Itatí: quedaron libres los políticos que fueron parte de una red narco

Roger Natividad Terán tiene una pena en suspenso
Roger Natividad Terán tiene una pena en suspenso Fuente: Archivo
Dos exjefes comunales aceptaron su responsabilidad en juicios abreviados y recibieron penas de tres años
Germán de los Santos
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20 de diciembre de 2019  

ROSARIO.- El entramado narco que se tejió en Itatí a lo largo de los años se sustentó no sólo en las ventajas geográficas de tener frente al río Paraná al mayor productor de marihuana de Sudamérica, como es Paraguay, sino también en la solidez de las complicidades que abarcaban desde la justicia federal, al poder político, y a los miembros de todas las fuerzas de seguridad, federales y provinciales.

Esa red de protección se rompió con una de las investigaciones judiciales sobre narcotráfico más grandes de la historia, que tiene a 116 personas imputadas, de las cuales 79 ya fueron condenadas este año, entre ellas 36 a través de acuerdos de juicio abreviado. Se espera que el resto reciba una sentencia el año próximo.

Los funcionarios que conformaban la pata política de esa complicidad lograron salir todos en libertad después de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado y cumplir más de dos tercios de la condena, como ocurrió con el intendente de Itatí Natividad "Roger" Terán, y el viceintendente Fabio Aquino, quienes quedaron libres en setiembre pasado. Ayer fue el caso del exjefe comunal de Empedrado Juan Manuel Faraone, que acordó una pena de tres años por asociación ilícita.

Faraone, que festejó haber quedado en libertad tras ser detenido el 19 de octubre de 2018 en Corrientes, está involucrado en otra causa -que se encuentra en etapa de juicio- por cohecho en la que están imputados el abogado Omar Serial, el narco Carlos Bareiro, alias Cachito, Pablo Torres y Federico Marín, alias Morenita.

Las penas bajas que acordaron los responsables políticos de esa zona de tráfico de drogas, como también parte de sus familiares, se debió -según señalaron fuentes de la Justicia Federal- a la complejidad de la investigación que en una primera parte estuvo a cargo del exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila. La falta de pruebas, en muchos casos, según interpretaron las fuentes, responde a que este magistrado, que está procesado con detención domiciliaria por ser parte del sistema de complicidad junto a sus dos secretarios en el juzgado, está acusado de cobrar sobornos a cambio de dar beneficios judiciales a los miembros y familiares de este clan narco que dominaba el tráfico de marihuana desde Itatí a por lo menos siete provincias.

Una causa desinflada

Las altas expectativas que se crearon cuando cayeron estos aliados políticos de los narcos en marzo de 2017 se desinflaron con las bajas condenas que acordaron luego en los juicios a los que por ejemplo, Faraone, Terán y Aquino llegaron detenidos, pero quedaron en libertad tras acordar las condenas, de tres años para los dos primeros y tres años y ocho meses para el segundo.

La hija del exintendente de Itatí Mariela Terán y su expareja Ricardo Piris también acordaron sus condenas, pero fueron más severas. La mujer, que está con detención domiciliaria y podría quedar en libertad los próximos días, recibió una pena de cuatro años y Piris fue sentenciado a ocho años y seis meses debido a que se unificó esa fallo con otra condena.

Ambos admitieron ser responsables del traslado de 326 paquetes de marihuana en un vehículo Volkswagen New Beetle, que el 25 de octubre de 2014 fue encontrado en un camino rural de Itatí. En cambio, la hija del exintendente de Empedrado Agustina Sigel, quien es gendarme, fue absuelta junto Cristian Puyol. Sigel fue procesada por ocultar al líder de la banda Federico Marín -quien fue condenado a 12 años de prisión tras acordar un juicio abreviado-, tras un enfrentamiento con sus propios compañeros de la fuerza en octubre de 2016, en la capital correntina. Su voz aparecía en escuchas telefónicas que estaban dentro de 4000 CD que nunca investigó Soto Dávila.

A la par de los parientes de los dirigentes políticos, ayer fueron condenados, también en juicios abreviados Hugo Gallardo, Nelson Báez, Alejandro Aguirre y Julio Acosta. Recibieron penas de hasta cinco años de prisión.

Megacausa en marcha

Ese es otro de los 36 expedientes que se unificaron en la megacausa del juzgado federal N°12 en la que estos cuatro hombres fueron detenidos cuando transportaban 2692 kilos de marihuana en un camión que fue interceptado en la ruta 12 en Corrientes por Gendarmería en 2017. Fueron 13 los juicios abreviados que se cerraron ayer. Hay otros 12 miembros de la organización que están siendo juzgados -las audiencias se reanudarán el 4 de febrero-, mientras que 12 imputados esperan el debate oral, entre los que se encuentra Hernán Aquino, hermano del viceintendente de Itatí.

Hay nueve personas que están imputadas en causas que se encuentran en etapa instrucción y tres con pedido de captura.

Entre los que están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal N°3 se encuentra Carlos Bareiro, alias Cachito, uno de los líderes de esta organización, junto con Marín y Carlos Saucedo, este último detenido en Paraguay en setiembre pasado y también se encuentra a la espera del juicio.

Bareiro rechazó firmar un acuerdo de juicio abreviado y prefirió, junto con otros 11 acusados, participar del juicio oral. Está preso desde 2016 por otra causa y desde la cárcel de Resistencia se detectó que seguía manejando el abastecimiento de marihuana a distintas ciudades como Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.

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