
La provincia de Buenos Aires, en cambio, fue el escenario del debate más encendido. El gobernador Axel Kicillof resistió la presión de una oposición que reunió a los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR para impulsar un proyecto de ley que habilitara las Taser para la Policía Bonaerense. El argumento del oficialismo provincial giraba en torno a los riesgos de un uso abusivo por parte de las fuerzas de seguridad. La paradoja es que el propio Sergio Berni, cuando era ministro de Seguridad de Kicillof, había defendido la incorporación del arma argumentando que muchos policías terminaban imputados por usar el arma reglamentaria en situaciones que podrían haberse resuelto con una alternativa de menor letalidad.
A nivel nacional, el recorrido había sido sinuoso. Patricia Bullrich adquirió las primeras Taser durante la presidencia de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández frenó el proceso. La gestión de Milei retomó las compras, con Bullrich nuevamente al frente de la cartera nacional, y la Policía Federal comenzó a usar los dispositivos en estaciones de tren y terminales de ómnibus a partir de octubre de 2024.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario había advertido, antes del despliegue local, que las Taser son “un instrumento de tortura debido al gran dolor que provoca”, y señaló que en algunos casos pueden llegar a producir la muerte. Esa voz de alarma, entonces ignorada por el oficialismo santafesino, cobra ahora una resonancia diferente a la luz de las quemaduras de un vigilador que reclamaba el pago de un sueldo.
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