La investigación de la presunta coima al expresidente de San Lorenzo seguirá en la Justicia porteña
Lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad; se trata de una “transferencia de hecho” de competencias penales por fuera de la metodología de acuerdos entre Nación y Ciudad
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LA NACION
La semana pasada, el ahora expresidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, fue procesado por la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del club de Boedo. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, presidido por la jueza Inés Weinberg, decidió que la investigación debe continuar en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
El conflicto de competencia se planteó entre el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño N°4 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27. El fallo del TSJ fue por unanimidad.
“La mayoría de los jueces del TSJ se remitió a los argumentos expresados por el Fiscal General [Juan Bautista Mahiques], que sostuvo que los procesos tenían un mismo objeto procesal, y que, además, en el fuero local se estaba investigando otro asunto vinculado que había sido iniciado antes que la causa ante la Justicia nacional, lo que configuraba una situación ineludible de comunidad probatoria. En ese sentido, el máximo tribunal porteño consideró que la totalidad de los hechos debían ser abordados en el mismo ámbito, y que el fuero local era el competente por haber sido quien intervino en primer lugar y haber desarrollado una extensa actividad probatoria”, se informó en un comunicado de prensa.
“En la presente contienda positiva de competencia corresponde que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad quien continúe entendiendo, ello de conformidad con los argumentos señalados por el Fiscal General. La calificación legal que en definitiva pueda recibir el hecho investigado no obsta a lo afirmado precedentemente. En efecto, de acuerdo con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Bazán”, Fallos: 342:509; “Nisman”, Fallos: 339:1342 y “Corrales”, Fallos: 338:1517) los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias penales ordinarias (no federales), mientras que la Justicia nacional solo de manera transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido transferidas", opinó la jueza Weinberg.
“Estos ‘órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esa ciudad’ de distinta naturaleza (unos nacionales, otros locales) tienen potencialmente la misma competencia, pero coyunturalmente esta se halla dividida en función de los convenios vigentes de transferencias. Razones de mejor y más eficiente administración de justicia exigen evitar que, una vez que este Tribunal determine quién debe conocer en la causa, se susciten nuevos conflictos basados en la división de competencias derivada de los convenios de transferencia progresiva de delitos. Esta regla rige tanto para los jueces locales respecto de los delitos aún no transferidos, como para los jueces nacionales con relación a los ya transferidos”, concluyó.
La resolución del TSJ porteño significa una transferencia de hecho de competencias penales a la Ciudad por fuera de la metodología de acuerdos entre Nación y CABA, como se hicieron históricamente tras la reforma constitucional que le dio autonomía a la Ciudad y la habilitó para tener, como cualquier otra provincia, su propio poder judicial.
“Esta defensa desde un primer momento afirmó que la competencia correspondía a la Justicia porteña. Resultaba un atropello y un mamarracho jurídico lo que venía haciendo la jurisdicción nacional, que era avanzar sobre una doble persecución penal a pesar de que la cuestión de la competencia estaba en trámite. Esta resolución le agrega racionalidad y orden al proceso. Va a permitir que Moretti ejerza su defensa debidamente. No lo percibo como una victoria por los planteos de competencia que presentamos, sino como el resultado lógico del análisis aplicable al caso”, dijo a LA NACION el abogado Gastón Marano, defensor del imputado.
La semana pasada, la jueza nacional en lo criminal y correccional Laura Bruniard, en consonancia con el dictamen de la fiscal Mónica Cuñarro, encontró al por entonces presidente de San Lorenzo de Almagro [ayer, tras la acefalía, la asamblea de representes eligió como titular del club a Sergio Costantino] autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal. Le mantuvo la libertad ambulatoria, pero le prohibió la salida del país y le trabó un embargo sobre su dinero o bienes por $38.778.145, suma que, al cambio actual, cubre los 25.000 dólares que habría cobrado para fichar en las inferiores del club al hijo de una empresaria de medios de La Plata. Una cámara oculta lo grabó guardándose uno de los fajos en el bolsillo interno de su saco.
En su resolución, la jueza Bruniard consideró que Moretti “en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación Civil ‘Club Atlético San Lorenzo de Almagro’, abusando y aprovechándose de la posición de confianza institucional derivada de su calidad de máxima autoridad del club, en contravención de los fines que legal y estatutariamente le habían sido encomendados, tales como la promoción del mérito deportivo, la correcta administración de los recursos sociales y financieros, como la transparencia en las decisiones de gestión, exigió a María José Scottini distintas sumas de dinero a cambio de habilitar irregularmente al hijo de la nombrada (Juan Simón Coronel) a participar del torneo de fútbol organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, desviando los valores en beneficio propio, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la institución”.
Señaló que entre febrero y junio de 2024, Moretti y Scottini tuvieron dos reuniones en la sede del club, en las que la directiva del Diario Hoy, de La Plata, y exfuncionaria municipal durante la intendencia de Pablo Bruera y Julio Garro, recibió primero 20.000 dólares y luego 5000 dólares.
Aunque, una vez estallado el escándalo, ambos quisieron justificar el pasamanos de billetes como “una donación” de la empresaria para el club, lo cierto es que la contabilidad de San Lorenzo no tiene ningún registro de la entrada de ese dinero a sus arcas. Para la Justicia, esos 25.000 dólares fueron la suma exigida por Moretti para fichar al hijo de Scottini en la cantera azulgrana.
Así lo calificó Bruniard: “Con dicho accionar otorgó una aplicación distinta −y funcionalmente desviada− a los intereses del club, ocasionando un perjuicio institucional y patrimonial concreto, tanto por la decisión irregular adoptada como por la apropiación indebida de fondos de terceros en el marco de su función como máxima autoridad del club”.
La inscripción de Juan Simón Coronel ante la Asociación del Fútbol Argentino se concretó el 24 de julio de 2024. No jugó nunca. Las pruebas incorporadas incluyen videos y audios difundidos por TLN Denuncia, de Canal 9, aportados en crudo por el periodista Tomás Méndez, conductor de aquel programa televisivo.
Se trataba de videos grabados con una cámara oculta (se sabría luego que lo hizo Alex Rojas, el chofer de la empresaria con unos anteojos especiales) en los que se veía a Moretti recibir dinero, al tiempo que se escuchaba que Scottini le decía: “Yo te pido que me lo fiches”.
La empresaria lo había conocido en el palco oficial de San Lorenzo; allí llegó junto a su pareja de entonces, Edgardo Lemos, que había sido parte del equipo de campaña que llevó Moretti a la presidencia del Ciclón.
En el encuentro grabado subrepticiamente también estuvo Francisco Sánchez Gamino (ladero de Moretti y director de Estudios para el Desarrollo Nacional de la Jefatura de Gabinete nacional, echado al estallar este escándalo).
En uno de los audios de la cámara oculta, el imputado mencionó cifras y condiciones, refiriéndose a “veinticinco o treinta” mil dólares y a la necesidad de “hacer una ayuda” para justificar la operatoria.
Scottini declaró bajo juramento que entregó el dinero en concepto de donación para el fútbol juvenil de San Lorenzo, como que consuman proteínas y se mejoren el césped y los vestuarios. Admitió que no había recibido documento alguno contra entrega del dinero. “Moretti me dijo que me tendría que haber entregado un recibo de Tesorería, pero nunca lo hizo”, se justificó.
También intentó explicar que aquello de “te pido que me lo fiches” −en el audio tomado como prueba se la escucha exigir “Yo te pongo los veinticinco, pero al chico fichámelo”− lo había dicho “de tarada, de cholula, como si tuviese un hijo que estudia abogacía y les digo que lo dejen que trabaje”.
Tres empleados del área de tesorería y el tesorero del club, Leandro Goroyeski, afirmaron que no ingresó al club ninguna donación atribuible a Scottini en el sistema contable “Bejerman”, requisito obligatorio para registrar aportes. El auditor externo, Martín Santiago Ghiardotti, ratificó que en el balance del ejercicio económico 2023-2024 tampoco figura ningún ingreso relacionado con la nombrada; detalló las únicas cuatro donaciones registradas, ninguna de las cuales está vinculada con los hechos investigados en esta causa, sino que tenían como destino el pago de sueldos de profesores de la institución.
En los audios grabados de forma discreta a los protagonistas de la historia se escuchan frases reveladoras. En una se le escucha decir a Scottini de Moretti: “le voy a decir ‘tomá, esto es lo que te debía’. Sabés cómo se los mete adentro del traje otra vez”. Se refería a los 5000 dólares que completaron el pago de los 20.000 anteriores. En otra conversación remató: “Me causó gracia cómo manoteó la plata y se la metió adentro del traje. Vos viste la desesperación? No, no, fue muy mundial eso”.
En otros audios atribuidos a Sánchez Gamino se interpreta que Moretti fue el que le pidió “las veinticinco lucas” y que “la idea siempre fue que lo podamos meter a Simón [Coronel, el hijo de Scottini] y que nuestra ganancia sea el departamento […] que vayan saliendo otros negocios”.
De oficio
La investigación había comenzado en la Justicia porteña porque, tras la difusión de la cámara oculta presentada en Canal 9, desde la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°8, especializada en Eventos Masivos y conducida por el fiscal Maximiliano Vence, había abierto una expediente de oficio.
En cambio, la fiscal Cuñarro y la jueza Bruniard tomaron intervención después de una denuncia presentada por el dirigente opositor César Francis.
La decisión del TSJ porteño no fue bien recibida en el Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional, donde sostienen que el delito de administración fraudulenta no fue de los traspasados a la Justicia de la Ciudad.
“Entonces ahora, ¿podrían tener incumbencia en delitos como homicidios o narcotráfico?“, se preguntó una funcionaria con una ampliar experiencia en la materia.
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